¿Qué pasó exactamente el 28 de abril?
Las claves
El Gobierno pecó gravemente, seriamente, de falta de información ante el apagón más importante ocurrido en el mundo occidental

EL 28 de abril pasará a la historia porque España se quedó en negro. Blackout , un apagón total como nunca se había conocido.
Provocado aparentemente por un fallo en Red Eléctrica Española –actual Redeia– el apagón afectó a toda España –excepto Canarias, Baleares y Melilla– y gran parte de Portugal durante 24 horas en algunas zonas, se ha convertido en el más importante ocurrido en el mundo occidental. Con 53 millones de afectados, aunque está muy por debajo del que encabeza la lista, el que sufrió la India en 2012, que durante los tres días que duró llegó a afectar a 670 millones de personas. No es una cifra que sorprenda en un país que contaba entonces con 1.400 millones de habitantes.
Entre los apagones más importantes del mundo siempre se recuerda a Nueva York, que sufrió varios a lo largo de su historia reciente, todos ellos fueron provocados por factores climatológicos externos. Al contrario de lo ocurrido con el español, se circunscribieron exclusivamente a la ciudad, y no en su totalidad. El que protagonizó más informaciones fue el de 1977 por los desórdenes públicos, agresiones, robos y pillaje que se produjeron al amparo de la oscuridad.
Algo que no se dio en España el pasado lunes, con un elogiable comportamiento ciudadano que además vivió situaciones críticas, ya que el 28-A ha sido la prueba más palpable de la dependencia absoluta de la forma de vida occidental a la energía eléctrica. La sanidad, el transporte, las comunicaciones telefónicas, internet, los electrodomésticos… lo más cotidiano faltó durante horas, empezando por la luz y siguiendo por todo aquello a lo que echamos mano de manera automática sin pensar que todo nos viene dado a través de la electricidad.
En esa situación, con vidas en riesgo, hubo necesidad de actuación urgente en determinados escenarios para atender enfermos, vaciar trenes en campo abierto y vagones de metro en túneles oscuros; se tuvieron que agilizar las operaciones en quirófanos que dependían de generadores, auxiliar a personas encerradas en ascensores, multiplicar la atención a los internados en hospitales y residencias de mayores, tomar medidas para ordenar el tráfico en las grandes ciudades bloqueadas por la falta de semáforos y por las masas de automóviles que intentaban regresar a casa o recoger niños en colegios y guarderías al desconocer cuánto iba a durar el apagón.
El Gobierno pecó gravemente, seriamente, de falta de información. El presidente compareció en dos ocasiones el mismo lunes, y una tercera el martes, pero no ofreció ningún dato. Ninguno. Nada. Se empecinó de tal manera en poner el acento en que el apagón podía tener su origen en una causa externa –con lo que apuntaba a un posible ataque cibernético o un sabotaje– que provocó la sospecha de que Red Eléctrica Española no había sabido prever ni controlar la situación. Llegó a mencionar la responsabilidad de las empresas eléctricas privadas, lo que provocó que multitud de españoles llegaran a la conclusión de que Pedro Sánchez intentaba que se apartaran de él las miradas de quienes buscaban respuestas a lo ocurrido.
En cierto sentido, alguna responsabilidad podía tener. Cuando nombró presidenta de Red Eléctrica Española a Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda con Zapatero que no dejó huella y ajena al mundo de la energía, ya se le advirtió que no era la persona más indicada para hacerse cargo de una empresa de la que dependían tantos sectores vitales y que obligaba a tomar decisiones técnicas de altura. No conforme con ese nombramiento, Sánchez propuso para el Consejo de REE a media docena de militantes del PSOE que tampoco procedían de ese sector profesional.
¿Nucleares? No
Desde hace años, profesionales del mundo energético, tanto españoles como de otros países, sobre todo europeos, alertan sobre la posición de Sánchez, asumida por Corredor, de centrar la política energética española en las renovables, sin dar cabida a la nuclear. Posición que también defendió la entonces vicepresidenta Teresa Ribera que, sin embargo, cuando tuvo que pasar el examen oral que determinaría si era la persona adecuada para ocupar el cargo de comisaria de energía de la UE, se abrió a la energía nuclear… como han hecho la mayoría de los miembros de la UE al comprobar sus expertos que las renovables no tienen capacidad suficiente para asumir con garantías el suministro energético que se necesita. A todo lo más que accedió el Gobierno de Sánchez, con el presidente a la cabeza, fue a ampliar la fecha del cierre de las cinco centrales nucleares españolas de forma gradual, pero tendrán que estar cerradas todas ellas en 2035.
