La campaña contra la tala de olivos en Jaén llega hasta la cumbre de la ONU mientras la Junta asegura que el proceso "se ajusta a la ley"

Ni siquiera las más de 122.000 firmas que ha conseguido recoger la plataforma SOS Rural en su campaña contra la tala de olivos ni su protesta en el Parlamento, en plena cumbre de la ONU, han servido para captar la atención del presidente de la Junta de Andalucía. "Mientras los delegados de todo el mundo se reúnen a hablar de sostenibilidad, nosotros estamos fuera, recordándoles la verdad", expresan en redes sociales. “Queremos alertar a la comunidad internacional sobre un modelo de transición energética desordenado, que amenaza el paisaje, a la economía rural y a nuestra soberanía alimentaria"

De momento, Juanma Moreno se niega a reunirse con este colectivo en defensa del medio rural para abordar la instalación de megaplantas fotovoltaicas en el entorno de Lopera y les remite una respuesta directamente por carta. En la misiva, asegura que los proyectos de energía renovables desarrollados en un marco público-privado cuentan con la “Licencia Social Operativa”, porque así se lo exigen a los promotores de estas megaplantas. “La Junta nos argumenta que la tala de olivos cuenta con el apoyo de la sociedad y que se ajusta a la ley, pero desde SOS Rural le recordamos que hay muchos propietarios a quienes les han expropiado forzosamente sus propiedades y que esa ley es profundamente inmoral”, plantea Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

En este contexto, la plataforma llama a la conciencia de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente al tiempo que exige la aprobación del procedimiento de evaluación ambiental del "Plan Especial para la ordenación de actuaciones vinculadas a la generación de energía solar fotovoltaica en el T.M. de Lopera", promovido por el propio Ayuntamiento loperano. La Consejería recibió este mismo Plan el pasado 22 de abril, por lo que el plazo máximo para responder por parte de la administración autonómica es el 22 de julio. Según indican desde SOS Rural, de salir adelante el Consistorio loperano podría suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias de obra para parques solares, conforme al artículo 78 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Además, la plataforma reclama no emitir la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el cuarto proyecto fotovoltaico previsto en Lopera, competencia exclusiva de la Delegación de Medio Ambiente en Jaén, "que es un requisito previo indispensable para que el proyecto sea declarado de utilidad pública por la Consejería de Industria". Sin este informe favorable, el proyecto queda bloqueado. En este caso, incluso, existen alegaciones ambientales de peso, como la presencia del ave protegida Alzacola rojizo, cuyo hábitat se vería muy afectado.

Una ley "insensible"

Este Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), en el que se ampara la Junta, aprobado en 2006 y actualizado por la LISTA en 2021, desatiende las sensibilidades ecológicas del mundo rural. “El desarrollo de las instalaciones energéticas no se ordena ni limita, por ejemplo, a los terrenos degradados, improductivos, abandonados o sin aprovechamiento, hasta el punto de que el artículo 21.1 de la LISTA establece que el uso de energías renovables en suelo rústico tiene carácter ordinario”, resalta Manuel Fernández, abogado de la Asociación Ecología y Libertad.

Ante esta realidad, SOS Rural ha vuelto a solicitar una reunión urgente con la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente para exigirle la paralización inmediata de cualquier proyecto en Andalucía que implique la tala de algún olivo centenario e impulsar una Ley autonómica para la protección de la Superficie Agraria Útil (SAU). “La actual ley carece de sensibilidad con los suelos agrarios”, lamenta Corbalán, quien recuerda a Catalina García que “está en sus manos paralizar este atentado ambiental contra el legado patrimonial, paisajístico y cultural”.

Por su parte, el Gobierno andaluz asegura en esta carta compartir plenamente la preocupación, si bien califica el procedimiento de tramitación de estos proyectos como “riguroso, exhaustivo, garantista y totalmente transparente y participativo”. A esta cuestión, sin embargo, la portavoz nacional de SOS Rural es clara: “¿De verdad un procedimiento que permite talar olivos tradicionales para poner placas de hierro y cristal, arrasando terrenos altamente productivos y dejando sin futuro las economías locales, es garante del bien común y de los intereses medioambientales, culturales y sociales del territorio?”

Asimismo, la Junta señala al “promotor privado” como aquel que decide el lugar para instalar un proyecto renovable “en el libre ejercicio de su actividad empresarial y, por supuesto, en función de dónde se ubique el recurso solar o eólico disponible, así como de la cercanía a los puntos de evacuación que condiciona la red de transporte y de distribución”, otorgado por los operadores del sistema o bien por el Ministerio competente mediante concurso.

Contraproducente

La respuesta ha generado un rechazo absoluto también por parte de la plataforma Campiña Norte. “¿Acaso tomar como único criterio el beneficio de las empresas privadas es de utilidad pública? ¿De verdad nos quieren hacer creer que se cumple con la Licencia Social Operativa?”, expone su portavoz Rafael Alcalá. En este sentido, la Junta afirma que, “antes de ser autorizada la implantación de esos proyectos, requieren de su autorización ambiental correspondiente, que vela para que la ubicación sea acorde con todos los requisitos ambientales”.

“El despliegue masivo de este tipo de instalaciones ‘verdes’, carente de una planificación territorial previa, contraviene la necesaria observancia por la Administración pública andaluza del principio de precaución y del de cohesión social y territorial, dos principios rectores de la política ambiental española regulados en el artículo 2 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética”, explica el abogado de la Asociación Ecología y Libertad.

De este modo, asegura, la Junta debe primar el principio de precaución ante la incertidumbre sobre posibles daños graves o irreversibles sobre el suelo agrícola y el de cohesión social y territorial, que garantiza la armonización y el desarrollo económico de las zonas donde se ubiquen las centrales. Asimismo, la Junta estaría contraviniendo el principio de no regresión ambiental —recogido en el artículo 2 de la Ley 7/2021, como otro de los principios rectores en el derecho nacional—, convirtiendo 9.000 hectáreas de suelo rústico —con una cubierta vegetal natural que actúa como un reservorio de biodiversidad—, en suelo industrial.

Respeto al medio ambiente

Moreno asegura en la misiva que, en el marco público-privado que promueven, insisten “a los promotores en la aplicación de la Licencia Social Operativa para que los proyectos renovables tengan la mayor aceptación social del territorio”, al tiempo que mantienen abierta una “línea de colaboración y cooperación con los municipios en los que se puedan ubicar estos proyectos y que así lo soliciten, a fin de resolver dudas y aclarar la tramitación de los mismos, al igual que con las asociaciones de la ciudadanía”.

Por otro lado, SOS Rural resalta la importancia estratégica del suelo agrícola en la economía andaluza, clave para mantener la soberanía alimentaria y el tejido económico rural, al tiempo que denuncia que la declaración de utilidad pública de estos proyectos es contraria al interés general. “En estos contratos, el promotor vende la energía generada a otro particular, sin ofertarla al público general, desvirtuándose la declaración de utilidad pública que justifica las expropiaciones”, explica el abogado de la Asociación Ecología y Libertad, quien niega que haya una verdadera colaboración.

Además, la Junta apunta a la necesidad de contar con energías renovables debido a la emergencia climática. “Estos objetivos deben ser compatibles con el respeto a nuestro patrimonio, a nuestra cultura y a nuestro medio ambiente y, por tanto, con el cumplimiento riguroso de la normativa que ampara la tramitación de los proyectos de generación de energías renovables”, argumentan. Y en ello mismo difiere Corbalán, que acusa al Gobierno andaluz de "permitir fraudes de ley con la fragmentación ilegal de los proyectos”.