Las 155 casas que hay que derribar en Jaén: dos décadas aplazando un problema

El ser humano se empeña en confirmar que es el único animal no sólo capaz de tropezar con la misma piedra varias veces, sino que, aún sabiendo que está ahí, justo por donde tendrá que pasar, no hace nada para remediarlo. Esto es aplicable a infinidad de casos, pero uno de ellos, sangrante por su reciente actualidad, es el caso de las construcciones ilegales que se realizaron hace décadas sobre el cauce de los ríos que circunvalan Jaén capital.

Fue en la década de los 60 cuando se empezó a construir sin control a las afueras de la ciudad. Los jiennenses buscaban tener un refugio donde guarecerse en los meses de más calor y lo encontraron alrededor de los puentes cercanos a los ríos Eliche, Quiebrajano, Jaén y Guadalbullón. Hablamos de zonas que en muchas ocasiones se encontraban cercanas a las vaquerías que se habían expulsado décadas atrás de los polígonos industriales de la ciudad. Áreas naturales más frescas, por su cercanía a unos cursos de agua que se infravaloraron.

Y es que el construir fuera de toda zona urbana entraña sus riesgos, como es, por ejemplo, el de no conocer el límite que pueden alcanzar las aguas cuando hay precipitaciones fuertes en la cabecera de los ríos. Esto se comprobó especialmente en el año 1996, cuando en el mes de agosto cayeron dos trombas de agua que inundaron numerosas viviendas en el Puente de la Sierra, el Puente Jontoya y el Puente Tablas.

Hubo que rescatar a gente de sus viviendas y los propios vecinos afirman que hubo suerte de que fuera la segunda tormenta, con cientos de jiennenses ya desalojados, la peor. Están convencidos de que si la primera riada hubiera tenido la intensidad de la segunda habría habido víctimas. El susto fue tal que hasta las administraciones reaccionaron. Se contabilizaron en unas 1.500 las viviendas construidas (hoy superan las 5.000) en estas zonas fuera de ordenación urbana y se empezó a hablar del peligro de que muchas de ellas se encuentran demasiado cerca del río.

En medio del debate, en octubre de 2002 el alcalde Miguel Sánchez de Alcázar (PP) fue un visionario, porque llegó a asegurar que no se derribaría ni una sola de las viviendas irregulares que se había construido junto a los cauces y, aunque las promesas de esferas políticas más altas iban por otro lado, el tiempo ha acabado dándole la razón.

El informe que las señaló

Fue en octubre de 2004 cuando se dio el primer paso decisivo para señalar qué viviendas no se podrán regularizar nunca, tal y como reconocen fuentes vecinales. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) emitió un informe (que este medio le ha solicitado en varias ocasiones sin obtener respuesta) en que se confirmó que había 155 viviendas construidas sobre dominio público hidráulico, a menos de 50 metros del cauce del río. Tras conocerse este documento, el por entonces subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro, reconoció que la “alternativa más adecuada” para evitar problemas era el derribo de estas viviendas. El delegado del gobierno andaluz, Francisco Reyes, llegó a decir lo siguiente: “Se tirará lo que sea necesario para garantizar la seguridad de los vecinos”.

El derrumbe de estas construcciones iba a ser una de las tres medidas encaminadas a garantizar la seguridad de los jiennenses. Las otras eran la construcción de una presa de laminación en el paraje de Los Cañones (que acabaron parando los vecinos de Jaén y Los Villares con sus movilizaciones) y el encauzamiento de los ríos en cuestión. En este último punto sí que hubo avances, pues la CHG inició en mayo de 2008 el expediente administrativo de deslinde de los cauces de Dominio Público de los ríos Eliche, Quiebrajano, Jaén y Guadalbullón; pero dos años más tarde, en 2010 la Dirección General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia Andaluza del Agua publicó una resolución por la que se declara la caducidad y archivo de este trámite.

Se redujo el número

No volvió a haber noticia alguna sobre el asunto hasta que en julio de 2011 el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Felipe López (PSOE), dijo que “aquellas viviendas que ocupen el dominio público hidráulico serían demolidas sin derecho a indemnización”. Hablaba el representante de la Junta de Andalucía en aquella ocasión de 50 (un nuevo informe de la CHG matizaba que el resto podían acometer medidas de autoprotección), y llegó a especificar que eran 42 de una única planta y ocho con dos. Fue entonces también cuando reconoció que la presa que se había anunciado para el río Eliche, de la que el que fuera vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías (PSOE), llegó a anunciar que ya se había hecho el proyecto de la presa, que iba a contar con presupuesto de 36 millones de euros y que las obras empezarían en 2009; se había descartado. La movilización vecinal había surtido su efecto.

Lo que en teoría sí seguía adelante era el proyecto para encauzar los ríos Eliche, Quiebrajano y Jaén, desde el Puente de la Sierra hasta el Puente Jontoya, lo que iba a suponer una expropiación total de 893.888 metros cuadrados más 158.000 que se expropiarían de forma temporal para realizar las obras necesarias. Algo que nunca terminó ocurriendo.

Ni derribos en pro de la seguridad y la conservación del medio ambiente, ni encauzamiento, ni presa de laminación. 30 años después de 1996 no se ha adoptado medida alguna, más allá del mantenimiento de unos cauces limpios, para evitar las inundaciones que se producen cada pocos años en la zona de Los Puentes de Jaén. Nadie ha querido asumir el coste político de sacar de ahí unas viviendas que se volverán a inundar cuando llueva como lo ha hecho en las últimas semanas y que, tal y como reconocen fuentes vecinales, jamás se podrán regularizar. El resto de construcción, cerca de 5.000, aguardan la llegada del dichoso colector para poder llevar a la legalidad sus casas, por las que pagan impuestos igual que cualquier otro vecino de Jaén, pero este tema da para otro artículo que se publicará próximamente en Jaén Hoy.