El intercambio de ideas en la opinión pública atraviesa un mal momento. De la deliberación racional que algunos filósofos soñaron ha degenerado en irritante confrontación de eslóganes. No hay asunto vital que no atraviese parecido proceso de descomposición: los temas se convierten en colección de estereotipos que sirven de arma arrojadiza para el maniqueo antagonismo partidista. El desagradable ruido de la polarización toma el puesto del diálogo y la legítima confrontación de ideas se reduce a pugna de proclamas irreconciliables.
Semejante panorama resulta inseparable de la devaluación comunicativa provocada por las redes sociales. La situación no es ajena al mundo universitario. El que se supone centro de la producción del saber para su posterior socialización puede revelarse cómplice. Sus integrantes ponen a veces su credibilidad al servicio del poder y no de la ciencia. Otras se encierran en su torre de marfil y pretenden dar la espalda al mundo al que pertenecen.
Pero los problemas de ese mundo le interpelan. La responsabilidad del universitario no radica en poner su capacidad y conocimiento al servicio solo de su propia promoción, sino también de la comunidad que le permite disfrutar del privilegio de la profesión intelectual. Esta regla debe aplicarse de modo especial al jurista. Los desafíos para la cohesión de una sociedad se hallan siempre conectados a las reglas que rigen su convivencia. No existe tensión actual que no se encuentre atravesada por la clave jurídica: del acceso a la vivienda a la violencia machista, del deterioro de los servicios públicos al enrarecimiento de la opinión pública, en todos los casos, parte de la solución descansa en formulaciones que el jurista domina a nivel de técnica y principios.
Conscientes de estas implicaciones del derecho, hubo una vez algunos profesores excelentes que se lanzaron a la tarea de socializar su saber. Llamaron a esta empresa “extensión universitaria”, pertenecían a la Institución Libre de Enseñanza, cultivaban ciencias jurídicas e impulsaron numerosos avances en nuestro país. Sin la conversación que entablaron con colectivos ajenos al mundo académico, pero protagonistas de la vida civil, tales frutos no habrían sido posibles.
En esa estela, la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla querría abrirse a la ciudad que la aloja, invitar a sus vecinos más despiertos a debatir sobre lo que a todos interesa y al derecho concierne. No quiere vivir de espaldas a su entorno ciudadano, desea poner a su disposición el saber que en ella se cultiva y conocer las demandas e inquietudes de sus núcleos más activos. Esta iniciativa, que lleva por nombre Debates por Derecho, dará comienzo abordando la cuestión de la justicia: ¿qué modelo de juez queremos?, ¿cómo garantizar su imparcialidad?, preguntas que a todos preocupan y que pueden debatirse desde la reflexión sosegada. Para abordarlas juntos, la Facultad abrirá las puertas de su Salón de Actos el próximo jueves 20 de noviembre, a las 18:00. Quedan ustedes invitados a asistir.
