La crisis de los cribados

Un mes después de que la Junta admitiera la existencia de afectadas, a las que no se informó de que sus pruebas de cribado de cáncer no eran concluyentes, aún se desconoce cuál fue el error o la cadena de fallos que condujeron a ese indeseable escenario. Es el principal reproche que se le puede formular a la Consejería de Salud: la falta de transparencia. Si fue una decisión de los responsables del Servicio del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se concentra el 90% de los casos, en la creencia de que las comunicaciones se iban a informatizar, por qué se repitió la anomalía en otros centros sanitarios de la comunidad. Y mientras no se aclaren las circunstancias las dudas permanecerán. El Gobierno andaluz, noqueado en primera instancia por el alcance de esta crisis, sí ha tomado, sobre todo en las últimas semanas, el camino correcto. Primero con la asunción de las responsabilidades políticas con la dimisión de la consejera Rocío Hernández. Con la acotación precisa del número de afectadas y el reconocimiento del papel de la asociación Amama. Con el anuncio de planes para que todas las mujeres se sometan con celeridad a nuevas pruebas y con la revisión de los protocolos para que no pueda repetirse una anomalía similar. El sistema de prevención en la sanidad pública andaluza resulta imprescindible para asegurar su viabilidad. Los usuarios no pueden sentir desconfianza cuando se les pida la colaboración. Es lógico que los grupos de la oposición pretendan sacar rédito de la primera grieta importante que se aprecia en la gestión del presidente Juanma Moreno. Pero mantener la tensión actual hasta que lleguen las urnas sería irresponsable. Los andaluces tendrán la oportunidad de pronunciarse en su momento. Pero la sanidad pública no puede emplearse como un juego político, incluso con teorías conspiranoicas y absurdas. Porque día a día demuestra, incluso con sus carencias, que supone una firme garantía para los andaluces.