Pilar Cernuda
Vox dobla sus escaños ante el hundimiento del PSOE
La escena se repite millones de veces cada día: coges el móvil para consultar algo concreto y, media hora después, sigues deslizando el dedo por la pantalla sin recordar qué buscabas. No es casualidad ni falta de voluntad. Es el resultado de un diseño deliberado que ahora afronta su primera regulación seria en Europa, y las grandes tecnológicas han movilizado su maquinaria de lobby para impedirlo.
Según documenta el Corporate Europe Observatory (CEO) en una investigación publicada esta semana (Adictos al algoritmo: cómo las Big Tech hacen lobby para mantenernos enganchados a las redes sociales), las compañías propietarias de Facebook, Instagram, Tik Tok, Snapchat y YouTube han desplegado una ofensiva coordinada contra la Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act) que prepara la Comisión Europea. Esta normativa busca restringir las técnicas que mantienen a los usuarios enganchados a sus pantallas más tiempo del que desearían.
Los datos que justifican la intervención legislativa son contundentes. En Estados Unidos, los adolescentes pasan una media de 4,8 horas diarias en redes sociales, según recoge el informe del CEO. En Europa, el 97% de los jóvenes se conecta cada día y el 78% de los menores de entre 13 y 17 años revisa sus dispositivos al menos una vez por hora. Un cuarto de los menores presenta un uso "problemático" o "disfuncional" del smartphone.
Las consecuencias para la salud pública están documentadas por múltiples estudios científicos. El uso excesivo de pantallas y redes sociales causa daños neurológicos (reducción de la capacidad de atención y del control de impulsos), psicológicos (ansiedad, depresión, autolesiones) y físicos (reducción del sueño y la actividad física). Investigaciones recientes apuntan incluso a un deterioro cognitivo prematuro en adultos.
"Las plataformas de redes sociales aprendieron técnicas de las empresas del juego para mantener a los usuarios enganchados mediante me gusta, notificaciones y otros métodos que provocan respuestas de dopamina", explica Paris Marx, periodista especializado en crítica tecnológica, citado en el documento.
El modelo de negocio es claro: mantener a los usuarios el mayor tiempo posible aumenta la recopilación de datos y los ingresos publicitarios. Como señaló The Economist ya en 2016, "las empresas tecnológicas más exitosas de Silicon Valley utilizan conocimientos de diseño conductual para inyectarnos dopamina y conseguir que volvamos a sus productos".
La investigación del CEO, basada en documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia y el análisis del registro de lobby europeo, revela la magnitud de la resistencia industrial. El sector tecnológico cuenta con casi 900 lobistas a tiempo completo en Bruselas y un gasto anual en influencia política de 151 millones de euros, un 33,6% más que en 2023.
Cuatro empresas concentran el grueso de la presión contra la normativa. Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) gasta más de 10 millones de euros anuales en lobby europeo y mantiene 30 lobistas, siete de ellos con pase permanente al Parlamento Europeo. Google destina casi 5 millones y tuvo 51 reuniones con altos cargos de la Comisión en 2025, una media de una por semana. Tik Tok invierte hasta 1,75 millones anuales, mientras Snap Inc (Snapchat) dedica entre 600.000 y 700.000 euros.
Según los datos oficiales, entre diciembre de 2024 y enero de 2026, altos funcionarios de la Comisión Europea mantuvieron al menos 96 reuniones sobre la Ley de Equidad Digital. El 83% fueron con representantes de la industria tecnológica, frente a menos del 14% con organizaciones civiles.
El análisis del CEO identifica tres líneas argumentales recurrentes en la campaña de las tecnológicas. Primero, insisten en que la legislación existente, como la Ley de Servicios Digitales (DSA), ya aborda estos problemas y solo hace falta aplicarla mejor. Segundo, sostienen que las iniciativas voluntarias de la industria son suficientes. Tercero, advierten que la nueva regulación contradice el compromiso de la Comisión con la "competitividad industrial" a través de la simplificación normativa.
