El alcalde de Jaén confía que la sentencia por Matinsreg devuelva a la ciudad millones defraudados: "El responsable político es el PP"

Ayer se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena de cárcel al exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén Manuel del Moral por el caso Matinsreg, la trama de facturas infladas entre 2012 y 2013 que ocasionó un perjuicio de más de 3,4 millones de euros a las arcas municipales, según los cálculos efectuados por la Audiencia Provincial en 2021.

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha valorado la resolución judicial asegurando que confía en que la sentencia permita recuperar para la ciudad los 3,4 millones de euros en facturas falsas cobradas durante la etapa de gobierno del PP en 2013. El Alto Tribunal ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que condenó, entre otros, al exconcejal popular Manuel del Moral.

Del Moral fue una de las siete personas condenadas inicialmente por estos hechos, entre cargos políticos, técnicos municipales y empresarios e intermediarios de la firma zamorana que dio nombre a la trama. Otro de los condenados fue el exsecretario general del PP jiennense Miguel Ángel García Anguita, primer teniente de alcalde cuando se consumó la estafa, aunque en 2023 el TSJA lo absolvió. No corrió la misma suerte Del Moral, que recurrió en casación ante el Supremo. Ahora, la Sala de lo Penal ha desestimado tanto su recurso como los de los empresarios José Merino, Isidoro Cobo y Luis Gregorio González, imponiéndoles penas de entre uno y cinco años de prisión, según avanzó EFE.

Responsable del modus operandi

Millán ha señalado directamente al PP como “responsable político del modus operandi” por el que estas empresas lograron obtener dinero de las arcas municipales. El caso, que ha tardado trece años en cerrarse, partió de una denuncia inicial del grupo municipal socialista, a la que posteriormente se sumó el propio Ayuntamiento, ante la facturación de una red de empresas entre las que destacaba Matinsreg, que cobró por el mantenimiento de fuentes ornamentales “importes a todas luces inflados”.

Entre las irregularidades detectadas figuraban facturas de 69 euros por un litro de alguicida cuyo valor de mercado era de 0,23 céntimos, horas de trabajo que no se correspondían con el personal aportado por la empresa y jornadas “incomprensibles” en festivos, en los que se declaraban “horas y horas de personas vertiendo cloro y otros productos en fuentes que, además, presentaban un estado deplorable”.

El alcalde ha incidido en que la sentencia permitirá recuperar unas cuantías que espera destinar a la ejecución de algún equipamiento público para la capital. Asimismo, ha lamentado la demora judicial y ha subrayado que la denuncia partió del PSOE “en defensa del interés general y con mucha valentía”, marcando, ha dicho, “la posición de unos gobiernos y otros ante el uso de los recursos públicos”.

Los hechos se remontan a la etapa en la que el Ayuntamiento estaba gobernado por el PP, con José Enrique Fernández de Moya como alcalde, quien fue absuelto junto a otro concejal en esta causa que sí ha condenado a un exedil del partido y a varios empresarios.

“Al margen de la sentencia con nombre y apellidos del Supremo, hay un responsable político de esta situación, que es el PP”, ha insistido Millán, quien ha abogado por analizar cómo ha llegado el Ayuntamiento de Jaén a su actual situación económica, siendo uno de los más endeudados de España. Según ha recordado, tras nueve años con el presupuesto prorrogado, el de 2026 ha tenido que “recortar 34 millones de euros con respecto al de 2017, con partidas inventadas”.

El regidor ha asegurado que el equipo de gobierno trabaja para que esas carencias no se noten en la gestión diaria, aunque ha señalado que este caso es un ejemplo “del dinero que se perdió y no llegó a la ciudad ni a los jiennenses”.

Finalmente, ha anunciado que el Ayuntamiento reactivará la pieza separada del caso relativa a obras de mantenimiento urbano en calles de Jaén de difícil justificación, vinculadas en buena parte a sociedades relacionadas con los empresarios de Matinsreg, conocida como el caso Uhro. En esta segunda línea de investigación se estiman otros cuatro millones de euros en trabajos que, según informes municipales, no se ejecutaron conforme a los conceptos facturados.