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Por más que fuera previsible, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de solicitar al Tribunal Supremo la imputación del ex ministro José Luis Ábalos en el llamado caso Koldo supone un paso jurídico de la máxima importancia. Con esta medida, el escándalo de presunta corrupción en el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos se sitúa tan cerca del presidente del Gobierno que difícilmente Pedro Sánchez podrá escapar a las consecuencias políticas que de él se deriven. El auto del magistrado Moreno considera que existen “indicios fundados y serios de que el entonces ministro “jugó un papel principal” en la trama que está en investigación por lo que se le atribuye una “imputación clara y directa” en los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El asunto es suficientemente grave para que desde el Gobierno se le hubieran dado ya a la ciudadanía explicaciones. No se trata de un personaje menor. Ábalos era, además de persona de la máxima confianza de Sánchez desde el comienzo de la trayectoria política que lo llevó a la Moncloa, el responsable del ministerio con mayor capacidad inversora y de licitación pública y el máximo responsable del funcionamiento orgánico del PSOE. Por cualquiera de estas derivadas su vinculación directa a Sánchez está evidenciada. Hay muchas cosas que el presidente debería explicar, empezando por las razones que provocaron su sorprendente salida del Ejecutivo y terminando por el conjunto de intereses que se movieron en torno al rescate de la aerolínea Air Europa. Cuanto más tiempo se tarde en aclarar las cosas, mayor será el potencial explosivo de esa bomba en la que se ha convertido Ábalos. Es evidente que la mera investigación de los hechos no presupone la culpabilidad del ex ministro, ni siquiera la existencia de una red organizada de corrupción. Pero mientras persistan las dudas, el desgaste político de Sánchez está garantizado. En España hay, desgraciadamente, demasiados ejemplos recientes de esto.
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