La Diputación y el Ayuntamiento de Jaén recibirán 300.000 euros para las exhumaciones aprobados por el Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de un Real Decreto que permitirá la concesión directa de subvenciones a 11 entidades locales y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), destinadas a financiar actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Esta medida se enmarca en el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática.

El importe total autorizado este martes asciende a 2,4 millones de euros, de los cuales 1 millón se otorgará a la FEMP para apoyar y coordinar trabajos con ayuntamientos de todo el país. Los 1,4 millones restantes se reparten entre once entidades locales, incluyendo diputaciones y ayuntamientos de comunidades como Andalucía, Galicia y Extremadura, que ya tienen identificadas actuaciones prioritarias.

Entre las entidades beneficiarias, se cuentra la provincia de Jaén, que recibirá un total de 300.000 euros para dos iniciativas: la Diputación Provincial de Jaén obtendrá 100.000 euros para la exhumación de varias fosas comunes en su territorio y el Ayuntamiento de Jaén recibirá 200.000 euros destinados específicamente a la exhumación de la Fosa 702 y otros enclaves identificados.

Estas actuaciones se suman a los trabajos previos ya iniciados en la provincia, considerada una de las más afectadas por la represión franquista. Además de Jaén, las subvenciones también beneficiarán a la diputaciones de Cáceres, Badajoz, Sevilla y A Coruña y los ayuntamientos de Sevilla, Huelva, Nerva, Córdoba y Víznar (Granada).

Las cantidades asignadas varían entre 50.000 y 200.000 euros según el alcance de las intervenciones previstas. En algunos casos, las ayudas se destinarán también a la dignificación de los espacios de enterramiento, además de la exhumación e identificación.

Urgencia para garantizar los trabajos en 2025

El Gobierno ha justificado la tramitación urgente del Real Decreto ante la necesidad de realizar ajustes presupuestarios que podrían retrasar el inicio de los trabajos. Con esta medida, el Ejecutivo busca asegurar que las exhumaciones comiencen dentro del presente ejercicio y no se pospongan.

Estas actuaciones se enmarcan en el compromiso del Ejecutivo con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo, recogido en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.