El 9 de diciembre de 1938 y firmado por Negrín aparecía un decreto por el que se creaba el Comisariado General de Religión, dependiendo curiosamente del ministerio de la Guerra, que también regentaba Negrín. Tal disposición recuperaba la “…garantía de libertad de culto” y se encargaba de todo lo relacionado con actividades religiosas. El decreto era un soberbio ejemplo de la hoy llamada memoria democrática. Atrás quedaban casi siete mil religiosos sacrificados en la España frentepopulista por el mero hecho de su oficio; ni uno de ellos había matado a nadie. Fue el terror rojo en sus mejores esencias. Y ahora se volvía, como si nada, a permitir los viejos ritos. Protestó el anarquismo español, menos los socialistas y nada el PCE, quien siguiendo las directrices de la Komintern, seguía pretendiendo dar dentro y fuera de nuestro país una imagen de república democrática, más que revolucionaria, por si las potencias liberales europeas se decidían a una ayuda más sustanciosa. Negrín había añadido que una vez acabada la guerra habría amnistía total, al hilo de sus famosos trece puntos, publicados en abril de ese mismo 1938. Se olvidaría todo y se pediría que se olvidase todo. Borrar las barbaridades en uno y otro lado, cosa que los franquistas victoriosos no estaban dispuestos a compartir, viendo lo que veían conforme conquistaban lugares que habían sido gobernados por los comités frentepopulistas. En las conversaciones entre las dos partes, al final de la guerra, insistió mucho el bando vencedor en esa voluntad implacable de hacer justicia a quienes “tuviesen las manos llenas de sangre”. Y a su manera la hicieron. Parece ser que la memoria del franquismo, no democrática, era también memoria al fin y al cabo.
Resulta ahora curioso que en la ley 20/2022 de Memoria Democrática se reiteren términos consensuados como democracia, constitución, dictadura, franquismo, represión, etc., pero no aparezcan una sola vez las palabras que fundamentaron la lucha, equivocada o no, de aquellos cuya memoria en exclusiva quiere reivindicarse, y mucho. Localicen el decreto en su ordenador y busquen términos como Frente Popular, comunismo, socialismo o anarquismo. No asoman en ninguna de las 57 páginas del BOE. Y sin embargo fue por esos conceptos por los que murieron y mataron quienes ahora quieren ser dignificados por dicha ley. En el preámbulo quedan agavillados como que lucharon “…en defensa de la democracia y la libertad”. ¿Qué dirían, de poder hablar, quienes murieron y mataron por la colectivización de la tierra, por la nacionalización de la industria o por la dictadura del proletariado, al ver comparadas sus ansias con las de la tenue sociedad liberal? ¿Ha tenido quizá reparos o vergüenza el legislador en indicar la ideología de los represaliados por el franquismo? Y he dicho mataron porque de que murieron ya se encargó de recordarlo la ley de Memoria Histórica de 2007. Lejos de contradecir la consensuada ley que quiere honrar aún más a las víctimas del franquismo, aunque conviene recordar que muchos de los represaliados por la dictadura lo fueron por haber matado, haber mandado matar o haber incitado a matar. Para numerar en lo posible las muertes causadas por elementos, controlados o no, del Frente Popular, se creó en 1940 la llamada Causa General, una indagación exhaustiva oficial. Puede –por ahora– consultarse libremente en la red, por provincias y municipios. Se han digitalizado casi todas las 4.000 cajas con documentos donde aparecen las muertes y destrucción del patrimonio causado por los frentepopulistas en la guerra. En 1943 se hizo un libro-resumen con el mismo nombre, con los episodios, datos y nombres más llamativos.
Pero ni uno de los asesinados que salen en el referido proceso dejará de serlo por mucho Boletín Oficial que se eche encima ni toda la memoria, democrática o menos, que quiera endosarse a sus demócratas y liberales ejecutores.
