La Junta califica de "estrategia electoral desesperada" la querella del PSOE por contratos sanitarios en Córdoba

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este miércoles de "estrategia electoral desesperada" del PSOE andaluz las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba. La investigación judicial se centra en la presunta comisión de diversos delitos relacionados con contratos de compras y suministros ejecutados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Universitario Sofía durante la crisis sanitaria de la pandemia, lo que supone la tercera causa abierta en Andalucía por el fraccionamiento de contratos menores tras Cádiz y Sevilla.

Este miércoles en Sevilla, Sanz ha expresado su "máxima confianza" en Valle García, actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y responsable de la citada plataforma logística además de directora del hospital cordobés. El consejero ha adelantado que "todo va a quedar aclarado" y ha tachado de "pobreza política" la querella criminal presentada por el PSOE. Según Sanz, el partido socialista "no tiene capacidad de propuestas más allá de poner denuncias sin ton ni son", añadiendo que "la duda" del PSOE "no es si ganará las elecciones sino si será tercera fuerza política" en los próximos comicios autonómicos.

El titular de Sanidad de la Junta ha manifestado su "respeto y máxima colaboración" con la Justicia, al tiempo que ha mostrado su "confianza en los juzgados" para esclarecer los hechos denunciados. Las actuaciones judiciales iniciadas por el magistrado tienen su origen en una querella criminal interpuesta por el PSOE el pasado 30 de octubre de 2024, dirigida inicialmente contra Valle García en su condición de directora gerente de la mencionada plataforma del SAS.

La querella presentada por el partido socialista hace referencia a "la existencia de numerosas irregularidades" basadasfundamentalmente en la injustificada utilización de la contratación menor o en prórrogas de contratos existentes. Según el escrito, estas prácticas habrían servido como forma de eludir el trámite de procedimiento ordinario, con las consecuencias derivadas en orden a la vulneración de los principios de competitividad y transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a las distintas áreas de competencia de dicha autoridad administrativa, referidos a los ejercicios 2020 y 2021.

En concreto, la querella se fundamenta en un documento al que habría tenido acceso el PSOE, denominado 'Informes definitivos de cumplimiento', emitidos por la Intervención Provincial del SAS en fechas 30 de septiembre de 2022 y 30 de mayo de 2024. Basándose en dicha documentación y en los hechos expuestos en el escrito, los querellantes consideran que se habrían cometido delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de falsedad, de fraude en la contratación pública y de pertenencia a organización criminal.

Diligencias de investigación acordadas por el juzgado

Como consecuencia de la querella interpuesta, el magistrado ha acordado "de momento, la práctica" de diversas "diligencias de investigación" que comienzan con el libramiento de oficio al Servicio Jurídico del Servicio Andaluz de Salud en Córdoba. Se solicita que, por quien corresponda de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba, Hospital Universitario Reina Sofía, Centro de Gasto 3.980 del Servicio Andaluz de Salud, se remitan al juzgado copias íntegras de los expedientes de contratación administrativa respecto de los que se ha acordado la incoación de las presentes diligencias previas.

Junto a ello, el magistrado reclama que "por la Intervención Provincial del SAS en Córdoba se aporte" al juzgado "copia de los informes emitidos por cada uno de los expedientes" que son "objeto de investigación, así como las alegaciones o justificaciones que se hubieran presentado durante su tramitación". Esta documentación resultará fundamental para determinar el alcance de las presuntas irregularidades denunciadas.

Igualmente, se libra oficio al Servicio Jurídico del SAS en Córdoba para que emita un informe detallado sobre diversos extremos, todos ellos referidos a los expedientes administrativos objeto de investigación en la presente causa. En primer término, se solicita información sobre la normativa de carácter general o específica determinada por la propia dirección del organismo u órganos superiores en relación con la tramitación de expedientes de contratación, la opción por contratación menor o de emergencia y su justificación, con determinación de fechas en que tales normas estuvieran aplicables respecto de los ejercicios 2020 y 2021.

