Bruselas aprieta a las grandes tecnológicas: acusa a Meta y Tik Tok de opacidad e incumplir la Ley de Servicios Digitales
La Comisión Europea apunta a falta de transparencia en el acceso a datos, trabas a los usuarios para denunciar contenido ilegal y deficiencias en los sistemas de apelación de decisiones de moderación
Bruselas abre la puerta a multar a Tik Tok y Meta por violar la ley digital europea
La Comisión Europea ha puesto en el punto de mira a dos de las mayores plataformas del mundo, Meta y Tik Tok, por presuntamente incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
Bruselas considera que ambas compañías podrían estar vulnerando obligaciones clave de transparencia y protección de los usuarios al limitar el acceso de los investigadores a sus datos y, en el caso de Meta, por mantener mecanismos ineficaces para denunciar y recurrir contenido ilegal.
Si las conclusiones preliminares se confirman, las sanciones podrían alcanzar hasta el 6% de su facturación global, un golpe que marcaría un nuevo precedente en la aplicación de la DSA, la normativa con la que la Unión Europea busca someter a mayor escrutinio a las grandes plataformas digitales.
La transparencia, en entredicho
En el corazón del expediente figura un asunto de fondo: la falta de acceso real de los investigadores a los datos públicos de las plataformas.
Según la Comisión, Facebook, Instagram y Tik Tok han establecido procedimientos “engorrosos” que dificultan la obtención de información completa y fiable.
Esta opacidad, subraya Bruselas, impide a los equipos de investigación analizar adecuadamente cuestiones cruciales como la exposición de los menores a contenidos ilegales o dañinos, o el impacto de los algoritmos en el comportamiento de los usuarios.
El principio que la DSA pretende garantizar es sencillo: la transparencia no debe depender de la buena voluntad de las plataformas, sino ser una obligación legal.
“Nuestras democracias dependen de la confianza. Eso significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio”, recordó Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.
Mecanismos de denuncia poco accesibles
En el caso de Meta, el examen de la Comisión va más allá de la transparencia algorítmica. Según los hallazgos preliminares, los sistemas de notificación de contenido ilegal en Facebook e Instagram son excesivamente complejos.
Los usuarios deben superar varios pasos antes de poder reportar material como propaganda terrorista o abuso sexual infantil, y los llamados patrones oscuros -diseños de interfaz que inducen al error o a la confusión- dificultan aún más la denuncia.
Bruselas advierte que estos obstáculos pueden convertir los mecanismos de Aviso y actuación en herramientas ineficaces. Y, sin estos sistemas, la DSA pierde una de sus columnas vertebrales: garantizar que las plataformas retiren con rapidez los contenidos ilícitos cuando tienen conocimiento de ellos.
Apelar contra las plataformas: un derecho en papel mojado
Otro punto débil detectado por la Comisión se refiere al derecho de apelación.
En teoría, la DSA reconoce a los usuarios la posibilidad de recurrir las decisiones de las plataformas cuando estas eliminan contenidos o suspenden cuentas.
En la práctica, sin embargo, los mecanismos de Meta no permiten aportar explicaciones ni pruebas adicionales que respalden las alegaciones del usuario.
El resultado, según Bruselas, es que millones de personas podrían estar sujetas a decisiones de moderación automatizadas sin una vía real para defenderse.
Las cifras ilustran la magnitud del problema: solo entre abril y diciembre de 2024, Meta tomó más de 918 millones de decisiones de moderación de contenido en Europa, de las que 68 millones fueron recurridas.
En un 31% de los casos, la empresa tuvo que restituir el contenido, un indicador de que las decisiones iniciales no siempre fueron acertadas.
El pulso regulatorio de la UE
Las investigaciones contra Meta y Tik Tok forman parte de una ofensiva más amplia con la que la Unión Europea busca hacer valer su nueva legislación digital.
En los últimos meses, Bruselas ha abierto expedientes similares a otras grandes plataformas, y el mensaje es claro: la autorregulación ya no basta.
En el caso de Tik Tok, la ha acusado de falta de transparencia en sus anuncios y de enviar datos de los usuarios europeos a China, por mencionar dos de los casos más recientes.
El procedimiento actual que tiene en curso la CE contra la red social china y Meta sigue siendo preliminar. Ambas compañías podrán revisar los documentos del expediente, presentar alegaciones y proponer cambios antes de que la Comisión emita una decisión definitiva.
Si no lo hacen o las explicaciones no convencen, se exponen a multas multimillonarias y a medidas coercitivas.
Además, el próximo 29 de octubre entrará en vigor un nuevo acto delegado que ampliará el acceso de los investigadores a datos no públicos, reforzando la rendición de cuentas de las grandes plataformas.
La defensa de las tecnológicas
Meta se ha apresurado a negar cualquier infracción. Su portavoz, Ben Walters, asegura que la empresa “ha introducido cambios en la UE” para adaptar sus sistemas de denuncia y apelación a las exigencias de la DSA, y que está dispuesta a seguir cooperando con la Comisión.
Tik Tok, por su parte, defiende su “compromiso con la transparencia” y afirma haber permitido el acceso a sus datos a “casi mil equipos de investigación”.
Sin embargo, la compañía alerta de que las obligaciones de la DSA podrían entrar en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y reclama a los reguladores una clarificación sobre cómo equilibrar ambas normativas.
Una prueba de fuego para la nueva ley digital europea
La investigación de Bruselas contra Meta y Tik Tok marca un punto de inflexión en la aplicación de la Ley de Servicios Digitales.
La Comisión no solo evalúa si las plataformas cumplen las reglas, sino si están dispuestas a someter sus sistemas al escrutinio público.
La DSA nació con la promesa de devolver el control a los usuarios y reforzar la responsabilidad de las tecnológicas. Ahora, con este procedimiento, la UE pone a prueba su capacidad de hacerla cumplir.
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