La historia está llena de piratas. Algunos reales, otros ennoblecidos con el tiempo. Todos, sin excepción, persiguieron lo mismo: poder, botín y control. Cambian las banderas, cambian los mares, pero la lógica permanece.
En el siglo XVII, el Caribe fue el gran tablero del saqueo global. Allí confluyeron corsarios ingleses, franceses y holandeses, alentados –cuando no directamente financiados– por sus respectivas coronas. No eran simples delincuentes: eran instrumentos informales del poder, útiles mientras servían a los intereses del imperio.
Entre todos ellos, uno destacó por encima del resto: Henry Morgan.
Morgan no fue solo un pirata. Fue un estratega del pillaje. Arrasó Portobelo, Maracaibo y Panamá con una eficacia que humilló a ejércitos regulares. Supo ocultar su tesoro, eliminar a quienes podían delatarlo –la leyenda habla incluso de esclavos decapitados tras ayudarle a esconderlo– y, lo más revelador, supo convertir el crimen en mérito político. Murió ennoblecido, nombrado gobernador, integrado en el mismo orden que había violentado.
El pirata convertido en autoridad.
El saqueo transformado en sistema.
Pero incluso Morgan tenía límites. Su radio de acción era regional. Su poder dependía de hombres armados y barcos de madera. Su violencia era directa, visible, inmediata.
Hoy el mundo ha cambiado. Y con él, la piratería.
El tesoro del siglo XXI ya no es el oro ni la plata. Es el petróleo, el gas, los minerales estratégicos, las rutas comerciales, el control energético y financiero. El botín no se entierra en una isla: se gestiona desde mercados, sanciones, acuerdos y presiones diplomáticas.
En este escenario emerge una figura que, sin necesidad de galeones ni espadas, encarna una lógica sorprendentemente antigua: Donald Trump.
La comparación no es literal, sino estructural. Trump no actúa como un pirata al margen del sistema, sino como un pirata desde dentro del sistema, utilizando el poder institucional de la mayor potencia del planeta para imponer su voluntad. El interés declarado por Groenlandia –territorio ajeno, pero estratégicamente codiciado– no es una extravagancia retórica: es la expresión moderna del viejo impulso de apropiación.
Groenlandia es hoy lo que una isla del Caribe fue para Morgan: un enclave rico, deseado, justificado en nombre de la “seguridad”.
Lo mismo ocurre con Venezuela, Cuba, Colombia, Honduras y buena parte de América Latina, donde la política exterior estadounidense sigue orbitando alrededor del control de recursos, la estabilidad conveniente y la subordinación estratégica. No siempre mediante invasiones, sino mediante bloqueos, sanciones, condicionamientos financieros y presión política.
Aquí la analogía alcanza su punto decisivo. Morgan saqueó ciudades. El pirata del siglo XXI opera sobre países enteros y sobre el orden internacional.
Nunca antes un “pirata” tuvo a su disposición tal capacidad de intervención. La tecnología, la economía globalizada y el poder militar permiten hoy desestabilizar regiones completas sin disparar un solo cañón. Un decreto, una sanción o una amenaza comercial pueden causar más daño que una flota entera del siglo XVII.
Y, sin embargo, hay un elemento aún más inquietante: la legitimidad democrática.
Morgan actuaba en la sombra del imperio. Trump ha sido elegido por millones de ciudadanos. No gobierna contra el sistema, sino con el respaldo formal de las urnas. Eso plantea una pregunta incómoda: ¿qué dice de nuestras democracias que líderes con esta lógica de poder sean no solo tolerados, sino aclamados?
El problema de este nuevo tipo de piratería no es solo el daño inmediato que causa fuera. Es que desestructura el propio sistema que dice proteger. Las normas internacionales se relativizan, las alianzas se erosionan, la diplomacia se sustituye por la amenaza. Y el mensaje que se transmite es claro: la fuerza prima sobre el derecho.
Este tipo de actuaciones no se quedan aisladas. Se contagian.
La historia lo demuestra. Cuando un pirata impone su método con éxito, otros aprenden. En el siglo XIX, mientras Occidente mitificaba a sus corsarios, el Sudeste Asiático conoció sus propios piratas. En los mares de Malasia y Borneo surgieron figuras que la literatura convirtió en leyenda, como Sandokán, el Tigre de Malasia: romántico en el relato, pero símbolo de una región sometida a la presión colonial y a la lucha por el control de rutas estratégicas.
Aquellos piratas comprendieron algo esencial: el poder no se ejerce solo con armas, sino controlando pasos, enclaves y corredores comerciales. Exactamente lo mismo que hoy se disputa en el Ártico, en el mar de China Meridional o en los grandes flujos energéticos y tecnológicos.
En este contexto, China no es un actor ajeno al paralelismo, sino parte de su evolución lógica. Pekín observa, aprende y actúa con paciencia estratégica. No hay bandera negra ni abordajes, pero sí infraestructuras, deuda, presencia naval disuasoria y control progresivo de espacios clave. Es otra forma –más sofisticada– de piratería contemporánea.
Cuando una potencia rompe los moldes, otras toman nota. Cuando las reglas se relativizan, el vacío se llena. Y cuando el saqueo se normaliza como política eficaz, deja de ser excepción para convertirse en precedente.
La historia nunca se repite exactamente, pero rima con inquietante precisión. Y cuando demasiados piratas creen haber encontrado el mapa del tesoro definitivo, el riesgo ya no es solo el saqueo de una región concreta. Es que el mar entero —y quizá el mundo— se vuelva ingobernable si no se pone límite a esta locura.
Henry Morgan saqueó el Caribe. El pirata del siglo XXI tensiona el orden global desde el corazón del poder.
Otros observan, aprenden y se preparan.
Porque cuando el saqueo se convierte en método, cuando la ambición destructora y sin límite se normaliza como liderazgo y la fuerza sustituye al derecho, ya no está en juego un botín ni un territorio: está en juego la posibilidad misma de recomponer el mundo después.