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El Grupo Popular ha presentado en la Comisión de Industria del Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a crear un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico Español, concebido como complemento a los programas de incentivación de la movilidad eléctrica ya existentes. La clave de la propuesta es que la ayuda se aplique en el mismo momento de la compra, evitando que el comprador tenga que adelantar todo el importe del vehículo.
Según el PP, el modelo actual del Plan Moves III “no ha funcionado” porque las ayudas no se descuentan en la factura y exigen una tramitación “excesivamente compleja”. El partido de Alberto Núñez Feijóo denuncia que los usuarios deben pagar el coche íntegro y esperar “meses o años” hasta recibir el reembolso, lo que genera desconfianza y barreras financieras para muchas familias.
La iniciativa popular plantea que el nuevo plan incentive el paso de vehículos de combustión antiguos a modelos de cero o bajas emisiones, fijando objetivos concretos de retirada y sustitución para todo tipo de vehículos: camiones, autobuses, furgonetas, automóviles y motocicletas.
Además, el PP quiere que las ayudas no se limiten al vehículo nuevo: propone que también puedan beneficiarse de los incentivos los vehículos de ocasión o usados que cumplan con la normativa Euro 6d, con el objetivo de facilitar la renovación del parque a las rentas medias que optan por coches seminuevos o híbridos básicos.
El texto registrado por el PP incluye, en paralelo, un paquete de medidas fiscales. Por un lado, reclama una reducción temporal del IVA para la compra de vehículos identificados como de bajas emisiones. Por otro, pide introducir deducciones en el IRPF tanto por la adquisición de vehículos electrificados como por la inversión en puntos de recarga privados.
La formación popular considera que esta combinación de rebajas impositivas y ayudas directas en el momento de la compra permitiría acelerar la renovación del parque automovilístico español, uno de los más envejecidos de Europa, sin excluir a quienes no pueden acceder a un eléctrico nuevo de alta gama.
La proposición no de ley se completa con la petición de un Plan de Despliegue de una Red Nacional de Infraestructuras de Recarga Pública, diseñado en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos. El PP quiere que este plan se articule mediante mecanismos de concurrencia competitiva y que permita cumplir las exigencias europeas sobre distancias máximas entre puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como para los que utilicen biocombustibles, combustibles sintéticos o hidrógeno.
Finalmente, el grupo popular propone estudiar incentivos específicos para el coste del suministro eléctrico de los sistemas de carga rápida y ultrarrápida. Estas ayudas se orientarían sobre todo a usuarios intensivos y profesionales, como pymes y autónomos, que dependen de sus vehículos para su actividad diaria.
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