El Chernóbil español: la Fábrica de Uranio de Andújar y el silencio radiactivo

En el corazón de la campiña jienense, oculta entre olivares y silencio, a escasos kilómetros de Andújar, yace un secreto enterrado bajo capas de hormigón: los restos de la Fábrica de Uranio General Hernández Vidal (FUA). Una instalación que operó entre 1959 y 1981 bajo el manto del secretismo militar, donde no solo se purificaba uranio para el programa nuclear civil español, sino que, según evidencias históricas, se perseguía un objetivo más ambicioso y sombrío: la fabricación de material fisionable para la bomba atómica que el régimen de Franco soñaba desarrollar bajo el nombre clave Proyecto Islero.

El engaño y la negligencia sistemática

Inaugurada por el propio Franco, acompañado de las máximas autoridades del régimen, el 14 de febrero de 1960, la fábrica se presentó como un símbolo del progreso tecnológico. Sin embargo, detrás de la fachada oficial se escondía una realidad atroz. La mayoría de los trabajadores —jornaleros locales sin cualificación— eran reclutados mediante engaños, sin ser informados sobre los riesgos mortales a los que se exponían.

Al ingresar, se les obligaba a firmar un documento de confidencialidad sin permitirles siquiera leerlo; "firme usted" era la única instrucción. Un pacto de silencio forzado que los condenaría de por vida.

Las prácticas de seguridad eran inexistentes. El uranio se manipulaba con una negligencia inconcebible:

Los operarios comían sobre barriles que contenían mineral radiactivo, dejando sus alimentos en superficies contaminadas que luego guardaban en las taquillas, junto a la ropa de trabajo —expuesta a la radiación—, para llevarla después a casa y lavarla junto a la de sus familias, esparciendo así las partículas radiactivas.

· Cultivaban huertos junto a balsas de residuos tóxicos y consumían frutas y verduras de tamaño anormal regadas con agua contaminada.

· La "protección" era de risa: guantes de goma, una mascarilla de papel y una bata de algodón eran la única barrera contra el polvo amarillo de uranio y el gas radón, un carcinógeno letal. El desconocimiento era tal que incluso los colegios de la zona organizaban excursiones para visitar la fábrica, como si de una atracción turística se tratara.

La lenta agonía de los condenados

Los efectos de la exposición continua a la radiación no tardaron en manifestarse. Ya en la década de 1970, comenzaron a morir trabajadores jóvenes, víctimas de cánceres agresivos.

· Purificación López, una empleada administrativa que inhaló gases tóxicos en una oficina contigua al laboratorio, falleció tras una dolorosa batalla contra la enfermedad.

· Antonio Fernández, con 20 años de servicio, fue consumido por un tumor de garganta con metástasis ósea.

De los 126 empleados originales, más de la mitad falleció antes de cumplir los 40 años. Hoy, la mayoría ha muerto de cáncer o padece enfermedades crónicas devastadoras.

"Mis pulmones están destrozados. Dicen que fue el tabaco, pero dejé de fumar hace décadas", relata uno de los supervivientes.

El estigma persiguió a los supervivientes incluso fuera de la fábrica. Quienes salían de aquel lugar quedaban marcados de por vida. A medida que se difundía información sobre los riesgos del uranio, los extrabajadores eran rechazados sistemáticamente en las entrevistas de trabajo. Cuando mencionaban su pasado en la FUA, la reacción era inmediata: "Lo siento, no tenemos vacantes para su perfil". ¿Cómo presentar un certificado laboral que era, en sí mismo, un certificado de exposición radiactiva? Las puertas se cerraban una tras otra y, al final, muchos dejaron de intentarlo. Así pasaron cuarenta años, condenados por la sociedad a la marginación y al olvido.

El muro de impunidad

En 1998, el abogado Manuel Ángel Vázquez llevó el caso a los tribunales. Sin embargo, el sistema judicial español lo sepultó. Las investigaciones chocaron contra un "tema tabú": faltaron pruebas periciales y voluntad política para investigar. Finalmente, en 2009, todas las demandas fueron archivadas sin una explicación clara.

Mientras se libraba esta batalla legal, la fábrica ya había sido literalmente borrada del mapa. En 1991, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) demolió todos los edificios y selló el terreno bajo una losa de hormigón, como si se intentara eliminar toda evidencia física de su existencia.

Años más tarde, en 2019, el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad una propuesta para indemnizar a los antiguos empleados. La iniciativa, impulsada por el diputado jienense de Adelante Andalucía, José Luis Cano Palomino, instó al gobierno autonómico a realizar las gestiones necesarias para que los supervivientes y las familias de los fallecidos recibieran por fin una compensación económica, tras casi cuatro décadas de reclamos.

Para entonces, de los 126 trabajadores originales, 111 habían fallecido a causa de distintos tipos de cáncer, y los 15 que aún sobrevivían padecían graves problemas de salud.

A pesar de que un informe científico de 2007, encargado por la Junta de Andalucía, halló "evidencia" que vinculaba la exposición al uranio con un conjunto específico de enfermedades multiorgánicas, el Ministerio de Trabajo solo reconoció la enfermedad profesional en un 25% del total de 259 trabajadores que pasaron por la fábrica.

Un legado de silencio

Sesenta y cinco años después de su inauguración, la historia de la Fábrica de Uranio de Andújar permanece como un símbolo de la España oscura, donde la ambición de un régimen por alcanzar el estatus de potencia nuclear se impuso a la vida y la salud de ciudadanos anónimos.

Los pocos supervivientes y sus familias aún claman justicia, pero su grito se ahoga en un muro de silencio institucional.

"Ahí cometieron muchas injusticias", declaró uno de los exoperarios. Bajo la tierra de Andújar, quizás aún contaminada, permanece enterrado no solo uranio, sino la verdad de uno de los capítulos más negligentes y trágicos de la historia industrial española.