El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén ha rechazado el recurso presentado por un particular que pretendía instalar una explotación intensiva porcina en la localidad de Solera, según ha informado la plataforma “Solera contra las macrogranjas”.El fallo desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por un particular contra el acuerdo unánime del pleno del Ayuntamiento de Huelma-Solera que, en diciembre de 2022, no declaró el Interés Social del proyecto de macrogranja.Aunque la sentencia no es firme aún y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la plataforma ciudadana ha valorado el fallo judicial que frena un proyecto que en los dos últimos años ya ha sido rechazado por los municipios de Sierra Mágina, por las instituciones públicas y por asociaciones agrícolas, sociales y sindicales.En la sentencia, la magistrada asegura que “la parcela donde se pretende la instalación es un espacio protegido, de especial protección”, según los informes recabados tanto de la Diputación de Jaén como de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía.Además, advierte de su “ubicación sobre el acuífero que abastecen a municipios como Solera y Cabra de Santo Cristo y que sirve para regadío de olivar de la zona” y añade que el promotor del proyecto no ha justificado una posible compensación al impacto medioambiental.

Del mismo modo, en el fallo se apunta que “no se consigue demostrar la creación y generación de empleos de un sistema de explotación caracterizado por su mecanización, no siendo necesaria mucha mano de obra”, y sí se hace evidente “la afectación a la economía del municipio, basada en la explotación agrícola del olivo (que se vería afectada por el uso del agua)”.

La Plataforma Ciudadana “Solera libre de Macrogranjas” valora que el Juzgado haya estimado los argumentos de las alegaciones que presentó en el procedimiento administrativo, “ante la evidente falta de interés social y la ausencia de beneficios de una actividad industrial altamente contaminante y escasamente beneficiosa para Solera, sobre todo ahora, cuando la localidad lleva sufriendo restricciones al abastecimiento de agua desde hace un año”. La sentencia demuestra que "llevábamos razón, no sólo moralmente sino también jurídicamente, y que la lucha del pueblo de Solera ha sido determinante para evitar el peligro que se cernía" sobre la localidad, ha celebrado la portavoz de la plataforma, Ana María Rodríguez.