Regularización de inmigrantes

03 de febrero 2026 - 03:09

El Gobierno ha iniciado la tramitación de una regularización extraordinaria de extranjeros que ya residen en España. Se estima que el proceso podría beneficiar a un colectivo de medio millón de inmigrantes que viven en situación irregular pero que en una mayoría de los casos forman ya parte de la fuerza laboral del país, aunque lo hacen dentro de la economía sumergida. La medida se articulará mediante un real decreto y permitirá solicitar permiso de residencia y trabajo entre abril y junio de este año a los extranjeros que acrediten haber entrado en el territorio nacional antes del 31 de diciembre de 2025, una permanencia continuada de al menos cinco meses y no tener antecedentes delictivos. Esta medida retoma la Iniciativa Legislativa Popular presentada en febrero de 2022, respaldada por 700.000 firmas de ciudadanos y que fue apoyada por el conjunto de las fuerzas políticas, incluido el PP y con la excepción de Vox. Cuando se lleve a la práctica, esta será la octava regularización de inmigrantes de la democracia española, que han sido impulsadas por gobiernos tanto socialistas como populares. Es lógico que una actuación de esta envergadura, que no ha sido negociada con el principal partido de la oposición, despierte controversia. España carece de una política clara en materia de inmigración y la cuestión está sometida a un debate confuso que tiene mucho de oportunismo partidista por parte de formaciones como Vox. La economía española no se entendería sin la presencia de un contingente cada vez mayor de trabajadores extranjeros que se han hecho imprescindibles en muchos sectores y que aseguran funciones tan básicas como la asistencia social. Desde este punto de vista es deseable que los extranjeros que trabajan en España estén legalizados y regularizados. Pero España tampoco puede presentarse como un país de fronteras abiertas al que cualquiera puede llegar. El Estado tiene la obligación de poner en marcha los mecanismos que hagan de la inmigración un activo económico y social y no una peligrosa rémora.

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