Las cotizaciones de los autónomos

Como viene siendo norma desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha vuelto a meterse en un lío con la propuesta de subida de cotizaciones sociales para los trabajadores autónomos y se ha visto obligado a rectificar. El planteamiento inicial defendido por la ministra de Seguridad Social proponía subidas escalonadas en 2026, 2027 y 2028 con incrementos mensuales que el primer año oscilarían entre los 17 y 206 euros mensuales, afectando a la mayoría de los tramos de ingresos. La principal controversia surgió porque con el sistema presentado los aumentos porcentuales impactaban de forma más acusada en los tramos inferiores de ingresos. Las reacciones contrarias fueron fulminantes, tanto entre las organizaciones profesionales que agrupan a los autónomos como entre las fuerzas sindicales y políticas. A ese rechazo se sumaban los principales socios del Ejecutivo en el Parlamento y Sumar, el partido coaligado con el PSOE en el Gobierno. Ante la fuerte oposición cosechada, la ministra Elma Saiz no ha tenido más remedio que echar marcha atrás e intentar apagar el incendio con el compromiso de que se congelará en 2026 la cuota de los autónomos con ingresos netos inferiores a los 1.667 euros al mes. Estamos, como en otras ocasiones, ante una medida de enorme alcance y que no ha sido convenientemente explicada. La subida se enmarca en un modelo que se aplica desde 2023 tendente a ajustar la cotización de los autónomos a sus ingresos reales al objeto de mejorar sus futuras pensiones y equipararlas a la de los trabajadores del Régimen General. Pero en la práctica, con las cantidades y plazos con los que se ha anunciado, no deja de ser otra cosa que una maniobra recaudatoria del Gobierno que incide en la calidad de vida de muchos millones de familias en España. Los trabajadores autónomos son un colectivo cuya situación requiere una atención específica que no pasa, precisamente, por obligarles a pagar más impuestos y llevar menos dinero a sus casas.