Denuncian presiones de la empresa Greenalia a SOS Rural para que no hable de las megaplantas solares de Jaén

Nuevo conflicto vinculado a los proyectos de megaplantas solares en zonas de olivar de la Campiña de Jaén. En esta ocasión se debe a que la empresa energética Greenalia S. A. ha enviado a Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, un burofax firmado por su consejero delegado, Manuel García Pardo, en el que le exige que cese de forma inmediata cualquier manifestación pública relacionada con los proyectos solares promovidos por la compañía en Lopera. En dicho documento, Greenalia advierte de que cualquier nueva declaración, “por mínima que sea”, será considerada una reiteración dolosa y dará lugar al ejercicio inmediato de acciones civiles, penales y complementarias, tanto contra la portavoz como contra la asociación que preside.

La portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha rechazado “categóricamente” este requerimiento formal que califica como un intento de “amedrentar y silenciar” sus denuncias públicas sobre los proyectos fotovoltaicos previstos en el municipio jiennense de Lopera, que implican la tala de miles de olivos.

En el burofax, la empresa energética sostiene que las manifestaciones públicas de la portavoz de SOS Rural constituyen “imputaciones falsas” y advierte de posibles reclamaciones económicas por daños reputacionales y patrimoniales. Asimismo, señala que la atribución reiterada de conductas que, de ser ciertas, tendrían carácter delictivo, podría encajar en delitos de injurias y calumnias con publicidad, y subraya que la “cobertura asociativa no excluye la responsabilidad personal”.

Greenalia llega incluso a “invitar por última vez” a Corbalán a que se abstenga de emplear términos como “ilegal” o “fraude” en relación con unos proyectos que, según la empresa, cuentan con las autorizaciones administrativas pertinentes y no han sido anulados por resolución judicial firme.

Respuesta de SOS Rural: defensa de la libertad de expresión

Ante este requerimiento, Natalia Corbalán ha respondido a la compañía mediante otro burofax en el que rechaza las acusaciones y afirma que el escrito de Greenalia “carece de base jurídica suficiente” y supone “un intento de restringir derechos fundamentales”. En su respuesta, solicita a la empresa que se abstenga de amenazas de acciones judiciales que, a su juicio, buscan “coartar y desincentivar la legítima defensa del interés colectivo y la intervención pública en la evaluación de proyectos empresariales de impacto social”.

La portavoz de SOS Rural sostiene que sus manifestaciones se han realizado siempre “en el ejercicio de la libertad de expresión y de participación ciudadana”, sin ánimo infamante ni mendaz, y basadas en información objetiva y contrastable. En este sentido, recuerda que el debate sobre la tala de olivos y el impacto de los proyectos fotovoltaicos en el entorno rural de Lopera afecta directamente al interés general y, por tanto, está amparado por los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española.

Corbalán advierte de que las amenazas de acciones judiciales podrían ser interpretadas como una represalia o un intento de silenciar el debate social y ciudadano sobre proyectos de gran impacto territorial, algo que considera contrario a las garantías constitucionales y a la legislación vigente en materia de protección de las personas informantes.

Además, subraya que en el burofax de Greenalia no se concretan qué publicaciones o declaraciones se consideran falsas, ofensivas o lesivas, y niega que desde SOS Rural se haya imputado ningún hecho delictivo concreto a la empresa. Según la portavoz, las declaraciones realizadas hasta ahora se encuadran en críticas y valoraciones de interés colectivo protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

Reserva de acciones legales

Finalmente, SOS Rural y su portavoz han comunicado que se reservan el derecho a ejercer las acciones civiles, administrativas o penales que estimen oportunas para defender su honor, su libertad de expresión y su derecho a la participación ciudadana, así como para exigir el cese de cualquier presión o amenaza que pueda constituir una represalia.