Berlín defiende la excepción a la prohibición de combustión en 2035

El gobierno alemán presidido por Friedrich Mertz, una coalición formada por la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), plantea que se permita la matriculación de vehículos nuevos más allá de 2035 a modelos con motor de combustión altamente eficientes, junto a los vehículos eléctricos.

La unificada posición nacional de Alemania, que se trasladará en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, argumenta que la transición debe acomodar una gama más amplia de tecnologías y, para ello, tener en cuenta no sólo esos motores térmicos más eficaces, sino también a híbridos enchufables o vehículos eléctricos con extensor de autonomía. También tener en cuenta los nuevos combustibles respetuosos con el medio ambiente.

El propósito de esta extensión es que se proteja al mismo tiempo la competitividad de la industria automovilística y los empleos vinculados a ella.

La posición alemana se presenta cuando la UE tiene previsto ofrecer una propuesta revisada el próximo 10 de diciembre, lo que podría abrir un intenso debate sobre el futuro del motor de combustión en Europa.

Recordemos que la UE anunció a principios de este año que está considerando revisar el reglamento que preveía la eliminación de los vehículos de combustión de cara a 2035 -en realidad, apuesta por las cero emisiones- a propuesta de varios países entre los que estarían Alemania, Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria o Rumanía.

Otros como Francia y España, así como Bélgica, Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Irlanda, defienden que se mantengan el objetivo de las cero emisiones de CO2 para los turismos nuevos dentro de diez años sin que se abra la puerta a motores de combustión de ningún tipo o hibridaciones de cara a ese momento, una de las piezas del Pacto Verde y para así llegar a las emisiones netas en 2050, como exige la Ley Europea del Clima.

Otros argumentos de este grupo es que se generaría inseguridad jurídica para los fabricantes, reduciría la necesidad de acelerar los desarrollos de electrificación total en el ámbito de la UE o el mensaje que se traslada a los ciudadanos. Como contrapartida desde estos países se piden más ayudas o incentivos de compra para los eléctricos, sean de batería o pila de combustible.