Una amenaza a la dignidad humana

Me cuesta permanecer callado ante la propuesta últimamente reiterada de deportar inmigrantes nacionalizados. Lo que trata de proponer Vox no es política migratoria sino una agresión directa al Estado constitucional de Derecho. Que se hable de deportar a personas incluso con nacionalidad española por una supuesta “falta de integración” representa una regresión jurídica inaceptable, una fórmula contemporánea de apartheid pretendidamente legal que atenta contra el principio básico de igualdad ante la ley y un delirio jurídico contrario al artículo 14 de la Constitución.

Deportar a personas con nacionalidad española, por motivos tan vagos como “no integrarse”, vulnera de forma directa el principio de igualdad y no discriminación (art.?14 CE). Se está insinuando que existen dos tipos de ciudadanos: los “auténticos” (nacidos en España, blancos, homogéneos) y los “naturalizados sospechosos”, que podrían perder su estatus si no cumplen con ciertos patrones culturales impuestos desde una ideología ultranacionalista.

Pero tal insinuación resulta a todas las luces inconstitucional. El derecho a la nacionalidad no puede condicionarse ex post a la aprobación subjetiva de un partido político sobre qué significa “ser español”. Si un nacional español comete un delito, se le juzga como a cualquier otro; pero si no ha cometido delito alguno, no hay base alguna para plantear su expulsión. En ello radica la esencia del principio de legalidad.

Aceptar la lógica de Vox implicaría convertir la ciudadanía en un privilegio revocable, no en un estatus jurídico garantizado. Ello destruiría la seguridad jurídica y nos acercaría peligrosamente a regímenes autoritarios, donde los derechos dependen de la conformidad ideológica del sujeto con el pensamiento del gobierno en cuestión.

En la tradición jurídica que defiendo, el Derecho no puede aplicarse para castigar formas de vida, modos de hablar, acentos, religiones o diferencias culturales. Penalizar el no integrarse es tratar de consagrar un tipo penal “de vaguedad” a todas luces inconstitucional: la utilización de conceptos como “deportar” y “remigrar” dentro del contexto de políticas públicas sin delitos individuales es la máxima expresión de la frivolidad penal y de la perversión del discurso penal, valorando la inmigración como un delito de contenido más que difuso. Nos enfrentamos a una propuesta que convierte la existencia del otro en un motivo de sospecha colectiva.

Deportar a quien no se adapta, sin que haya delito ni condena judicial, es promover una pena sin juicio, un castigo por razones morales o estéticas, no jurídicas, que, como señalo, es radicalmente incompatible con cualquier estándar penal democrático, reproduciendo viejas fórmulas de criminalización por pertenencia.

Este tipo de propuestas no sólo rompen el acuerdo constitucional, legitiman el odio, lo normalizan desde el poder y degradan el debate democrático.

Los inmigrantes nacionalizados son ciudadanos plenos. Decir que deben ser expulsados si no “encajan” nos sitúa ante un nuevo paradigma de exclusión jurídica que recuerda al del nazismo, donde se comenzó señalando al judío asimilado como una “amenaza interna”. Una vez más la historia debería servirnos de advertencia.

En definitiva, la propuesta es inconstitucional, pues vulnera la igualdad, la legalidad y la dignidad humana. Es jurídicamente imposible, salvo en una dictadura. Es éticamente repugnante, porque convierte al diferente en sospechoso. Y es penalmente inaceptable, porque crea una criminalización estructural sin delito.

En definitiva, lo que se propone jamás sería un derecho. Es otra cosa: una ingeniería xenófoba del miedo, con tintes neofascistas, que ningún jurista comprometido con los derechos humanos puede asumir en silencio.