El Gobierno cerrará el grifo de la financiación barata a las autonomías

El Gobierno central cerrará el grifo de la financiación barata a las comunidades autónomas al tiempo que aprueba la ley de condonación que permitiría a comunidades, como Andalucía, reducir la deuda a la mitad. El Gobierno de Juanma Moreno resiste, se siente capacitado para rechazar esta condonación y buscar deuda en el sector privado, pero está por ver que el resto de autonomías mantenga la firmeza. Es más, sin esos mecanismos financieros es casi imposible que territorios como la Comunidad Valenciana aguante.

Hay tiempo, la ley no ha hecho más que iniciar su andadura en el Congreso y, después, llegará el momento crítico de las elecciones andaluzas. Antes de ello, Moreno no va a cambiar el discurso. Y María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, tampoco, pero la manzana que ofrece es tan deliciosa como perversa, aceptarla supondría para el PP darle un argumento a Pedro Sánchez para proseguir con su agenda catalana.

El texto que ha entrado en el Congreso especifica que el fondo de Facilidad Financiera, del que se nutre básicamente la Junta, se extinguirá en 2029. Y el siguiente, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que acuden las comunidades en peor situación de deuda, transforma su precio, de tal modo que su interés nunca será más bajo del que obtienen las otras autonomías en los mercados financieros. Será un fondo de "último recurso". Más allá del origen de la propuesta de condonación, que es de ERC y la que ha envenenado el asunto, el Gobierno tenía que poner fin a estos mecanismos para que las comunidades volvieran a la realidad de sus cuentas con el regreso a los mercados financieros. De hecho, fue el ministro de Hacienda que ideó el sistema, Cristóbal Montoro, quien advirtió que esto sería coyuntural.

Treta, manzana podrida, pago a los independentistas catalanes, precio para mantener a Pedro Sánchez... Los presidentes autonómicos del PP se han coordinado esta semana bajo la batuta de Juan Bravo, responsable económico de Génova. Se han conjurado para rechazar la quita de deuda de 83.252 millones de euros que les ofrece el Gobierno de Sánchez. Hasta ahora Bravo, también ex consejero de Hacienda de la Junta, ha conseguido alinear, incluso, a los más desesperados, como el gobierno valenciano, al que la deuda se lo está comiendo, o a los menos convencidos, como el de La Rioja. Más allá de todos los argumentos económicos -algunos, ciertamente, estrambóticos como que es mejor tener deuda a carecer de ella- el que realmente pesa es el político: el PP no se va a sumar a una iniciativa que proviene de ERC y que corre paralela, aunque no vinculada, al nuevo modelo de financiación singular de Cataluña.

Pero los números pesan, y bastante. Y es posible que ahora no, pero dentro de varios meses esta posición férrea puede erosionarse. Es probable que las comunidades con mayores problemas se vayan apuntando porque la aprobación de la condonación también significará que el Gobierno central cerrará el grifo de los nuevos préstamos.

Si Valencia no puede acudir a los mercados financieros porque su deuda es excesiva y el FLA se acaba, ¿va a rechazar una quita de 11.250 millones de euros? Y si Valencia se apunta, y Cataluña ya lo habrá hecho, ¿el resto va a competir en los mercados en una situación, claramente, desfavorable respecto a las otras?

El Gobierno contempla ese escenario. Una fuente del Ejecutivo se muestra muy confiada de que, al final, todas acudirán al mecanismo, no antes de las elecciones andaluzas, pero sí después. Eso le daría el argumento que busca para contrapesar el relato de que todo lo que se propone desde Cataluña es pernicioso para el conjunto.

La mayor parte de la deuda que arrastran las comunidades, el 100% en el caso de Andalucía, se debe al sobreesfuerzo que tuvieron que hacer a partir del 2008 y durante la Gran Recesión. El Gobierno de Mariano Rajoy salió a salvar a las comunidades porque casi todas ellas no podían financiarse a través de los bancos -de los mercados financieros- y lo que ahora propone el Ejecutivo de Sánchez es perdonarle la mitad de los préstamos.

En el año 2028 la Junta de Andalucía tendrá que pagar por los intereses de su deuda una cifra que oscilará entre 936 y 1.357 millones de euros. La primera cifra es la previsión de la Consejería de Hacienda, la segunda es una aproximación que realizó este mes de agosto la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Cualquiera de las dos cifras supone un gran volumen, incluso para un presupuesto autonómico como el andaluz. Y a esto hay que añadir todo lo que se habrá pagado en cada uno de los ejercicios anteriores, cantidades que van en aumento desde los más de 300 millones de euros actuales debido a las condiciones de los préstamos y la improbable vuelta a un escenario de cero intereses. De la mitad de todo ello es de lo que se puede librar el Gobierno andaluz, es la "manzana" envenenada que Juanma Moreno sostiene que le tiende María Jesús Montero, la que rechazan todos los presidentes autonómicos del PP por el momento.

Es cierto que al ciudadano apenas notará este trasvase de deuda desde las autonomías al Gobierno central, pero los ahorros en el pago de los tipos de interés y la mejora de la salud financiera de las administraciones regionales redundarán en unos presupuestos mejores. Incluso es posible que los presupuestos se vean reducidos al disminuir el volumen de deuda, pero los capítulos de gastos de personal, sociales e inversiones seguirían siendo los mismos. Incluso mejorarían.

Juanma Moreno ha resumido su posición de fuerza en una frase: "Andalucía no tiene problema de deuda". En relación con otras comunidades, no, pero nadie le asegura que en un futuro los mercados cambien las tendencias y castiguen los pasivos que juzguen excesivos. Y esto ya ha pasado.