En una carta al comisario McGrath fechada en junio de 2025, Evan Spiegel, consejero delegado de Snap Inc, afirmó erróneamente que "los problemas que la DFA busca abordar, como el diseño adictivo, ya están regulados de forma integral por la DSA". En el mismo documento, Spiegel advirtió contra "prohibiciones generalistas de funcionalidades" y reglas de "desactivación por defecto".
Google, por su parte, argumentó en su respuesta a la consulta pública de octubre de 2025 que funcionalidades como la reproducción automática, las notificaciones o el scroll infinito "pueden ser beneficiosas o críticas para la seguridad según el contexto", y que los responsables políticos deberían considerar "las mejores prácticas lideradas por la industria".
La investigación documenta casos de aparente desinformación a las instituciones europeas. En una reunión de abril de 2025, lobistas de Meta presentaron ante la Comisión las Cuentas para adolescentes de Instagram como un espacio seguro con configuraciones protectoras por defecto que requieren aprobación parental para desactivarse.
Sin embargo, un estudio de la Fundación Molly Rose publicado en septiembre de 2025 concluyó que estas cuentas y sus algoritmos "fallan sistemáticamente en proteger a menores de contenidos dañinos" que promueven autolesiones, suicidio y trastornos alimentarios. El informe determinó que "el 64% de las herramientas de seguridad probadas fueron ineficaces, con solo un 17% funcionando como Meta describió".
Más revelador resulta el caso del Proyecto Mercury, una iniciativa de investigación interna de Meta cuyos primeros resultados mostraron que abandonar Facebook reducía la ansiedad y la depresión entre usuarios. Incluso una pausa de una semana producía mejoras notables en el bienestar mental. Según documentos judiciales estadounidenses revelados en noviembre de 2025, Meta decidió cancelar el proyecto y ocultar los hallazgos, que contradecían las afirmaciones de la compañía sobre la seguridad de sus plataformas.
Otro análisis citado en el informe muestra que la mitad de los estudios científicos sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad tienen vínculos con la industria.
Los autores académicos vinculados a Meta eran los más comunes, con un 14%, seguidos de Google (8%) y Microsoft (6%).
Algo que se inscribe en la ya larga historia de cómo las industrias que fabrican productos nocivos a menudo han logrado desviar la investigación científica para sembrar dudas.
El informe del CEO identifica también estrategias menos visibles. El Consumer Choice Center Europe (CCC Europe), que se presenta como defensor de los consumidores, está financiado íntegramente por Meta y Google según el registro de transparencia de la UE. Esta organización ha mantenido siete reuniones con eurodiputados de centro-derecha sobre política digital desde diciembre de 2024 y tiene la Ley de Equidad Digital entre sus prioridades.
La organización matriz del CCC Europe, con sede en Estados Unidos, tiene un largo historial de financiación por la industria tabacalera y de presión a favor de productos de nicotina y tabaco, según documenta el proyecto Tobacco Tactics.
Más llamativo es el acuerdo entre esta organización y Euronews, que publicó varios artículos sobre la Ley de Equidad Digital "como parte de un acuerdo con EU Tech Loop", la plataforma del CCC Europe. Estos contenidos no mencionan la financiación de grandes tecnológicas, permitiendo que un grupo de presión corporativo influya en la opinión pública sin que los lectores puedan valorar el origen de la información.
En el informe del Corporate Europe Observatory hay más ejemplos; aquí hemos reseñado solamente unos cuantos.
La Comisión Europea prevé presentar su propuesta de Ley de Equidad Digital en el cuarto trimestre de 2026. Maria-Myrto Kanellopoulou, jefa de la unidad de derecho del consumidor de la DG JUST, adelantó en una conferencia a principios de 2025 que "una posibilidad real es desactivar estas funcionalidades de diseño adictivo".
Entre las medidas en consideración figura ampliar la definición de "decisión transaccional" para dar a los consumidores, especialmente menores, más control sobre las funcionalidades de engagement. Esto incluiría desactivar tales características por defecto y permitir a los usuarios rechazar las recomendaciones algorítmicas. También se estudia prohibir funcionalidades particularmente dañinas dirigidas a menores.
