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Jesús Vicioso
El día en el que no compré nada
Con un planeta que sobrevive al cambio climático y cuyos efectos son visibles, las empresas y los países están llamados a ser cada vez menos contaminantes. Esto también ha dado lugar a que nazca un negocio, el de los créditos de carbono, en este siglo el CO2 también tiene un precio de mercado. Estos llegarán pronto al olivar y los agricultores podrán sacar beneficio gracias a las buenas prácticas que apliquen en sus fincas.
Un crédito de carbono no es otra cosa que un permiso de emisiones y por cada uno de los también llamados bonos de carbono, una empresa o un país tiene derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono o el equivalente de otro gas de efecto invernadero. En función del sistema empleado, cada entidad posee un número limitado de créditos y puede adquirir nuevos de dos formas, comprándoselos a un tercero o generándolos a través de proyectos de mitigación.
Con esta premisa se celebrará en Jaén el 16 de octubre una jornada informativa que será “muy atípica”, anticipa el responsable de comunicación del grupo, José Liétor. El programa combinará ponencias informales con talleres “muy participativos y bastante lúdicos” en torno a un asunto que, en palabras del investigador, “se está haciendo muy popular en los últimos meses”, la certificación de créditos de carbono en agricultura. La jornada está organizada por el grupo de investigación de agroecología aplicada de la Universidad de Jaén (UJA),que dirige el catedrático de Ecología Roberto García Ruiz, y por IFAPA y la colaboración de ASAJA Jaén.
La idea es acercar a los agricultores al mercado voluntario de créditos de carbono, un mecanismo paralelo al mercado regulado surgido tras el Protocolo de Kioto, que actualmente afecta a sectores como el industrial, energético o la aviación, pero no a la agricultura. En este marco voluntario, los agricultores que logren demostrar un incremento en la cantidad de carbono almacenado en sus olivares durante un periodo determinado obtendrán un derecho de cobro con un crédito de carbono por cada tonelada adicional de carbono retenida. Estos créditos podrán ser comercializados en el mercado voluntario como una nueva fuente de ingresos complementarios.
El grupo de investigación de la UJA trabaja desde hace años en distintas líneas relacionadas con la agroecología, pero una de ellas ha cobrado especial protagonismo gracias a la obtención del proyecto Life Oliver, de los más "ambiciosos" en el marco europeo. ““En este proyecto, en colaboración con socios de Grecia e Italia, asumimos el reto de diseñar una metodología sólida y eficiente para calcular los créditos de carbono en el olivar”, indica Liétor.
Hasta ahora, las herramientas que utilizaban administraciones públicas y empresas para medir esos créditos no eran, en palabras de Liétor, “muy robustas” y presentaban “deficiencias notables”. El reto de su equipo es cubrir esas lagunas y diseñar un método que cumpla tres condiciones clave, que sea sencillo, económico y riguroso.
El horizonte no está exento de incertidumbre. Todo el trabajo se encuentra pendiente de lo que determine el Reglamento Europeo sobre certificación de créditos de carbono, cuyo borrador avanza. “Estamos a la expectativa de que se publique ese reglamento porque puede modificar nuestra hoja de ruta. En cualquier caso, nuestro objetivo es diseñar un método unificado que garantice la filosofía de los créditos, premiar a quienes lo hacen bien”, explica.
Los créditos que puede generar la agricultura gracias a su capacidad de producir carbono gracias a su función como sumidero, reteniendo C02, se venderían a industrias más contaminantes, que sobrepasan los límites de emisión y necesitan compensar su huella. Ante este nueva forma de incentivo cuya premisa es mejorar las condiciones del suelo surge una pregunta: '¿Cómo se cuantifica ese almacenamiento de carbono en el olivar?' El método que desarrolla el grupo de la UJA arranca con un contacto directo con los agricultores y un muestreo exhaustivo en campo. “Hacemos muestreos de suelo, cuantificamos los restos de poda que se dejan sobre el terreno, los fertilizantes orgánicos que se aplican, incluso las emisiones de gases que produce la maquinaria agrícola. De este modo, estimamos el balance entre entradas y salidas de CO2 en el agroecosistema.”, detalla Liétor.
Pero el objetivo final va mucho más allá y la idea es entrenar modelos de inteligencia artificial (IA) con todos esos datos recopilados de campo de manera que en el futuro sea posible estimar los créditos de carbono del olivar a partir de imágenes satelitales. La idea es que el agricultor solo deba aportar unos pocos parámetros básicos a través de una encuesta sencilla, como la superficie de olivar, la densidad de plantación o la cantidad de fertilizantes utilizados, y que el sistema pueda realizar el resto de la estimación de forma automatizada. De este modo, se busca un método ágil, preciso y accesible, que reduzca la necesidad de muestreos complejos en campo y facilite la participación de los agricultores en los mercados de créditos de carbono.
