Los vecinos de un pueblo de Jaén que pueden perder sus casas a orillas de un pantano

El drama de varias familias obligadas a abandonar sus viviendas junto al pantano del Guadalmena no es un caso singular. De hecho, Segura de la Sierra no es el único municipio jiennense afectado por este movimiento efectuado desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). La mayoría de estas casas enclavadas en zonas de dominio público son reclamadas ahora por la CHG "para la conservación, mantenimiento, explotación y seguridad de la presa”. El problema está en que llevan siendo habitadas por varias generaciones durante décadas.

Tal y como adelantaron algunos de los vecinos del poblado segureño, la orden de desahucio es prácticamente inminente por parte de este organismo, si bien se encuentra paralizada en este momento del verano a causa de los movimientos jurídicos efectuados hasta ahora. Tachan de "inhumana" la actuación de la Confederación en perjuicio de las personas mayores que llevan habitando estas viviendas durante toda su vida, sin un solo interés demostrado por la conservación del entorno ni los propios inmuebles.

A esta misma tesitura se enfrentan también algunas familias de Santo Tomé, cuyas casas se encuentran en el denominado sector 3 junto al embalse de Aguascebas. Desde Jaén Hoy hemos intentado contactar con ellas, pero prefieren no declarar al respecto por miedo y dejarlo en manos de su abogado. Tomás Cobos, como concejal de Urbanismo de la localidad explica que una gran parte de este pantano depende de Villacarrillo, con la salvedad de este sector ubicado en el término municipal tomeseño.

Un asunto de mayor envergadura

Según apunta Cobos, el Ayuntamiento es consciente del panorama que afecta a media docena de viviendas ubicadas en este suelo perteneciente a la CHG. "Los vecinos nos pidieron un certificado para ver si estaban en suelo urbano, puesto que llevan construidas alrededor de 70 años". De hecho, estos inmuebles permanecen hoy en manos de los descendientes de algunos de los trabajadores de la zona. "Sabemos que han buscado abogados ante esa orden de desahucio, pero es algo que compete directamente a la Confederación", añade.

En ese afán por velar y preservar la vida en el medio rural, la Fundación Savia tomaba cartas en el asunto con la emisión de un escrito al Ministerio de Transición Ecológica para reconsiderar la acción. "Solicitamos diálogo y la paralización cautelar del expediente", expresaba su presidente, Francisco Casero, al tiempo que invitaba a crear un canal de información y diálogo con el fin de evitar un mal mayor a las personas mayores y enfermas afectadas.

Por si esto fuera poco, este mismo concejal subraya el hecho de que muchos de estos sectores que circundan el embalse "competen a multitud de localidades de alrededor", por lo que el expediente podría ser incluso extensivo "a toda la comunidad". Así, es probable que surjan nuevos casos en los próximos meses si la CHG y estas familias no consiguen llegar a ningún tipo de solución o acuerdo que remedie la pérdida irreparable de sus hogares.