Tensa apertura del año judicial

En la memoria de los ciudadanos no se recuerda una apertura del Año Judicial tan tensa como la que ayer se pudo presenciar, un acto que ya venía precedido por una intensa polémica política en la que, una vez más, se ha puesto en evidencia la falta de respeto permanente al Poder Judicial que sufre la democracia española.

Para empezar, nunca se debería haber permitido que un fiscal general del Estado procesado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos hubiese intervenido en tan solemne y simbólico acto. Menos aún que aprovechase su discurso, como hizo, para defender sus intereses personales. Álvaro García Ortiz tiene, faltaría más, el derecho a la presunción de inocencia, pero también la obligación de guardar el decoro institucional al que le obliga su alto cargo. Ayer no lo hizo.

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y otros miembros del Partido Popular no estuvieron a la altura de las circunstancias al ausentarse de un acto de gran valor institucional y presidido por el Rey de España. Había muchas maneras de expresar su malestar por la inclasificable actitud del fiscal general que no pasaban necesariamente por plantar al Jefe del Estado y a toda la cúpula del Poder Judicial. En esta ocasión, el Partido Popular ha demostrado poco sentido institucional.

Quien sí estuvo en su sitio fue la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien no dejó de aprovechar su discurso para afearle al Gobierno sus continuas e inaceptables descalificaciones a los jueces, la última vez en la entrevista concedida por Pedro Sánchez a TVE a principios de esta semana. Perelló fue clara ante el ministro del ramo, Félix Bolaños, al afirmar que no es aceptable “desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación judicial”. Más claro no se puede decir, sin duda. Ahora toca tomar nota a quienes les corresponde.