Liétor insiste en que “la clave es sencilla, adoptar prácticas de manejo que incrementen el almacén de carbono en el olivar, básicamente, aumentar la materia orgánica del suelo”. Ese aumento puede lograrse mediante cubiertas vegetales, la aplicación de fertilizantes orgánicos como el alperujo o el estiércol, y otras prácticas sostenibles. No importa el tipo de olivar, “un olivar ecológico puede certificar créditos, pero también lo puede hacer un olivar tradicional o incluso un superintensivo. Lo importante es demostrar que, en un periodo de tiempo de cinco a diez años, se ha incrementado la capacidad de secuestrar CO2 a largo plazo", afirma.
La Unión Europea busca, precisamente, incentivar a los olivares más degradados para que cambien sus prácticas y aumenten la materia orgánica del suelo. En paralelo, un comité comunitario trabaja en la redacción del reglamento definitivo, que no se espera mínimo hasta 2026.
Para los agricultores, más allá de la teoría, lo que importa es saber si les compensa embarcarse en este proceso. Liétor explica que lo que a ellos realmente les interesa es si les conviene o no, desde un punto de vista operativo y económico. Un crédito de carbono equivale a una tonelada de CO2 equivalente. Esa equivalencia incluye otros gases de efecto invernadero presentes en el olivar, como el metano o el óxido nitroso, cuyo poder de calentamiento se traduce a la medida estándar. Así, cuando un agricultor demuestra que gracias a un cambio de prácticas ha capturado más carbono del que lo hacía antes, cada tonelada adicional equivale a un crédito con valor en el mercado voluntario.
Los cálculos que hasta ahora ha realizado el equipo de investigación con estudio, salen en positivo. El grupo de investigación ya ha realizado estudios piloto, como el de la DOP Estepa, donde se analizaron los créditos generados en 15 fincas y se extrapolaron los resultados a las 50.000 hectáreas del conjunto. “El resultado fue que, en un periodo de cinco años, podrían ingresar 20 millones de euros en ingresos adicionales si cambiaban sus prácticas”, señala. "Esa cifra, repartida entre cooperativas y socios, supone una cantidad muy respetable para reinvertir en mejoras", añade.
Los créditos se venderían a operadores de distintos sectores económicos que necesitan compensar sus emisiones en el marco regulado. “La forma más directa de cumplir las normas es comprar créditos y pagar a quien está haciendo lo contrario que ellas, capturar CO2 en lugar de emitirlo”, simplifica Liétor.
Eso sí, el agricultor no tendrá que lidiar directamente con la burocracia del proceso. La certificación la realizarían intermediarios acreditados como consultoras o entidades certificadoras, que cuentan con la autorización y el conocmiento técnico necesario. “El agricultor no tiene por qué tener ese conocimiento ni dispone de la capacidad para implementar el proceso él mismo”, aclara.
Aunque todavía no hay experiencias consolidadas en el olivar andaluz y todo depende de la aprobación del reglamento europeo, el interés crece. Organizaciones agrarias como Asaja ven con buenos ojos cualquier ingreso extra para el campo. Sin embargo, el precio que se fije por crédito sigue siendo una incógnita.
El equipo de Lietor ha trabajado en talleres con agricultores, calculando escenarios prácticos. “Les ayudábamos a calcular los créditos generados gracias a aumentar la cubierta vegetal o aportar estiércol o alperujo en sus propias fincas, y los números resultaban favorables. A nadie le amarga un dulce”, explica.
Aun así, Lietor matiza que el verdadero valor no debería residir solo en el dinero. “No vemos que sea una solución cambiar el modelo de trabajo únicamente por un incentivo. Cambiar el modelo va tocando de por sí, porque necesitamos un olivar resiliente y resistente al futuro que nos espera. Luego, si eso conlleva un beneficio extra, mejor”, sostiene.
El investigador prefiere ser prudente cuando se le pregunta sobre los créditos de carbono en el futuro del olivar. “Después de la jornada responderemos mejor, porque queremos conocer de primera mano la opinión de los agricultores. Aunque los contenidos del Reglamento Europeo y el coste y la complejidad del proceso de certificación serán elementos clave, también lo es la predisposición y la voluntad del agricultor, que en buena medida depende de su formación sobre este asunto, algo que resolveremos sin duda el 16 de octubre”, admite.
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