El Consejo de Participación alerta: "Si se lleva a cabo este deslinde, Doñana cambiará”

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Enrique Mateos, espera que el Gobierno central modifique la norma del deslinde de los bienes de dominio marítimo-terrestre de la marisma y que “se imponga el sentido común”, teniendo en cuenta lo que significa Doñana. Mateos avisó ayer: “Si se lleva a cabo este deslinde, Doñana cambiará”. El presidente del órgano de participación se refirió a los cambios en el ecosistema que se pueden producir si la orden ministerial se ejecuta con los términos actuales.

La polémica no es nueva. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el 10 de octubre una orden que da curso al deslinde de 118.772 metros cuadrados de marisma insertos en Hinojos y Almonte (Huelva) y en Aznalcázar (Sevilla), una medida –defiende el Ejecutivo– establecida en la legislación de costas y que la Administración tiene la “obligación de aplicar en toda España”. “Sería ilegal contemplar excepciones para territorios específicos o para interesados concretos”, explica el Ejecutivo en una respuesta escrita a una cuestión planteada en el Congreso por Sumar.

Aunque el deslinde es efectivamente “obligatorio”, reconoce Mateos en unas declaraciones recogidas ayer por Efe, “ha de hacerse con unos criterios diferentes” a los llevados a cabo por el ministerio, alegando falta de “conocimiento real” de la ecología y de la historia de Doñana”.

El presidente del Consejo de Participación confía en la rectificación de la orden ministerial en vigor, que se imponga el “sentido común” y que, de lo contrario, ve razonable que la Junta de Andalucía acuda a la Justicia para resolver el litigio.

La defensa del Gobierno central a los términos de la medida

El Ejecutivo defiende el deslinde en la citada respuesta parlamentaria, argumentando que las medidas incluidas en la orden "no implican un cambio" de la marisma de Doñana. Lo que marca la normativa de costas, sostiene, es que "forman parte del dominio público marítimo-terrestre los terrenos naturalmente inundables cuya inundación por efecto de las mareas haya sido impedida por medios artificiales".

Aunque técnico, la controversia puede tener consecuencias de efectos irreversibles. Es la preocupación de entidades como el colectivo ecologista WWF, cuyo coordinador de la Oficina de Doñana, Juanjo Carmona, señala que el problema no es, naturalmente, el deslinde en sí mismo sino el “error” a la hora de distinguir entre los elementos que son artificiales y que son naturales en el espacio natural. Para WWF, el ministerio ha ignorado la “literatura científica” y los “propios documentos administrativos” disponibles a la hora de diferenciar ambos y la consecuente ordenación aprobada para el deslinde.

El Ejecutivo ha señalado al Consejo de Participación de Doñana, cuyos miembros, cada uno de ellos, "han tenido la oportunidad de participar" en la redacción de la norma que es ahora objeto de la polémica a lo largo de los dos años que ha estado tramitándose y que "así lo han hecho". Entre los miembros de el organismo de participación de Doñana hay representantes de las administraciones estatal, autonómico, provincial y local, investigadores, colectivos ecologistas, consumidores, organizaciones agrarias, cazadores y la Hermandad Matriz del Rocío.

Mateos, presidente de este organismo, pidió insistentemente al ministerio a que modifique el texto normativo y llegó a avisar de que "históricamente" los "grandes proyectos" que se han intentado llevar a cabo en Doñana con la oposición de la "opinión del Consejo de Participación han decaído".