Identificación del personal técnico responsable de la tramitación

El juzgado también ha solicitado al Servicio Jurídico del SAS la "identificación de personal técnico destinado a tramitar los expedientes, emitir informes sobre tramitación o controlar su regularidad administrativa", tanto previa como posterior a su tramitación. Asimismo, se requiere información sobre aquellos funcionarios con capacidad de decisión sobre los mismos, bien a nivel de propuesta de resolución o bien para toma de decisión por sí mismos.

De existir, el magistrado solicita conocer los criterios para selección de posibles licitadores en contratación menor o por trámite de urgencia, así como los procedimientos para garantizar en estas contrataciones la concurrencia competitiva de licitadores. Este aspecto resulta crucial para determinar si se respetaron los principios de transparencia y competencia en la adjudicación de contratos durante el periodo investigado, especialmente durante la crisis sanitaria.

El auto judicial concluye indicando que, "a la vista de lo que se informe por el Ministerio Fiscal sobre tramitaciones conjuntas en esta misma causa" y de las resultas de las indagaciones que se realicen con carácter previo de conformidad con lo establecido en la presente resolución, se acordará lo procedente para la posible formación de piezas separadas que faciliten su trámite.

Notificación a las partes y recursos disponibles

Finalmente, el magistrado determina que se notifique "la presente resolución a las partes personadas y al Ministerio Fiscal", instruyéndoles de que contra la misma caben recursos de reforma y apelación. El primero deberá interponerse ante este juzgado en el improrrogable término de tres días, mientras que el segundo, que podrá serlo también subsidiariamente en las condiciones anteriormente descritas, igualmente ante este juzgado, en el improrrogable término de cinco días.

¿Qué es la contratación menor en la administración pública?

La contratación menor constituye un procedimiento simplificado que permite a las administraciones públicas adquirir bienes o servicios de forma ágil cuando el importe no supera determinados umbrales económicos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Este tipo de contratación se caracteriza por una tramitación más rápida y con menores requisitos formales que los procedimientos ordinarios, lo que la convierte en una herramienta especialmente útil en situaciones de urgencia.

No obstante, la utilización de la contratación menor debe estar debidamente justificada y no puede emplearse para eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios que garantizan la concurrencia, transparencia e igualdad entre los licitadores. Durante la pandemia, muchas administraciones recurrieron a este mecanismo para agilizar la adquisición de material sanitario urgente, aunque posteriormente algunas de estas actuaciones han sido objeto de fiscalización y controversia.

¿Qué delitos se investigan en los contratos del hospital cordobés?

La querella presentada por el PSOE atribuye la presunta comisión de varios delitos graves. Entre ellos destaca la prevaricación administrativa, que se produce cuando una autoridad o funcionario público dicta resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos a sabiendas de su injusticia. También se menciona el delito de malversación de caudales públicos, que implica el uso indebido de fondos públicos para fines distintos a los previstos.

Asimismo, la querella alude a posibles delitos de falsedad documental, fraude en la contratación pública y, de manera especialmente grave, pertenencia a organización criminal. Este último delito requeriría demostrar la existencia de una estructura organizada con el propósito de cometer infracciones penales de manera continuada, lo que elevaría significativamente la gravedad de las actuaciones investigadas.

¿Cómo afecta esta investigación al panorama político andaluz?

El conflicto político desatado por esta investigación judicial refleja la tensión existente entre el gobierno andaluz del Partido Popular y la oposición socialista de cara a futuras convocatorias electorales. El PSOE andaluz atraviesa un momento de debilidad electoral tras perder la Junta de Andalucía en 2018 después de décadas de gobiernos socialistas, situación que se ha consolidado con la mayoría absoluta obtenida por el PP en las elecciones autonómicas de 2022.

Las declaraciones del consejero Sanz apuntan a un intento del ejecutivo andaluz de desacreditar la querella como una maniobra política sin fundamento real, enmarcándola en una estrategia desesperada de un partido que, según sus palabras, "no levanta cabeza electoralmente". Por su parte, el PSOE defiende que su actuación responde a la defensa de la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, basándose en informes oficiales de la Intervención Provincial del SAS que habrían detectado irregularidades en la gestión contractual durante la pandemia.