Una decisión que sigue provocando polémica. Por lo que supondrá de alza de precios pero, sobre todo, porque insisten todos los expertos, y también las principales empresas energéticas españolas –Iberdrola, Endesa, Narurgy, Acciona y EDP– en la necesidad de contar con energía nuclear para alcanzar el nivel de eficacia y de servicio que necesita España.
El presidente del Gobierno se reunió con las eléctricas esta semana, una reunión tensa por lo que han contado algunos de los empresarios. Vieron a Sánchez empeñado en ver causas externas para provocar el apagón, y de ninguna manera se plantea la posibilidad de complementar el sistema actual de renovables con energía nuclear. Una actitud que hizo pensar a los presidentes de las eléctricas que no se atreve a aceptar lo que sabe que rechazan de forma tajante parte de sus socios de investidura, y para su socio de Gobierno, Sumar, es inaceptable. Parece que Junts sí podría cambiar de opinión, pero sólo parece.
Sánchez prometió a sus interlocutores una investigación a fondo sobre lo ocurrido el lunes y cuál fue la causa del apagón, y dará esa información a los principales empresarios de compañías eléctricas. En la comisión de investigación, aparte de expertos, participará el Centro Criptológico Nacional, que forma parte del CNI, más la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de Seguridad Nuclear y los ministerios de Defensa, Interior y Presidencia, además del de Transición Ecológico, que ocupa la vicepresidenta Sara Aergesen.
Ayer, varios miembros de la comisión presididos por Aergesen, acudieron a la sede de Red Eléctrica Española para entrevistarse con Beatriz Corredor y personal de la entidad para tratar de obtener la mayor información posible sobre qué ocurrió a las 12:33 del día 28 para que toda España se quedara sin luz.
Se buscan responsables
Desde esa fecha, se suceden las noticias que indican que Red Eléctrica había recibido varios avisos de las eléctricas alertando de que se podía producir un apagón generalizado si no se tomaban medidas para paliar los efectos del déficit de energía; se desestimaron porque consideraban que eran avisos interesados. Tampoco se hizo caso a las voces europeas que advertían de la situación de precariedad española. Corredor conocía perfectamente qué pensaba Pedro Sánchez respecto a la energía nuclear, y ella la asumía en su totalidad.
Sin embargo, consumado el apagón, en la intervención del martes de Pedro Sánchez, sin preguntas, desvió la responsabilidad, sin nombrar a Corredor, hacia Red Eléctrica. A la que sigue considerando empresa privada cuando su socio mayoritario es la SEPI. La prueba de que es pública está en que el presidente del Gobierno nombró a su presidenta.
En la rueda posterior del Consejo de ministros del miércoles, los periodistas preguntaron en tres ocasiones a Pilar Alegría si el Gobierno apoyaba a la presidenta de REE. Las dos primeras veces Alegría no respondió; ante la insistencia, lo hizo en la tercera ocasión. Sí, el Gobierno apoya a Beatriz Corredor. Una presidenta que sigue diciendo que el día 28 de abril en Red Eléctrica “nada falló”.
Las conclusiones de la comisión investigadora española, cuando se conozcan, pueden sembrar dudas, ya que cualquier apreciación de que REE no estuvo a la altura de lo que se exige a una empresa de esa categoría podría derivar en miradas hacia La Moncloa, ya que a su presidenta y miembros de dirección han sido elegidos por el Gobierno.
Tendrá más credibilidad la comisión investigadora de Portugal, país decidido a llegar al fondo del asunto. Aunque no sea más que para justificar su decisión –anunciada el miércoles– de desengancharse de la Red Eléctrica española. También Bruselas ha puesto en marcha su propia comisión de investigación, formada por expertos energéticos de diferentes países de la UE.
La política energética española está hoy en cuestión. Todo indica que, antes o después, tendrá que aceptar que no se puede garantizar el cumplimiento de objetivos si no se cuenta con la energía nuclear.
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