Un exfuncionario de prisiones y un exeducador del Centro Penitenciario Jaén II se sentarán a partir del próximo lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial. El principal acusado es el primero de ellos. La Fiscalía sostiene que, entre 2019 y 2020, aceptó diversas cantidades de dinero de varios internos a cambio de gestionar para ellos vis a vis y permisos de salida, o también de proporcionarles comida, bebidas alcohólicas y teléfonos móviles “de forma totalmente ajena al procedimiento legal y reglamentariamente fijado, y sin que las autoridades penitenciarias tuvieran conocimiento de la situación”. Por ello, el Ministerio Público pide para él un castigo de seis años de prisión por un delito continuado de cohecho. Para el educador, que también habría participado de forma “directa y material” en los hechos, aunque con un papel menos protagónico, solicita tres años y nueve meses de cárcel por cohecho a secas.

Cada uno de los acusados ejercía, de acuerdo a la Fiscalía, un papel bien definido para llevar sus planes a término. Supuestamente, el educador proponía en la junta de tratamiento los nombres de varios presos como candidatos a la concesión de permisos de salidas. Tras ello, el funcionario les ofrecía a los reclusos su mediación para conseguirles esos permisos, pero a cambio de dinero. El Ministerio Fiscal enumera hasta cinco pagos de diferentes internos a este extrabajador de la cárcel jiennense. Uno de 500 euros en 2019 por gestionar un permiso de salida del que el recluso en cuestión disfrutó en noviembre del mismo año. Otro abono de 500 euros en febrero de 2020 -250 de un interno y otros 250 de la mujer de este- a cambio de otro permiso. Otro de 1.200 euros en julio de 2020 de un reo que asumió la deuda de otro para quien el funcionario había gestionado el tercer grado pero que no llegó a pagar directamente lo acordado. El cuarto abono fue de 150 euros para elaborar un escrito que se dirigió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

150 euros para jamón ibérico de pata negra y alcohol

En una de las ocasiones, fechada en agosto de 2020, no se consiguió el permiso para un preso, así que el funcionario usó los 150 euros que le había pagado para comprarle jamón ibérico de pata negra, queso, lencería, alcohol, maquillaje y pintauñas, todo lo cual se introdujo ilegalmente en las instalaciones penitenciarias, según detalla el Ministerio Público. El otro acusado, el educador del centro penitenciario, hizo un informe favorable a otro interno, que le pagó en especie: 5 gramos de cocaína.

La investigación, iniciada por la Guardia Civil a raíz de las denuncias de varios reos, concluyó en julio de 2022, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén acordó incoar el procedimiento para que se celebrara un juicio con tribunal del jurado que, finalmente, tendrá lugar a lo largo de la próxima semana.