La Ciudad de la Justicia de Jaén, diez años de reivindicación y seis meses de parón

La Ciudad de la Justicia es una de esas infraestructuras que se acaban estancando durante lustros en Jaén. Desde 2015 lleva hecho el primer proyecto básico para un edificio destinado a unificar todos los juzgados que se encuetran diseminados en diferentes alquileres por la ciudad, para comodidad de los usuarios y ahorro de la administración. Las diferencias políticas y la "falta de presupuesto" sumieron en el letargo este proyecto que se retomó gracias al impulso privado hace tres años.

Fue la empresa Vialterra, de la mano de Acciona, la que presentó a la Junta de Andalucía un proyecto para una colaboración público-privada (la administración hace suya la iniciativa y la paga por completo la empresa adjudicataria hasta que se acaba la obra) y en el pasado mes de marzo la administración autonómica dio traslado del proyecto, para su aprobación al Comité Técnico de Cuentas Nacionales. Este es un organismo que está compuesto por el Instituto Nacional de Estadística, Banco de España e Intervención General del Estado y adscrito al Ministerio de Hacienda.

Precisamente la visita de la responsable de esta última cartera, María Jesús Montero, a Jaén desató una nueva polémica política al respecto de esta infraestructura, pues a preguntas de los periodistas afirmó que no tenía conocimiento del informe trasladado por la Junta de Andalucía. Tras esto el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, criticó que la vicepresidenta del Gobierno por desconocer este documento clave para "resolver definitivamente su puesta en marcha".

Nieto señaló la primera semana de octubre que "precisamente esperaba tener noticias al respecto". En este contexto, aseguró que desde su Consejería mantuvieron contactos tanto con el alcalde de Jaén, Julio Millán, como con el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, para que aprieten a Hacienda en este sentido.

Asimismo, especificó que "llevamos esperando desde el pasado mes de marzo", cuando se remitió al citado comité la solicitud del informe necesario para avanzar en el proyecto. "Han pasado muchos meses y lo que no esperábamos es que la vicepresidenta del Gobierno dijera ahora que no tiene conocimiento del informe", señaló.

Ante esta situación, el responsable de la Justicia andaluza lamentó que "o bien la ministra de Hacienda no está diciendo la verdad, o bien el alcalde y el presidente de la Diputación no nos han trasladado la verdad, cuando nos aseguraron que le habían expresado directamente su inquietud por el retraso en la emisión de ese informe".

Inversión total de 300 millones de euros

Cabe recordar que la inversión pública total en este proyecto, sumando el valor del suelo y todo el trabajo previo de proyectos, de estudios, de análisis estaría alrededor de los 300 millones de euros. Se levantará sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento en el Bulevar y permitirá unificar las doce sedes en las que actualmente están dispersos los 26 juzgados de la capital y demás servicios judiciales, con una plantilla de alrededor de 400 personas, y contará con espacio suficiente para futuras ampliaciones.

En este sentido, el citado estudio de viabilidad recoge una eficabilidad máxima posible de 44.000 metros cuadrados. La Consejería de Justicia plantea una construcción en tres fases, de forma que inicialmente se habiliten por completo alrededor de 30.000 metros cuadrados para cubrir las necesidades actuales y posibles ampliaciones a diez años vista.

Así, el resto del suelo quedará preparado para que en el futuro se puedan incrementar los espacios necesarios sin alterar el trabajo en la zona totalmente construida. Con ello se evita pagar los gastos de limpieza y mantenimiento de espacios sin uso durante años. No obstante, el estudio de viabilidad contempla un cálculo del coste sobre la construcción inicial de 36.000 metros que ronda los 80 millones y tendrá un plazo de ejecución de 30 meses.

La concesión supone que sea la empresa adjudicataria quien asuma esta inversión, además de los gastos de mantenimiento, limpieza, seguridad y demás servicios durante el periodo de la concesión, fijado inicialmente en 30 años. A cambio de esa inversión percibiría un canon anual calculado en este estudio en 9,7 millones.

Se estima que el proyecto supondrá la creación de empleo que conllevará el proyecto, estimada en 250 puestos de trabajo directo durante las obras y 60 empleos estables en los servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad y demás.