Un jurado popular para la esposa del presidente

PEDRO Sánchez y su familia, sus colaboradores y la mayoría de las personas que forman parte del sanchismo, han recibido con indignación la decisión del juez Peinado de abrir la puerta a que Begoña Gómez pueda ser juzgada por un tribunal popular.

Demuestran una vez más con esa actitud de rechazo que no se conforman con ninguna iniciativa tomada en el ámbito judicial que investiga los casos de presunta corrupción tomadas desde que, en la primavera de 2021, Pedro Sánchez cesara a su mano derecha y hombre de confianza , José Luis Ábalos, como ministro de Fomento.

Las investigaciones, que impregnan la vida política española y la han convulsionado hasta límites nunca conocidos hasta ahora, en algunos casos llevaban hacia diferentes círculos gubernamentales, hasta el punto de alcanzar a personas destacadas del PSOE y del propio Ejecutivo. Y lo que es más grave, a la propia familia del presidente, con su esposa y su hermanos imputados. En el camino, ha sido imputado también el fiscal general del Estado, provocando una situación que ha causado escándalo dentro y fuera de España y ha soliviantado a la mayoría de los miembros de la Fiscalía, que se encuentran ante una situación indeseable y anómala: el fiscal general del Estado va a ser juzgado por personas que son subordinados, los fiscales que formen parte del tribunal.

“No hay caso”

Desde que se produjeron los primeros procedimientos que tenían como objetivo investigar la presunta corrupción que impregnaba un sector del partido socialista, desde el Gobierno, desde el partido y desde la terminales mediáticas del PSOE se puso todo el empeño en descalificar el trabajo profesional de los jueces instructores y fiscales, y se indagó incluso en sus relaciones personales para tratar de encontrar motivos de recusación; se produjeron declaraciones para desautorizar o levantar sospechas sobre el trabajo de la Guardia Civil, la UCO, hasta el punto de que desde la secretaría de organización socialista se utilizó a una persona próxima a Santos Cerdán para que, haciéndose pasar por periodista, indagara en la Guardia Civil y tratara de buscar pruebas con las que acusar a mandos de la UCO de actuaciones irregulares. Un intento de echar abajo los procedimientos abiertos contra personas afines al Gobierno.

El sanchismo puso todo su empeño en dudar de la limpieza profesional de los jueces encargados de las investigaciones, fundamentalmente del juez Peinado y de la jueza Beatriz Biedma, que instruyen las causas abiertas a Begoña Gómez y al hermano de Pedro Sánchez.

De nada sirvieron que distintas imputaciones a dirigentes del PSOE y a familiares del presidente fueran avaladas por audiencias provinciales, regionales, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Miembros del Gobierno –del que forman parte varios jueces– y del partido se han negado a asumir esas decisiones judiciales y mantenían sus descalificaciones a quienes las tomaban, con el propio presidente demostrando su escaso respeto a jueces y fiscales cuando insistía en que sus familiares y el fiscal general eran inocentes de los delitos que se les imputaban.

La última manifestación en ese sentido la realizó Pedro Sánchez esta semana cuando, de viaje en Nueva York para participar en actos relacionados con la Asamblea General de la ONU, se enteró de que el juez Peinado promovía que su esposa pudiera ser juzgada por un jurado popular. Su frase reiterando su inocencia fue contundente. Durante meses, él mismo y los ministros que recibían el argumentario que debían seguir a rajatabla, decían que eran víctimas de bulos y del fango y que “no había caso” o “no había casos” de corrupción. Con palabras idénticas.

Su actitud, continuada durante los últimos años en todos y cada uno de los nuevos casos que se iban conociendo, fue siempre lo mismo: negar el delito y descalificar a quienes lo investigaban.

¿Tribunal o jurado?

La ley del jurado popular la promovió el Gobierno de Felipe González en 1995, ley orgánica que recogía aspectos que es necesario conocer estos días. Textualmente indica que los miembros de ese jurado deben ser ciudadanos españoles mayores de edad, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos jurídicos, saber leer y escribir, ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiera cometido y contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado.

Las personas con discapacidad no podrán ser excluidas, aunque las circunstancias serán evaluadas por los profesionales, y la administración de justicia les facilitará los apoyos precisos para desempeñar su función.

Los casos en los que podrá intervenir un jurado popular, según la ley orgánica, serán el homicidio, las amenazas, la omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos e infidelidad en la custodia de presos.

El jurado popular estará compuesto por nueve miembros y dos suplentes, y presidido por un juez magistrado. Al jurado corresponde dictar veredicto y el presidente será quien aplique ese veredicto con el criterio que marcan las leyes.

Desde la entrada en vigor de la ley las cifras sobre los jurados populares son cambiantes en función de los años, pero en líneas generales han sido escasos los juicios celebrados con esta fórmula. En 2024 se produjeron 453 sentencias, de las que el 93% fueron condenatorias.

Cuando se promulgó la ley orgánica, que provocó un importante debate social y profesional, esta periodista y la también periodista Julia Navarro dirigieron y presentaron en TVE un programa, Centros de poder, que incluía entrevistas con los presidentes de las instituciones del Estado, que describían con lenguaje sencillo sus funciones y mostraban a cámara la sede desde la que trabajaban junto a sus equipos.

Pascual Sala, presidente del Tribunal Supremo en ese momento de debate profundo sobre la ley del jurado, cuando le preguntamos si en caso de ser juzgado por un presunto delito prefería serlo por un tribunal o por un jurado popular, respondió inmediatamente: “Si fuera culpable, por un jurado popular; si inocente, por un tribunal”. Frase que se ha repetido permanentemente cada vez que se ha debatido sobre la efectividad de los tribunales populares.

En el caso que ahora nos ocupa hay un ingrediente subliminal que tensa las polémicas: es evidente que el concepto tribunal popular tiene unas connotaciones negativas para aquellos a los que se aplica. La literatura, las películas y las series abundan en la idea de que los tribunales populares intervienen en delitos comunes. Delitos que –siempre subliminalmente– se identifican más con casos de delincuencia de “más baja estofa” que, por ejemplo, los delitos de corrupción, tanto política como económica.

Es fácil concluir que a Begoña Gómez y Pedro Sánchez ese aspecto les duele especialmente. Aunque, por supuesto, saben los dos que lo grave es que Begoña Gómez sea una presunta delincuente a la que le piden condenas de prisión. Y hasta es probable que, si conocen las declaraciones de Pascual Sala, estén dándole vueltas a si le favorece o perjudica que la juzgue un jurado popular frente a un tribunal de jueces y fiscales.