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Nos encontramos ya en la etapa final del proceso de escolarización de Infantil, Primaria y Secundaria para el próximo curso. Como es sabido, se trata de asignar una plaza escolar especialmente a quienes ingresan por primera vez en el sistema educativo convencional (2º ciclo de la Educación Infantil) o en el primer curso de algunas de las otras etapas. Digamos que, de esta forma, se distribuye y agrupa al alumnado en uno u otro centro. Lejos de ser esta una cuestión meramente técnica, el proceso está cargado de criterios y decisiones que acaban por configurar una política de escolarización.
Un asunto de primer orden es la relación entre plazas escolares públicas y privadas. En el ámbito de la enseñanza obligatoria se trata de determinar cuántas se asignan a los centros públicos y cuántas a los centros privados concertados. Actualmente en Andalucía la enseñanza privada concertada atiende aproximadamente al 30% del alumnado de enseñanza obligatoria, al 50% si nos referimos a los grandes núcleos urbanos. Pero, en algunas etapas educativas, en los últimos años está proporción está variando en detrimento de los centros públicos, y ello es debido a que el descenso de la natalidad se repercute con la supresión de unidades escolares de estos centros, mientras que se mantienen en los privados concertados.
En lo que respecta a otros niveles de enseñanza, como la Formación Profesional, el crecimiento de la matrícula en centros privados ha sido de proporciones espectaculares, mientras que, frente al aumento de la demanda, la oferta pública ha respondido de forma mucho más modesta.
Otra cuestión de calado es qué medida la política de escolarización contribuye a la cohesión social, es decir, a minimizar la segregación del alumnado debido a su origen social. El asunto es ciertamente complicado puesto que no es fácil esquivar la realidad de la distribución por clase social de los lugares de residencia y, por tanto, el efecto que ello produce sobre la composición social del alumnado de unos u otros centros. La realidad es que se van configurando centros escolares socialmente homogéneos, unos que resultan “atractivos” y otros a los que nadie o casi nadie quiere ir, lo que profundiza la espiral de la segregación. Una adecuada política de escolarización tendría que compaginar el objetivo de la cohesión social con la realidad de la segregación residencial, sirviéndose, por ejemplo, del instrumento de la adscripción de centros de Primaria a los de Secundaria y, en, todo caso, multiplicando los recursos para que esos centros menos “atractivos” reviertan esa imagen.
Por otra parte, el decreto que en Andalucía regula el proceso de escolarización establece que debe garantizarse el acceso en condiciones de igualdad, así como la libertad de elección de centro, pero ¿realmente ocurre esto en la práctica? Examinando la geografía de la oferta de puestos escolares en los núcleos urbanos, puede advertirse que hay zonas que están sobre-escolarizadas. Esto significa que han de producirse trasvases de población escolar de unas a otras, lo que cuestiona la igualdad de oportunidades. A este respecto, sin merma de la relevancia del factor proximidad, quizás fuera conveniente actualizar la configuración de las llamadas zonas escolares buscando un mayor equilibrio entre ellas.
Finalmente, la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es otro asunto que merece mucha atención. En este caso se trata de ir más allá de su mero alojamiento en un centro escolar. Si realmente se quiere escolarizar ateniéndose a los criterios que marca la legislación actual –inclusividad, personalización de la enseñanza, no discriminación, igualdad efectiva de acceso…– que, además, obliga a una distribución equilibrada entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es necesario emplearse en corregir la descompensación que hay entre centros públicos y centros privados subvencionados; pero, sobre todo, tal y como reiteradamente vienen denunciando las familias, es necesario aumentar significativamente los recursos.
En definitiva, frente a lo que a veces pudiera parecer, la escolarización no es una cuestión meramente técnica, sino un proceso que atiende a criterios políticos más o menos explícitos, y que, en consecuencia, es parte ineludible de una determinada política educativa.
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