Jueces contra el boicot a Israel

La decisión de algunas universidades españolas de romper acuerdos de colaboración e investigación con entidades de Israel que no han condenado la masacre de este país en Gaza puede tener un efecto más simbólico que práctico. No hay en juego contratos millonarios de armas o tecnología, pero la posición crítica de las instituciones de educación superior de un importante país europeo supone un potente mensaje y prueba de ello es la reacción y lo que ha venido después. Es un mensaje hacia el exterior del país –universidades como la de Barcelona, Valencia o Granada tienen posiciones destacadas en los ranking internacionales–; pero también hacia dentro, porque en España es mayoritaria la condena popular de los atroces acontecimientos.

Las medidas adoptadas por rectores españoles y sus equipos responden también a una necesidad de situarse en un determinado lado de la Historia, que con los años pasará revista y dejará constancia de dónde estuvieron dirigentes, instituciones, gobiernos (y jueces) de todo el mundo ante unos hechos tan graves.

La Universidad de Granada reconoce que el efecto real de suspender sus acuerdos de colaboración con algunas entidades hebreas ha sido casi nulo en lo económico y en la movilidad de personas. Pero insiste en defender su autonomía que abordar esa decisión, incluso en el Tribunal Supremo, ante el que recurrirá la reciente respuesta del TSJA, que le obliga a mantener esos acuerdos, al considerar que su suspensión estigmatiza a las personas, perjudica la movilidad y puede ser inconstitucional.

La de Granada no es la única universidad española que adoptó esa decisión, pero en otros casos los jueces han tomado caminos dispares. La organización que denuncia esto en los tribunales sí es siempre la misma, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que también libra la batalla del relato en España, con recursos económicos y capacidad de influencia. Al final puede ser el Tribunal Supremo el que asuma la responsabilidad de unificar doctrina en este asunto, que no es menor, porque puede tener su correlación en otro tipo de vetos como el embargo del Gobierno español. ¿Podría acabar esto en otro choque del poder judicial y el ejecutivo? Es quizás adelantarse mucho, pero no deja de ser llamativo que algunos jueces españoles estén preocupados por los derechos fundamentales de los investigadores judíos mientras el mundo entero asiste a una matanza impune de civiles.