En torno a 750 agricultores se manifestaron ayer en Jaén en contra de las medidas aprobadas por la Unión Europea en la Agenda 20/30 y la Política Agraria Agraria Común (PAC). Desde las 07:00 horas los manifestantes se prepararon para tomar las vías de la provincia jiennense con sus tractores. Fue entonces cuando en algunos tramos claves se encontraron con controles de la Guardia Civil de Tráfico para evitar el colapso o los cortes en carreteras, y con la imposición de multas a los manifestantes. Hechos que la abogada, Pilar Esquinas denuncia: "No te pueden multar simplemente para evitar que ejerzas tu derecho a manifestarte".

Las principales áreas de población donde había una gran presencia de agentes impidiéndoles avanzar en muchos casos, fue Martos o Úbeda, registrando sus matrículas en ambos municipios sumados a los de Alcaudete, Noguerones o Bobadilla, entre otros. Por lo que muchos, optaron por transitar por carriles o conducir con sus coches hasta llegar a la A-4 a la altura de La Carolina, zona clave del paso de Despeñaperros. Hoy, Subdelegación del Gobierno informa que la Guardia Civil ha levantado más de 80 propuestas de sanción por las protestas de agricultores y ganaderos de este martes en ocho carreteras jiennenses. El número de sanciones no es definitivo puesto que todavía faltan por revisar algunas cámaras de tráfico en las vías en las que se produjeron los cortes. 

¿Cómo actuar cuando se reciba una sanción de las fuerzas de seguridad?

La abogada experta en Derecho de Aguas, Pilar Esquinas, califica de "muy graves" las actuaciones que se están realizando con los agricultores, y especifica a Jaén Hoy cómo actuar cuando el manifestante reciba una denuncia de la Policía o la Guardia Civil por protestar estos días. En redes sociales, esta experta en derecho se ha ofrecido voluntariamente a asesorar y ayudar a todos los manifestantes guiándoles con los siguientes pasos: El primero es hacerle llegar el Boletín de Denuncia en cuanto la persona lo reciba; no pagar, ya que si se efectúa el pago para acogerse a la reducción, también se reconoce que se es responsable o culpable y siempre se tiene el derecho de defensa a conocer todos los motivos por los que están denunciando; y el siguiente paso que se tomará, será impugnar estas denuncias por ser coercitivas e intimidatorias.

"Vamos a intentar buscar su nulidad y archivo". "Es recomendable hacer siempre alegaciones escribiendo en el boletín de denuncias que no estás conforme y me opongo a su tramitación por su injusticia. Mi actuación en esta concentración está sujeta a mi derecho fundamental constitucional de manifestación y huelga en base a la convocatoria civil de la plataforma 6 F de Agricultores y Ganaderos. Importante: Pide que te den copia", reza el comunicado. 

Además, se especifica qué hacer en el momento de la denuncia junto al agente: Grabar la actuación con el móvil, algo que señala la experta está totalmente regulado en este momento; solicitar que se rellene el boletín en la presencia del afectado; y exponer que se quiere escribir alegaciones en el mismo boletín de denuncia.

Ahora que se están abriendo las primeras propuestas de sanción, Esquinas explica que hay que analizar caso por caso, ver qué ha pasado, por qué se ha puesto esa sanción y solicitar el expediente. "Estamos viendo que por parte de las delegaciones de Gobierno hay irregularidades, e incluso se ha dado el caso de  no admitir a trámite hacer una comunicación de manifestación o concentración", explica la abogada. 

"Hay una situación muy grave ahora mismo, incluso en personas mayores que se están manifestando en sus tractores. Cuando piden comunicarse con su abogada los afectados solicitan la instrucción por el que se les impide manifestarse y la Policía se niega a entregársela. Inmovilizar el vehículo, tiene que ser con una causa justificada y no informan cuál es el motivo" añade.

La abogada Esquinas resalta que el artículo 315 del Código Penal apunta que no se puede sancionar ni se puede limitar ni coartar la libertad de reunión el derecho a huelga, y que serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa en los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren estos derechos. "Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses", se especifica en dicho artículo. "Y en este caso los funcionarios públicos están impidiendo con sus acciones la libertad de estos derechos fundamentales de manifestación, reunión, huelga y concentración, además de libertad de movimiento", expresa la abogada.

Hay que comunicar la manifestación, pero no tienen por qué autorizarla

La ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', tipifica como infracción administrativa graves la ocupación u obstaculización de vías y espacios públicos con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana. En estos casos, las sanciones llevan aparejadas multas de entre 600 y 30.000 euros, sobre la que se establecen rangos en función de su gravedad: el grado mínimo (de 600 a 10.400 euros); grado medio (de 10.401 a 20.200 euros) y el grado máximo (de 20.201 a 30.000 euros). Sin embargo, esta ley también obliga que los organizadores de dicha manifestación comuniquen por escrito a la autoridad competente la celebración de reuniones en lugares de tránsito público con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. En caso de causas graves o extraordinarias que justifiquen la urgencia de convocatoria, la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas, según dispone la ley. Algo que sí se ha hecho y que las autoridades competentes conocen desde hace días. 

"Ahí lo que habla es que tienes que comunicarlo, pero nadie te tiene que autorizar". Además, "antes no se tenía el mismo poder de convocatoria como ahora con las redes sociales. Entonces, en esta situación las administraciones públicas están totalmente informadas. A ti no te tienen que autorizar, de hecho consta que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están informadas". "No te pueden multar simplemente para evitar que ejerzas tu derecho a manifestarte. De hecho esta situación puede derivar en la apertura de sanciones a los funcionarios públicos. En este momento nos estamos planteando ejercer acciones contra los funcionarios que han puesto estas multas", denuncia Esquinas.

Los cortes de tráfico por la situación de crisis en el campo se extendieron durante el martes a ocho carreteras de la provincia de Jaén, entre ellas las A-4 a su paso por La Carolina donde, según la Dirección General de Tráfico (DGT) se llegaron a registrar más de tres kilómetros de retenciones por el corte de esta vía en ambos sentidos.

El resto de carreteras afectadas por las protestas fueron la A-316, en el kilómetro 67, en Torredonjimeno; la A-401, en el kilómetro 50,5, en Huelma; la A-316, en el kilómetro 76, en Martos; la N-432, en el kilómetro 390, en Alcalá la Real; la A-316, en el kilómetro 96,8, en Alcaudete; la A-301, en el kilómetro 16,5, en Hortalanca-Vilches; y la A-322, en el kilómetro 197 en Gútar-Villanueva del Arzobispo.

Al margen de que se produzcan nuevos cortes como los de este lunes. La próxima protesta oficialmente convocada está prevista para el próximo 14 de febrero. Organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias arrancarán ese día un calendario de movilizaciones que comenzará ese día en la provincia de Jaén con el corte de la A-4, a la altura del Polígono Industrial Guadiel, en el término municipal de Guarromán, entre los puntos kilométricos 288-286.