Destapada desde Jaén una red dedicada a introducir ciudadanos de origen magrebí y regularizarlos mediante parejas de hecho

Hasta 300 solicitudes de permisos de residencia conseguidos en fraude de ley se detectaron en la 'Operación Vínculo'. La Policía Nacional desde Jaén, con la Brigada de Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría comenzó la investigación en febrero de 2025, cuando recibió información sobre varias solicitudes de Permiso de Residencia (por circunstancias excepcionales), a través de matrimonios de conveniencia. Se trataba de tres matrimonios denominados de conveniencia, conocidos como "blancos", que se habían registrado como pareja de hecho en Cataluña, relacionados con empadronamientos en domicilios en el municipio de Torredonjimeno. Así lo han explicado en rueda de prensa, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández; la jefa de la Policía Nacional de Jaén, Layla Dris y la inspectora jefa de la Brigada de Extranjería, Esther Pegalajar.

A partir de aquí, los agentes investigan a lo largo de estos meses con una "laboriosa investigación" de documentos detectando la falsedad en los dichos documentos presentados para la solicitud de dicho permiso de residencia, tales como los Volantes de Empadronamiento de diferentes ayuntamientos, Certificados de Parejas Estables de Cataluña, contratos de arrendamiento, entre otros. Consiguieron destapar así una red criminal que se ha saldado con 48 detenidos, siendo estos 37 mujeres y 11 hombres, entre los municipios de Jaén, donde fueron siete, aunque no residen en la provincia, en Málaga, Velez-Málaga, Tenerife y Barcelona, por presuntos delitos de Falsedad Documental, Favorecimiento a la Inmigración Ilegal y pertenencia a Organización Criminal. No obstante, la investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones.

Según las declaraciones recabadas durante la investigación, la organización cobraba entre 8.000 y 12.000 euros a cada ciudadano extranjero para gestionar su regularización, cantidad que variaba en función de la situación económica del solicitante. Por su parte, las mujeres españolas que accedían a formalizar las parejas de hecho recibían cantidades notablemente inferiores, en algunos casos de entre 500 y 600 euros. "Nosotros calculamos que pueden ser 30 millones de euros, perfectamente, el volumen total de dinero que podría mover la red", declaró Pegalajar.

Las solicitudes efectuadas en Jaén correspondían a ciudadanos de origen marroquí que figuraban como pareja de hecho de mujeres españolas, empadronadas en el municipio jiennense de Torredonjimeno, pese a que ni los solicitantes ni sus supuestas parejas residían realmente en el municipio.

Las numerosas coincidencias detectadas en ambas solicitudes llevaron a los agentes a solicitar la documentación al Ayuntamiento de Torredonjimeno, comprobando que los certificados de empadronamiento eran falsos. Paralelamente, se realizaron comprobaciones en el Registro de Parejas de Hecho de Cataluña, donde supuestamente se habían inscrito las uniones, confirmándose igualmente que las acreditaciones presentadas carecían de validez.

Ante estos indicios, la Policía Nacional elaboró un atestado que fue remitido al Juzgado de Instrucción Número 1, que abrió diligencias previas y autorizó la continuación de la investigación. A partir de ese momento, los agentes ampliaron las pesquisas y comprobaron que los mismos ciudadanos ya habían intentado obtener permisos similares con anterioridad en la Delegación del Gobierno en Barcelona, utilizando domicilios que coincidían con los de otras parejas investigadas.

El análisis de estos domicilios permitió detectar numerosos expedientes con características idénticas, lo que confirmó la existencia de una estructura organizada detrás de las solicitudes. En todos los casos se repetía el mismo patrón :ciudadanos marroquíes que formalizaban uniones estables con mujeres españolas, mayoritariamente residentes en la provincia de Málaga, se inscribían como pareja de hecho en Cataluña y solicitaban posteriormente permisos de residencia como familiares de comunitarios.

Las investigaciones permitieron constatar que la organización utilizaba de forma sistemática documentación oficial falsificada, entre la que se encontraban contratos de arrendamiento para justificar empadronamientos, certificados de padrón municipal, acreditaciones de inscripción como pareja de hecho, solicitudes de registro e incluso actas notariales destinadas a agilizar los trámites administrativos.

Muchos de los ciudadanos procedían de Francia y Bélgica

Asimismo, se comprobó que la mayoría de los ciudadanos extranjeros no se encontraban en España en el momento de iniciar los trámites, sino que residían en países europeos como Francia y Bélgica, donde permanecían en situación irregular, y desde allí intentaban regularizar su situación administrativa en España.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes localizaron más de 300 solicitudes de permiso de residencia tramitadas en distintas oficinas de Extranjería del país, todas ellas vinculadas a la misma organización y consideradas en fraude de ley. Algunos de estos permisos habían sido concedidos, mientras que otros se encontraban en distintas fases de tramitación.

La estructura criminal estaba perfectamente jerarquizada. En la cúspide se encontraban los cuantro cabecillas, que han sido detenidos y eran los encargados de captar a los ciudadanos extranjeros en los países donde residían. En un segundo nivel operaban los captadores y facilitadores, responsables de localizar a las mujeres españolas, gestionar desplazamientos, alojamientos, citas notariales y empadronamientos, así como de coordinar la presentación de las solicitudes ante las distintas administraciones. En el último escalón se situaban las denominadas “mulas”, encargadas de transferir y mover el dinero obtenido por la organización tanto dentro como fuera de España.

Con la identificación de los principales responsables, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo simultáneo la pasada semana en varias provincias. En Barcelona fueron detenidas cuatro personas consideradas cabecillas de la organización y se practicó un registro domiciliario, autorizado judicialmente, en el que se intervinieron 17.000 euros en efectivo, diversa documentación y soportes informáticos como teléfonos móviles y dispositivos USB.

En Vélez-Málaga se detuvo a cinco mujeres que actuaban como captadoras y facilitadoras, encargadas de reclutar a mujeres dispuestas a formalizar las parejas de hecho. En Jaén fueron citadas y detenidas siete personas, aunque ninguna de ellas residía en la provincia, ya que las solicitudes se habían tramitado por vía telemática utilizando documentación falsificada.

Además de los miembros de la organización, se procedió a la detención de mujeres que habían participado como parejas de hecho y de algunos de los solicitantes de los permisos de residencia, a quienes se les imputan delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular. Todos los detenidos han pasado a disposición judicial y el juzgado ha adoptado las medidas correspondientes.

La Policía Nacional ha solicitado la extinción de los permisos de residencia obtenidos de forma fraudulenta y la anulación de cualquier ayuda o beneficio administrativo concedido como consecuencia de estos hechos. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones La investigación ha sido desarrollada íntegramente por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén, con la colaboración puntual de otras unidades policiales, y se considera desarticulada la cúpula de la organización criminal, a la espera de una segunda fase de actuaciones.