Investigan a un mayorista por vender ilegalmente ortiguillas sin control sanitario en Jaén

La Guardia Civil abrió diligencias contra el responsable de una empresa mayorista de productos pesqueros con sede en la provincia de Sevilla por la venta ilegal de ortiguillas (Anemonia sulcata), una anémona marina cuya extracción estuvo prohibida en buena parte del litoral andaluz. La operación, denominada 'Sado Anemonia', fue desarrollada por el SEPRONA de la Comandancia de Jaén, tras una denuncia ciudadana que alertó de irregularidades en el etiquetado de estos productos servidos en un restaurante de la capital jiennense.

La investigación reveló que al menos 85 kilogramos de ortiguillas, valorados en unos 8.500 euros, fueron comercializados fraudulentamente sin cumplir los requisitos legales de captura ni los controles sanitarios exigidos. Las autoridades sospecharon que estos ejemplares fueron extraídos ilegalmente del litoral andaluz, donde su recolección estuvo prohibida desde 2023 debido al declive de sus poblaciones naturales.

Documentación falsa y productos caducados

Las pesquisas, realizadas en coordinación con inspectores de la Junta de Andalucía, también alcanzaron a intermediarios en las provincias de Jaén y Málaga, donde se verificó la trazabilidad de los lotes. Los agentes detectaron manipulación documental en facturas y albaranes, que pretendieron acreditar falsamente la procedencia legal de las ortiguillas desde aguas portuguesas mediante un supuesto proveedor autorizado. Sin embargo, las autoridades lusas confirmaron que las capturas reflejadas no existieron.

Durante las inspecciones, la Guardia Civil también intervino más de 600 kilos de otros productos pesqueros sin etiquetado o con fecha de caducidad vencida, los cuales fueron declarados no aptos para el consumo humano y fueron destruidos siguiendo la normativa sanitaria.

Riesgo para la salud y acciones legales

Los hechos motivaron denuncias administrativas por infracciones a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, así como a normativas sobre defensa del consumidor y producción agroalimentaria. Además, el investigado, un varón de 61 años, enfrenta cargos penales por falsedad documental y delitos contra la salud pública. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Jaén.

La Guardia Civil recordó la importancia de mantener la trazabilidad y legalidad en la cadena de distribución alimentaria para garantizar la seguridad de los consumidores y proteger los recursos naturales.