Los abogados de Jaén exigen cambios legislativos para tener pensiones “dignas”

Abogados de Jaén han vuelto a salir a la calle para reclamar públicamente cambios legislativos que les aseguren unas pensiones “dignas” bajo los parámetros del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Una representación jiennense del movimiento nacional #J2 se ha concentrado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, en la capital, denunciando una vez más que, tras años cotizando a través de la Mutualidad de la Abogacía, el dinero que les está quedando para la jubilación apenas llega, en algunos casos, a los 500 euros. “La mayoría de los abogados estamos en la Mutualidad, a la que muchos entramos hace años por obligación como único medio para garantizar nuestra jubilación. Pero, ahora, ese sistema se está revelando insuficiente”, han lamentado. Según datos de la Asociación Jiennense de Abogados del Turno de Oficio (Ajato), hay unos 600 profesionales afectados en la provincia por esta circunstancia.

“Somos protagonistas de un derecho fundamental como la tutela judicial efectiva, un servicio público fundamental, como la sanidad y la educación. Sin embargo, tenemos que costearnos nosotros mismos nuestra futura jubilación, con ahorro privado en la mayoría de los casos, y sin el amparo de la entidad gestora del Instituto nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social”, han criticado los manifestantes. “Pagamos impuestos que sirven para pagar las prestaciones sociales y las jubilaciones del resto de los españoles y beneficiarios del sistema, pero no las nuestras. No tenemos paro ni bajas por maternidad dignas, las incapacidades temporales tienen una duración máxima de 365 días e incluso hemos abonado de nuestro bolsillo y hasta 2012 nuestra sanidad”, han agregado. Todo ello, según sostienen, es culpa de “las sucesivas reformas legales y modificaciones de las reglas de juego, que se han hecho a espaldas de los implicados, convirtiendo un sistema inicialmente obligatorio, y después alternativo, en un seguro privado”.

Hay sobre la mesa una propuesta del Ministerio de Seguridad Social reformar la Ley General de Seguridad Social y permitir que los abogados mutualistas puedan pasarse voluntariamente al RETA. Sin embargo, esa opción se limita a aquellos profesionales incluidos en la Mutualidad desde antes del 1 de enero de 2023. También se ha de cumplir tres requisitos: carecer del período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en la Seguridad Social, estar en activo como colegiado a 31 de diciembre de 2022 y no ser pensionista en ningún régimen. El Gobierno también plantea que, a partir de 2027, todos los nuevos colegiados tengan que cotizar en el régimen de autónomos.

Sin embargo, el movimiento #J2 reclama que esos cambios normativos se hagan de acuerdo a su propia propuesta, que “prevé una mejora en la fiscalidad para los compañeros que no quieran optar por la pasarela, así como mejoras para compatibilizar trabajo y pensión”. “Los piquetes no cesarán mientras no se vean cumplidas nuestras reivindicaciones: una pasarela al RETA uno por uno para todos, sin dejar a ningún compañero atrás”, han exigido los abogados jiennenses en su concentración. Para ello, piden que, durante la tramitación parlamentaria, los partidos políticos enmienden el texto legislativo planteado por el Ministerio de Seguridad Social con la reforma alternativa del movimiento #J2: “Es la única justa, digna, inclusiva y social”.

Los pasos para que la reforma entre en vigor

Salvo cambios de última hora, el pleno del Congreso de los Diputados votará si acepta o no la toma en consideración de la proposición de ley del Gobierno al respecto. Si la propuesta recibiera el visto bueno de la mayoría de la Cámara Baja, se abriría el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a la totalidad al texto. En caso de superar esta fase, comenzaría un nuevo periodo para poder registrar enmiendas al articulado. Sería entonces cuando se abriría la posibilidad de poner sobre la mesa formalmente la reforma sugerida por el movimiento #J2. Es esta la etapa que suele alargarse durante más tiempo en las Cortes, sobre todo dependiendo de la voluntad de consenso de los grupos representados en la Comisión del ramo, en este caso, la de Seguridad Social.

Una vez finalizado ese plazo, la Comisión habría de emitir un informe de ponencia como propuesta de texto legislativo y votaría qué enmiendas parciales se incorporan y cuáles no. El resultado sería un dictamen, que sería el que regresaría al pleno del Congreso. Si la Cámara no lo aprobara, la ley no saldría adelante; si lo aprobara, el texto tendría que superar el veto del Senado. En caso de que lo consiguiera, se publicaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la ley entraría en vigor. En caso de que no, volvería al pleno del Congreso: si se rechazara el veto del Senado, se publicaría en el BOE; si no, la normativa se quedaría en agua de borrajas.