Otra ocurrencia

Aestas alturas de la legislatura hay pocas dudas de que los nacionalistas catalanes han decidido convertirla en una especie de carrera de obstáculos que Pedro Sánchez está obligado a superar para mantener su precaria y agujereada mayoría parlamentaria. A veces estos escollos afectan a aspectos fundamentales de la arquitectura democrática, como en el caso de la amnistía; otras, comprometen el papel de España en la comunidad internacional, como el fracasado empeño de convertir el catalán en lengua oficial de la UE, y algunas parecen meras ocurrencias, paridas por una mente retorcida sin otro objetivo que ver humillado al Gobierno. Es lo que sucede ahora con la pretensión de que cualquier empresa española que rebase unos bajos límites de facturación y plantilla esté obligado a atender en catalán –y en las demás lenguas autonómicas– a cualquier persona que lo solicite en cualquier parte del territorio nacional. Ello implicaría, por poner un ejemplo fácilmente comprensible, que la empresa de suministro de agua de Sevilla, que actúa exclusivamente en la capital andaluza y su zona metropolitana, estaría obligada a mantener de forma permanente un servicio de atención en catalán, vasco o gallego. Y, lógicamente, a pagarlo, aunque no lo usara nunca. Es evidente que se trata de una proposición absurda y carente de cualquier sentido lógico, que solo trata de dejar claro quién tiene la sartén por el mango en el Congreso de los Diputados. Lo grave de este caso es que portavoces del PSOE y del Gobierno la han valorado como una petición comprensible y que debe ser valorada. Si finalmente la medida llega a publicarse en el Boletín Oficial del Estado estaremos ante un límite difícilmente superable de un Gobierno que se pliega a cualquier exigencia que le ponen por delante y que sabe que su propia supervivencia está basada en la aceptación permanente de un chantaje.