Endesa detecta un fuerte aumento del fraude eléctrico vinculado a plantaciones de marihuana en Jaén

El fraude eléctrico asociado a plantaciones de marihuana continúa creciendo de forma significativa en la provincia de Jaén, una práctica ilegal que no solo supone un perjuicio económico, sino que genera importantes riesgos para la seguridad de las personas y para la calidad del suministro eléctrico. Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha abierto entre los meses de octubre y noviembre cuatro expedientes por fraude vinculados directamente a plantaciones de marihuana, una cifra que evidencia el repunte de este tipo de actividad en un periodo de tiempo muy reducido.

A cierre del mes de noviembre, y en un total de once meses, la compañía ha tramitado en la provincia 2.210 expedientes de fraude eléctrico, de los cuales 30 están relacionados con plantaciones de marihuana. De estos, cuatro se han concentrado únicamente en los meses de octubre y noviembre. La manipulaciones de las instalaciones eléctricas afectan a todos los consumidores, al dejar las redes desprotegidas y provocar situaciones de alto riesgo.

La energía defraudada en la provincia hasta el mes de noviembre asciende a 16,5 millones de kilovatios hora, de los cuales 3,2 millones corresponden a plantaciones de marihuana. Esta cantidad representa el 20% del total de la energía defraudada y equivale al consumo eléctrico anual de unas 1.000 viviendas. Una sola plantación de marihuana puede llegar a consumir como unas 80 viviendas, debido a la utilización constante de sistemas de iluminación, ventilación, extractores, humidificadores y focos de alta potencia durante las 24 horas del día.

En una entrevista concedida a Jaén Hoy, la responsable del área de Gestión de Fraudes de Endesa en Andalucía y Extremadura ha detallado cómo la compañía detecta este tipo de actividades ilegales. Junto a las tradicionales inspecciones de campo realizadas por equipos especializados, Endesa ha incorporado en los últimos años tecnología avanzada basada en la sensorización de la red, contadores inteligentes y el análisis masivo de datos mediante Big Data, Inteligencia Artificial (IA) y modelos de aprendizaje automático.

Gracias a estas herramientas, la compañía ha logrado duplicar la efectividad en la detección del fraude. “Antes dependíamos casi exclusivamente de los ojos de los inspectores en campo; ahora esos ojos los tenemos también en la tecnología”, ha explicado la responsable, señalando que los modelos de inteligencia artificial aprenden y se perfeccionan a partir de los resultados obtenidos, afinando cada vez más la identificación de consumos anómalos.

Estos sistemas permiten detectar perfiles de consumo que no se corresponden con un uso doméstico normal, especialmente cuando se registran consumos propios de una actividad industrial en zonas residenciales. En estos casos, Endesa activa protocolos de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son las únicas autoridades competentes para investigar, confirmar la existencia de plantaciones de marihuana y proceder a su registro y desmantelamiento. La compañía subraya que no actúa de forma unilateral ni envía a sus técnicos a estos emplazamientos sin la intervención previa de la Policía o la Guardia Civil, para evitar situaciones de riesgo.

Estas plantaciones, en su mayoría del tipo “indoor”, se ubican en pisos, casas o edificios y se conectan ilegalmente a la red eléctrica mediante enganches directos, sin pasar por contador ni contar con instalaciones homologadas, boletines ni sistemas de protección. Estas van directamente a la acometida que alimenta a todo un edificio o incluso a un centro de transformación, lo que provoca sobrecargas en la red, averías, cortes de suministro y un elevado riesgo de incendio que se puede dar dentro de la misma vivienda de los vecinos debido a esa sobrecarga.

¿En qué lugares de la provincia se defrauda más?

En cuanto a la distribución territorial del fraude, los municipios donde se ha detectado un mayor volumen de fraude eléctrico en general son Linares, Jaén capital, Andújar, Pozo Alcón y Úbeda. En estos municipios se han valorado pérdidas de energía de unos 7,88 gigavatios hora, equivalentes al consumo anual del municipio de La Iruela o al de 2.262 hogares. Si se analiza únicamente el fraude vinculado a plantaciones de marihuana, destacan Pozo Alcón, Linares, Alcalá la Real, Beas del Segura y la capital jiennense, donde se han estimado pérdidas de 2,4 gigavatios hora. "Cuando podemos identificar unos ratios o unos permiles de consumo que no es ligado a un consumo doméstico o hay una industria o algo anómalo. Ahí es cuando colaboramos con las Fuerzas de Seguridad", detalla la experta.

Aquí entran en juego ellos, investigan y una vez que empiezan a obtener resultados acuden a Endesa para hacer una actuación conjunta. Estos municipios mencionados anteriormente, la compañía eléctrica no detecta directamente la plantación de marihuana, sino que en colaboración con las Fuerzas de Seguridad y gracias al trabajo de investigación es cuando se consegue dilucidar y desmantelar. "Hay muchos más municipios donde desde Endesa tenemos identificados consumos anómalos, pero no se ha podido evidenciar, solo se puede informar que hay fraude", cuenta.

La responsable del área de Gestión de Fraudes ha advertido además del incremento de la peligrosidad para los técnicos de la compañía, que cada vez se ven más expuestos a entornos conflictivos y violentos, en ocasiones asociados a la presencia de armas. “No estamos preparados ni debemos estarlo para enfrentarnos a este tipo de situaciones”, ha señalado, alertando también de las dificultades crecientes para que técnicos cualificados quieran desempeñar este tipo de trabajos.

La evolución de los datos confirma una tendencia al alza en los últimos años. Entre 2022 y 2025, el número de expedientes de fraude detectados ha pasado de alrededor de 1.200 a más de 2.400, duplicándose en apenas tres años. En el caso concreto de las plantaciones de marihuana, los expedientes han pasado de 16 en 2022 a cerca de 30 en 2025. Un crecimiento que, según Endesa, responde tanto al aumento real de esta actividad ilegal como a la mejora de los sistemas de detección, y que refuerza la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada para frenar una práctica que pone en riesgo a toda la ciudadanía.