La fábrica fantasma de Dhul y millones en pagarés: así salpicó a Jaén la estafa de Nueva Rumasa
Tribunales
La Audiencia Nacional condenó recientemente a más de siete años de cárcel a seis hijos de José María Ruiz-Mateos por la trama para captar numerosos inversores ocultando que el mediático holding estaba endeudado hasta las trancas
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Jaén/La ocasión mereció traje de gala y hasta alfombra roja. La primera piedra de la que iba a ser flamante fábrica de Dhul en Jaén se colocó un 22 de enero de 2010, en una porción enmoquetada de los terrenos del polígono Nuevo Jaén cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de la capital. Detrás del proyecto estaba el imponente holding Nueva Rumasa de la familia Ruiz-Mateos, que contó con un apoyo institucional decisivo para la causa. En aquel entonces, la Santísima Trinidad formada por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén estaba teñida del rojo del PSOE, lo cual ayudó a agilizar la burocracia, pero es que también se materializó en generosidad financiera. Más allá de la gratuidad de la parcela -o además de ello-, la Junta concedió a la empresa 8,6 millones de euros, de los que le adelantó 4 por deseo -acaso por ruego- de los Ruiz-Mateos. El Ejecutivo nacional también prometió casi 6 millones de Fondos Regionales, pero el abono del montante estaba sujeto al inicio de la actividad en la planta. Se habló de que ambas administraciones iban a soportar un tercio de la inversión total, que llegaba casi a los 50 millones de euros.
El plan relucía por el hecho de que suponía la llegada a la desindustrializada Jaén de una marca consolidada, de alto nivel mediático, para sacar adelante una línea de platos elaborados por la que, según se dijo, el grupo empresarial facturaba entonces unos 20 millones de euros. Pero es que, además, se iban a generar 75 puestos de trabajo directos en los que se recolocaría a sendos extrabajadores que se quedaron en la calle tras el ERE de la desaparecida cárnica Primayor. Su asesor era un tal Juan Lanzas, pero eso es harina de otro costal. A los empleos directos había que sumar otros 300 indirectos.
Para hacer posible el proyecto fue clave la mediación de otro nomen clarum, el de Gaspar Zarrías, que por aquel entonces era secretario de Estado de Cooperación Territorial y tenía buena relación con los Ruiz-Mateos. Él fue uno de los representantes institucionales que estuvieron en aquel inicio de obras de la fábrica. Le acompañaron Teresa Vega, delegada del Gobierno andaluz en la provincia, y Carmen Peñalver, alcaldesa de la ciudad. Junto a ellos estuvo José María Ruiz-Mateos Rivero, uno de los vástagos del clan y consejero delegado de Nueva Rumasa. Cuatro perfiles inmejorables para una glamurosa réunion conviviale, y conociendo ahora cómo acabó la historia, es eso lo que parece aquella estampa. Porque, al igual que en Hollywood, hubo plot-twist de órdago, sí, aunque no fuera ese mismo día.
A Nueva Rumasa no le pareció suficiente el empujoncito monetario que recibió de las arcas públicas para sacar adelante su planta en Jaén y, para conseguir más músculo financiero, los de la abeja tuvieron una idea brillante: lanzar una campaña de captación de nuevos inversores a través de los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita, bajo unas condiciones que invitaban a relamerse. El mensaje que les llegó a los interesados, en lo concerniente al proyecto jiennense, comenzaba así:
En primer lugar, agradecerle su respuesta a nuestro anuncio interesándose por la oportunidad de inversión que ofrecemos.
Se trata de una ampliación de capital en la que se emitirán 25.000 nuevas participaciones sociales de GRUPO DHUL S.L., con idénticos derechos políticos y sociales, destinada a la construcción de una nueva planta de Dhul en Jaén dirigida a la fabricación de platos pre cocinados de la línea Chef Dhul. Creándose cerca de setenta y cinco nuevos puestos de trabajo directos.
La misma consiste en la suscripción de PARTICIPACIONES de Grupo Dhul S.L. por importe unitario de mil doscientos euros (1.200). Estando abierto el plazo de suscripción por un plazo de 8 meses, a partir del 18 de junio de 2010.
Clesa S.L., socio actual de Grupo Dhul S. L. con un 17,7% del capital social, se obliga a comprar las participaciones suscritas a un precio cerrado con una REVALORIZACIÓN DEL 10% sobre el valor actual de adquisición, para el caso de que el suscriptor decida vender sus participaciones en un plazo determinado pactados de mutuo acuerdo entre ambas partes.
En principio, no había trampa ni cartón. Una persona equis compraba participaciones de Dhul por 1.200 euros cada una y, tras un tiempo previamente pactado entre las partes, uno de los socios de la empresa, Clesa, estaba obligado a recomprar el activo -o los activos- abonando al primer inversor un 10% más de lo que pagó en su momento. Hasta ahí, todo bien. El problema fue que, después de que Nueva Rumasa captara una buena suma de fondos, la segunda parte del trato nunca se cumplió. Ya se sabe: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Un año más tarde de que comenzara a construirse la fábrica de Jaén, los Ruiz-Mateos anunciaron que Dhul y otras empresas de Nueva Rumasa habían entrado en preconcurso de acreedores. Las obras de la fábrica en Jaén quedaron paralizadas poco después, cuando se dejó de pagar a la constructora, y nunca se retomaron. Hace tiempo que el armazón de la fallida planta de comida preparada se convirtió en suculento lienzo para grafiteros.
