La Zona de Bajas Emisiones de Jaén preocupa en el casco histórico: "Hay que medir dónde se contamina más"

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Jaén entra en su fase decisiva entre plazos legales y creciente debate ciudadano. El documento elaborado por el Ayuntamiento se encuentra actualmente en consulta pública y abierta hasta el próximo 26 de febrero, pero el último planteamiento, que delimita el casco histórico como ámbito principal de restricción, ha generado malestar entre vecinos y colectivos sociales.

La ZBE no es una opción política, sino una obligación derivada de la normativa europea y estatal en materia de calidad del aire, contaminación del ruido y movilidad sostenible. En la Unión Europea, las ciudades obligadas debían tener implementadas estas zonas desde el 1 de enero de 2023, aunque muchas, entre ellas Jaén, han ido acumulando retrasos con los diferentes gobiernos. El Ayuntamiento trabaja con el horizonte de 2026 para su plena puesta en marcha, tras la aprobación de la ordenanza y un periodo inicial de adaptación.

Un diseño “laxo”

El pasado noviembre, fuentes municipales señalaban que la ZBE sería lo menos lesiva posible para la ciudadanía, con un diseño “laxo”, amplias excepciones para residentes y centrada en el casco histórico. Además, ese mismo mes, el alcalde, Julio Millán, trasladó al Consejo Económico y Social (CES) y a colectivos sociales la voluntad de construir una zona no limitante, accesible y útil, acompañada de un periodo de seis meses de adaptación sin sanciones.

Sin embargo, el 14 de diciembre trascendió un borrador más concreto que afectaba a barrios como La Magdalena, San Ildefonso, San Bartolomé, La Merced o el Arrabalejo, con restricción general de acceso salvo para vehículos con etiqueta Cero o Eco, aunque con excepciones para residentes, garantizadas durante al menos diez años, y con una aplicación para autorizar accesos puntuales.

“No se puede aplicar una microcirugía sin diagnóstico”

Jesús Cárdenas, del colectivo Rebullentopía, insiste en que su postura no es contraria a la ZBE en sí. “La zona de bajas emisiones es buena y necesaria. Si creemos en el cambio climático y en mejorar la salud, hay que actuar. Pero primero hay que medir dónde está el problema”, sostiene.

A su juicio, el Ayuntamiento ha invertido el orden lógico. “Lo primero es un estudio técnico riguroso calidad del aire, ruido, flujos de tráfico, impacto social. Hay que medir donde se contamina más. Después, delimitar las zonas. Aquí se ha señalado el perímetro sin que conozcamos esas mediciones”, según este vecino.

Cárdenas afirma que la última medición importante es de 2013 y reclama que se utilicen estaciones móviles para analizar la situación barrio a barrio. “No se puede hacer una microcirugía sin pruebas previas. Es como operar sin diagnóstico”, ejemplifica.

Además, advierte del riesgo de ubicar la ZBE en zonas que ya tienen poco tráfico. “El propio Ministerio de Transición Ecológica ha señalado como error implantar zonas de bajas emisiones en cascos históricos o áreas ya peatonalizadas, donde la reducción de emisiones ya se ha producido. Si delimitas una zona que ya tiene pocas emisiones, no respondes al objetivo real de la ley”, apunta.

Desde Rebullentopía también cuestionan el proceso participativo. “Esperábamos un folio en blanco con datos sobre la mesa para construir entre todos. No un mapa ya dibujado”, resume. Aun así, animan a la ciudadanía a presentar alegaciones antes del 26 de febrero.

“La ZBE está abierta a mejoras”

Fuentes municipales subrayan que el proceso sigue abierto y que el documento “no está cerrado”. “Se han hecho muchas reuniones con colectivos y se siguen recogiendo aportaciones. Se pueden hacer sugerencias de distinto tipo y se están atendiendo peticiones concretas, como accesos para familiares de residentes o propietarios de cocheras”, indican.

Defienden que la ZBE propuesta es “muy laxa” y que el objetivo no es penalizar a los vecinos, sino reducir el tráfico de paso. “Aunque pueda parecer que no hay tráfico, sí hay zonas con mucho trasiego, como Martínez Molina, Álamos o San Ildefonso. En calles pequeñas, la capacidad de dispersar la contaminación es menor, por eso hay que actuar en esa zona”, explican.

El Ayuntamiento también confirma que se está encargando del trabajo a una consultora especializada y que la implantación incluirá un periodo informativo y de adaptación antes de aplicar sanciones.

La Magdalena: “Nos pueden aislar”

En el barrio de La Magdalena, uno de los incluidos en el borrador, la preocupación es palpable. Ángeles Estepa, vecina de la zona, reconoce que la ZBE “es de obligado cumplimiento y puede mejorar la calidad de vida”, pero critica que ha habido tiempo suficiente para consensuarlo y "no se ha hecho el trabajo previo".

“El documento está en exposición pública, pero poca gente lo conoce”, lamenta Estepa. A su juicio, el problema no es solo el perímetro, sino la falta de un plan integral de movilidad. “Se ha separado el casco histórico para darle un tratamiento distinto al resto de la ciudad, pero sin abordar el transporte público”, según señala.

Estepa recuerda que llevan “más de veinte años” reclamando un servicio de autobús adecuado. “El que va a la universidad o a trabajar no puede llegar a tiempo. Al centro no se llega antes de las ocho y cuarto, y luego no hay frecuencia suficiente. Llamar a un taxi es complicado. Si restringes el acceso sin alternativas reales, nos aíslas”, advierte.

Aunque los residentes podrán circular, teme las consecuencias para la vida cotidiana. “No tenemos claro si familiares y amigos no podrán venir con sus vehículos si no cumplen los requisitos", subraya esta vecina de La Magdalena. También alerta del posible efecto desplazamiento. “No se puede trasladar la contaminación a otras áreas, como la circunvalación. Si no hay un estudio técnico que diga dónde está el problema, la medida puede ser injusta e ineficaz”, afirma Estepa.

El dictamen del CES

El Consejo Económico y Social de la ciudad ha aprobado un dictamen en el que reconoce que la ordenanza cumple formalmente la legislación, pero la califica como una regulación “de mínimos” y advierte de que su aplicación no puede seguir adelante sin un proyecto técnico que justifique las medidas.

Uno de los puntos más sensibles es la inclusión de un listado inicial de calles. El CES recomienda retirarlo hasta contar con un diagnóstico previo que evite alarma social y posibles impugnaciones. Desde los colectivos se insiste en que la ZBE debe ser un escudo protector, "no una restricción sin sentido” y que debe integrarse en un futuro Plan de Movilidad Urbana Sostenible y coordinarse con el planeamiento general.

Con la consulta pública en marcha hasta el 26 de febrero, el debate sobre la ZBE se centra menos en el “sí” o el “no” y más en el “cómo” y el “dónde”. Mientras el Ayuntamiento apela a la obligación legal y a la mejora ambiental, los vecinos reclaman “datos, diálogo y alternativas reales de movilidad”.

"Nadie quiere beber agua sin saber si tiene el cloro adecuado. Lo único que pedimos es que nos digan dónde está el problema y que la solución sea proporcional”, cuenta Cárdenas. “Que dialoguen, que midan y que piensen en cómo vivimos en estos barrios antes de tomar una decisión que nos puede marcar durante años”, expresa, por otro lado, Estepa.