Un grupo de personalidades izquierdistas andaluzas han publicado un manifiesto en el que piden la unidad de las formaciones políticas de su sector con vistas a optimizar el resultado electoral. Quieren obtener más escaños para propiciar la sustitución del Gobierno andaluz del PP y, simultáneamente, perpetuar el Gobierno español de coalición. Llevan razón en denunciar la fragmentación de la izquierda, un fenómeno que data de antes de la transición a la democracia. Ahora bien, los únicos responsables de esa fragmentación son los propios izquierdistas. Cuando el PCE entró en crisis se formó IU, pero luego aparecieron sucesivamente Podemos, Sumar, Más Andalucía, Por Andalucía, etcétera. Si el motivo de esa división reside en los personalismos de los dirigentes, debería tener fácil arreglo; será más difícil si hay factores políticos de por medio. Y el primero es la línea a seguir con el PSOE. En su momento, Anguita ideó la teoría de las dos orillas: en una orilla estaba IU y en la otra el PSOE y lo que ahora es el PP. Había que establecer los acuerdos basándose en los programas, no en las siglas. Después IU y Sumar se alinearon con el PSOE, de modo que la unidad de las izquierdas andaluzas está en manos de Podemos, que debe decidir si proseguirá como fuerza autónoma o se integrará en un Frente Amplio de apoyo al PSOE. Mientras que la dirección andaluza de Podemos va a suscribir el documento, la nacional lo ha alabado, pero sin comprometerse a la unidad, pues insiste en la necesidad de la autonomía de la izquierda.
Para justificar la sustitución del Gobierno del popular Bonilla, los firmantes exponen varios índices sociales, como salario medio, desempleo, etcétera. Muestran que hay más pobreza en Andalucía que en el conjunto de España. Puesto que lo mismo ocurría en el franquismo y en la larga etapa de gobiernos socialistas, es difícil evaluar el significado de esos índices. Más ilustrativo habría sido compararlos con la situación en la última etapa socialista. Entonces habría sido factible averiguar si han empeorado o mejorado en la etapa popular. Según los análisis de los especialistas, salvo en el acceso a la vivienda, que ha empeorado, los demás índices han mejorado ligeramente, en mayor medida en el caso de la corrupción. Las afirmaciones de que los populares andaluces están desmantelando los servicios públicos y gobernando para una ínfima minoría solo son jaculatorias que no resisten el contraste con los datos. Una crítica más realista habría sido acusar a los populares de que gobiernan a un ritmo demasiado lento.
Exponen los firmantes una serie de objetivos. Al no especificar los mecanismos para lograrlos, es posible que, como meros enunciados desiderativos, incluso los populares estuviesen de acuerdo con casi todos ellos. Las dos excepciones serían el primero y el último. En primer lugar, el desarme de Andalucía y el desmantelamiento de las bases americanas. El problema es que la ventanilla de ese negociado no está en San Telmo, sino en Moncloa. Y resulta que varios de los sectores firmantes forman parte del Gobierno español. Así que, en la etapa actual, ese objetivo constituye un reproche a ellos mismos. El último de los objetivos es la soberanía de Andalucía, concorde con su apuesta por la plurinacionalidad. En cambio, los populares y los de Izquierda Española, que apuestan por el Estado de las Autonomías, defienden la soberanía única del pueblo español. Aunque no lo mencionan, hay bastantes indicios de que los firmantes apoyan el cupo fiscal catalán. Por el contrario, los populares lo rechazan, pues, como el caso vasco enseña, los cupos perjudican a las comunidades menos ricas y benefician a la más ricas. De hecho, si Cataluña y Madrid consiguiesen la soberanía fiscal, los presupuestos de Andalucía se mermarían bastante. Parece mal negocio optar por la soberanía fiscal a cambio de imponer altísimos impuestos o de recortar los servicios públicos, justo lo contrario de lo que pedíamos el 4D.
