El Ayuntamiento de Alcalá la Real impulsa una modificación del PGOU para regular la instalación de plantas de biometano

El Ayuntamiento de Alcalá la Real llevará al próximo pleno municipal, previsto para el 25 de noviembre, una modificación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de regular la implantación de plantas de biometano, biomasa e hidrógeno verde en el término municipal. La medida surge como respuesta a la creciente preocupación vecinal generada tras conocerse el proyecto de construcción de una planta de biometano en el paraje de La Aduana, actualmente en fase de evaluación de impacto ambiental.

El alcalde, Marino Aguilera, ha explicado que la ausencia de una normativa estatal o autonómica específica para este tipo de instalaciones “genera un vacío legal” en materia de distancias, emisiones y procedimientos administrativos. Por ello, el Ayuntamiento ha optado por modificar el PGOU, vigente desde 2005, con el fin de “proporcionar seguridad jurídica, proteger el entorno y dar respuesta a las inquietudes ciudadanas”.

Distancias mínimas y nuevas restricciones

La propuesta plantea la creación de áreas de protección de 3 y 5 kilómetros en torno a cualquier asentamiento del municipio, dentro de las cuales no se podrán construir plantas de biometano. En concreto, las plantas de biometano de origen animal (purines, estiércol, gallinazas) deberán situarse al menos a 5.000 metros de cualquier núcleo habitado; las de origen vegetal, como las que emplean alperujo, deberán ubicarse a un mínimo de 3.000 metros, conforme al reglamento que desarrolla la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).Además, se establece la prohibición de macrogranjas en todo el término municipal.

Tras la aprobación inicial, la modificación quedará sometida a exposición pública para posibles alegaciones y supondrá la suspensión durante un año, prorrogable hasta tres, de todas las solicitudes y licencias relacionadas con las actividades afectadas.

Aguilera ha subrayado que, pese al debate generado, ningún proyecto de planta de biometano ha sido registrado oficialmente en el Ayuntamiento.

Un proyecto que divide al municipio

La iniciativa para instalar una planta de biometano en Alcalá la Real ha abierto un intenso debate social y político, similar al que se vive en otras localidades donde se proyectan infraestructuras de biogás. El pasado 17 de octubre, el BOJA publicó el inicio del trámite de autorización ambiental para la planta prevista por Desarrollos Bioenergéticos de Andalucía S.L., que ocuparía 150.000 metros cuadrados de suelo rústico y trataría entre 100.000 y 150.000 toneladas de alperujo al año.

El proyecto forma parte de la estrategia autonómica para impulsar el biogás, anunciada por la Junta de Andalucía, que ha designado a Jaén como cabecera regional de la implantación de estas plantas.

La instalación está proyectada en el paraje Casa de Toro, junto al Camino de la Aduana, a más de 6 km del casco urbano, 3 km de Mures y algo más de 2 km de Ribera Baja. Contempla tres balsas herméticas para evitar emisiones y olores, y una línea eléctrica aérea de 890 metros para su suministro energético.

Preocupación en aldeas y colectivos vecinales

La publicación del proyecto ha despertado inquietud en pedanías como Casillas de Mures, Mures, Ribera Baja, Ermita Nueva y Santa Ana, cuyos vecinos temen posibles olores, un aumento del tránsito de vehículos, el consumo de agua o impactos sobre la salud y el medio ambiente. También expresan dudas sobre la distancia respecto a viviendas, algunas a poco más de un kilómetro de la zona prevista.

La Plataforma Ciudadana Stop Biometano Alcalá la Real y Aldeas afirma haber reunido más de 4.000 firmas contra la iniciativa. Su portavoz, Jesús Romero, sostiene que existen “carencias técnicas, legales y ambientales” en el proyecto y reclama al Ayuntamiento que utilice “todos los instrumentos legales disponibles” para frenarlo. El colectivo ha solicitado además acceso íntegro a los expedientes urbanísticos, permiso para instalar mesas informativas y la convocatoria de una consulta popular.

El debate también llegó al último Consejo de Alcaldes Pedáneos, donde representantes de las aldeas trasladaron sus dudas. “La gente está descontenta porque dicen que puede emitir olores. Yo me opondría en ese caso, porque me perjudicaría en mi negocio”, expresó un vecino de Mures.

Transparencia y garantías

El alcalde y la concejala de Urbanismo, Encarnación Pérez, ofrecieron el pasado 22 de octubre una comparecencia para explicar el procedimiento y garantizar “transparencia absoluta”, insistiendo en que el objetivo municipal es aclarar dudas y frenar la difusión de informaciones erróneas. Aguilera defendió que la instalación podría suponer “una oportunidad” para el municipio, siempre que se cumplan todas las garantías técnicas y ambientales.

Con la modificación del PGOU, el Ayuntamiento pretende dotar a Alcalá la Real de un marco normativo claro frente a las lagunas legales actuales, buscando un equilibrio entre el desarrollo industrial y la protección del entorno y la salud pública, en un contexto de fuerte debate social y administrativo en toda la provincia.