El fiscal general, condenado

Había un cierto tufo a operación política diseñada desde arriba, utilizando para ello al fiscal general del Estado más obediente de la historia, para erosionar la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para el observador, el tema cogió cierto vuelo cuando se supo la extraña actitud del representante socialista en esa Comunidad, a priori el primer beneficiado, acudiendo a una notaría para dejar constancia de su ajenidad en los hechos, por lo que pudiera pasar (y pasó…); también con la contundente de declaración de los agentes de la UCO destacados en la investigación, que no daban crédito cuando, preguntado el investigado sobre el destino del terminal de su teléfono, les manifestó que lo había destruido, ¡a martillazos!; o con la declaración de la fiscal jefe de Madrid, quien respondió de manera castiza y desenfadada cuando, al recibir por la mañana la llamada del jefe, le espetó sin anestesia eso de “qué, ya lo has filtrado…”.

Todo esto no tenía por qué llevar sin más a la culpabilidad del acusado, faltaría más, pero sí desde luego que abría la vía para el necesario esclarecimiento de los hechos, por lo que de entrada quedan ya desacreditadas tantas críticas desaforadas como se oyen estos días. Dicho de otra manera, aunque el Tribunal Supremo hubiera absuelto al fiscal general como muchos esperaban (yo entre ellos, sobre todo por el carácter garantista del derecho penal) no por ello los hechos iban a ser igual de lamentables, ni el daño infligido a la institución recuperable. El Supremo, sin embargo, ha anunciado su decisión condenatoria, y habrá que estar a sus fundamentos, y los de los votos particulares, para hacer un análisis riguroso de la misma.

El Gobierno y sus terminales mediáticas han saltado en tromba contra la sentencia, sin conocerla. En realidad, no han hecho sino seguir el guion que Moncloa tenía diseñado si la moneda salía cruz. Como caracteriza al personaje, el presidente Sánchez utiliza un episodio en apariencia negativo para revertirlo como palanca de impulso, aunque sea a costa de deslegitimar al poder judicial y dividir aún más a los españoles. En las sociedades democráticas consolidadas, con una cuarta parte de lo ocurrido cualquier gobernante estaría hace tiempo en su casa, pero ahí sigue, inasequible al desaliento, reforzado además por su clientela.