La consulta pública de otoño de 2025 atrajo más de 3.300 respuestas. Según el informe resumen de la Comisión, el 70% considera necesarias nuevas normas vinculantes sobre diseño adictivo. De quienes apoyan nuevas reglas, el 78% quiere que estas funcionalidades estén desactivadas por defecto para menores, y el 58% desea que lo estén para todos los usuarios.
La normativa debe superar varios desafíos más allá del lobby tecnológico. Ursula von der Leyen ha adoptado en su segundo mandato una agenda radical de desregulación que ya ha producido una propuesta de Ómnibus Digital para debilitar leyes existentes sobre privacidad de datos e inteligencia artificial.
La Administración Trump ha lanzado ataques sin precedentes contra las regulaciones digitales europeas, calificando la Ley de Servicios Digitales como "extorsión en el extranjero" y "asfixia regulatoria". El representante de Comercio de Estados Unidos advirtió que usaría "todas las herramientas a su disposición" si la UE procede con la aplicación de su legislación digital. En noviembre de 2025, el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick exigió que la UE debilite sus regulaciones digitales a cambio de reducir aranceles al acero y aluminio.
En el Parlamento Europeo, la extrema derecha, inspirada por el movimiento MAGA de Trump, intensifica sus ataques contra la regulación de redes sociales. Organizaciones como la Alliance for Defending Freedom y el MCC Brussels vinculado a Orbán califican la Ley de Servicios Digitales de "censura digital" que "ahoga la libertad de expresión".
Frente a esta desigualdad de recursos, la sociedad civil se organiza. Una encuesta de YouGov mostró que amplias mayorías en Francia, España (donde Pedro Sánchez quiere prohibir las redes sociales a menores de 16 años) y Alemania desean una aplicación más estricta de las regulaciones digitales y consideran que las grandes tecnológicas tienen demasiado poder. En Dinamarca, el 42% de la población quiere probar alternativas a las grandes tecnológicas y el 68% desea reducir su tiempo frente a pantallas.
Han surgido movimientos como Danmark Skifter (Dinamarca Cambia), una campaña nacional "donde miles de daneses recuperan el control de sus vidas digitales, no solos, sino juntos". En noviembre de 2025 se entregaron en las oficinas europeas de Tik Tok en Dublín más de 170.000 firmas pidiendo que la plataforma "aborde su diseño tóxico y adictivo".
ctrl+alt+reclaim, primer movimiento europeo de justicia tecnológica liderado por jóvenes, exige que su bienestar "se priorice sobre los 11.000 millones de dólares de beneficios que obtienen las Big Tech solo de menores". El grupo demanda "un entorno de redes sociales más seguro, saludable y equitativo" y "el fin del dominio que un puñado de corporaciones estadounidenses ejercen sobre las redes sociales".
La pregunta que definirá 2026 es si los responsables europeos defenderán el interés público frenando el diseño adictivo de las redes sociales, o cederán ante la presión del lobby tecnológico, la agenda de desregulación de la Comisión, la Administración Trump y la extrema derecha europea. Lo que está en juego, según advierte el informe del CEO, no es menos que el futuro de la democracia en Europa.
Pese a todo (al menos por ahora), la Comisión Europea sigue adelante con su ofensiva contra las tecnológicas al amparo de la Ley de Servicios Digitales.
Este mismo viernes, concluyó su investigación de dos años contra Tik Tok, de la que dijo incumple la DSA por su diseño "adictivo" y por no evaluar adecuadamente cómo características como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de vídeos o las notificaciones constantes pueden perjudicar la salud física y mental de sus usuarios, especialmente menores de edad.
Bruselas exige a la red social china que "modifique el diseño básico de su servicio", desactivando funciones que generan adicción, aplicando descansos de pantalla efectivos, y adaptando su sistema de recomendaciones.
Además, el pasado diciembre multó a X con 120 millones de euros por su diseño engañoso, falta de transparencia en la publicidad y por bloquear el acceso de los investigadores. Era la primera sanción impuesta bajo la DSA.
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