Un entramado empresarial que facilitaba la opacidad
El pasado 29 de mayo, la Audiencia Nacional condenó a siete años y cuatro meses de cárcel a seis hijos de José María Ruiz-Mateos por la estafa de Nueva Rumasa, una operación ejecutada entre 2009 y 2011 para captar fondos de nuevos inversores a través de sus numerosas sociedades, pero ocultando que el grupo acumulaba deudas millonarias. A maquillar la situación durante un tiempo ayudó la complejidad del conglomerado empresarial. En la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Penal, de la que fue ponente la magistrada Teresa García Quesada y que consta de 672 páginas, se explica que el Grupo Nueva Rumasa, que en última instancia pertenecía a la familia Ruiz-Mateos- estaba constituido por numerosas sociedades que no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil y fiscal, aunque eso fuera lo que constaba en su publicidad.
La realidad era que las empresas -muchas de las cuales pertenecían formalmente a sociedades extranjeras y radicadas en paraísos fiscales- carecían de una matriz común. No obstante, su patrimonio y su tesorería se ponían siempre al servicio de todo el grupo en un retorcido ejercicio de perversión del lema mosquetero. Todo ello, unido al uso de testaferros y de despachos fiduciarios, “permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad”, de acuerdo al fallo. Al frente del grupo societario estaban el fallecido José María Ruiz-Mateos y sus hijos Álvaro, Zoilo, Pablo, Francisco Javier, Alfonso y José María, el que colocó aquella primera piedra de la planta de Dhul en Jaén. Los siete, destaca el tribunal, “contaban con un pequeño grupo de fieles colaboradores”.
A finales de la primera década del siglo XXI y primeros de la segunda, los compromisos de pago más inmediatos de Nueva Rumasa se elevaban a 197,5 millones de euros y otros 194,6 millones que vencían en 2009 y en 2010, respectivamente. La sentencia de la Audiencia Nacional lo deja claro: “Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas o las abocaban a esa situación de modo inminente, y ante la imposibilidad de seguir recurriendo a la financiación bancaria, los responsables del Grupo Nueva Rumasa, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores, consumidores y demás intervinientes en los sectores en los que desarrollaban su actividad ordinaria, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público con los que poder, no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros”.
Los 'pagarés de empresa' que nunca se atendieron
Ese “mecanismo”, de acuerdo al tribunal, consistía en obtener préstamos de los inversores cuya devolución, intereses incluidos, se garantizaba con la entrega de unos ‘pagarés de empresa’ o ‘pagarés corporativos’ emitidos y avalados por sociedades del Grupo Nueva Rumasa. Quienes picaron lo hicieron, entre otras cosas, porque tanto la mediática abeja de los Ruiz-Mateos como las marcas de los productos que fabricaban sus empresas generaban plena confianza. Nadie podía sospechar lo que había detrás de una capa de maquillaje que barato, lo que es barato, no era precisamente. La jugosa oportunidad de inversión para apoyar la construcción de la fábrica de Dhul en Jaén no fue más que una de aquellas ratoneras, para la que se usó de cebo el célebre sello comercial y se instrumentalizó el nombre de la ciudad y de la provincia.
El número exacto de inversores que fueron estafados se desconoce. Según los propios defraudadores, en esos tres años que fueron de 2009 a 2011 se captaron casi 340 millones de euros de, al menos, 4.110 personas. Por su parte, el auxilio judicial ha podido identificar la entrada en las cuentas de Nueva Rumasa de, como mínimo, casi 243,5 millones de euros procedentes de personas que adquirieron pagarés entre febrero de 2009 y febrero de 2011.
En el caso de Dhul -que entró en concurso de acreedores en marzo de 2011-, la empresa emitió pagarés cuyos importes sumaban casi 28,8 millones de euros. Ninguno fue atendido posteriormente. En cuanto a su ampliación de capital, cayeron en la trampa 870 inversores que, entre el 31 de mayo y el 22 de diciembre de 2010, desembolsaron algo más de 7,8 millones de euros, incluyendo una prima de emisión por 6.526 participaciones. Sin embargo, la ampliación de capital ni siquiera pudo ser inscrita formalmente. El Registro Mercantil la rechazó porque detectó que detrás de la operación había intereses leoninos.
Más de una decena de condenados
La condena de siete años y cuatro meses de cárcel dictada por la Audiencia Nacional contra los seis hijos de empresario José María Ruiz-Mateos es por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Además de a ellos, la Sección Segunda de la Sala Penal ha castigado a pasar seis años y tres meses entre rejas a José Ramón Romero, quien fuera director de la oficina del Grupo Rumasa en Jerez de La Frontera, conocida como ‘banquito de Jerez’ y en la que se captaban importantes inversiones de clientes.
La Sala también ha impuesto una pena de seis años y cinco meses de cárcel a un sobrino de Ruiz-Mateos, Zoilo Pazos, que figuraba como partícipe y administrador de numerosas sociedades del grupo. Por último, ha condenado a Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada a penas de entre tres y cinco meses de prisión por sendos delitos de alzamiento de bienes. Otras cuatro personas que se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional han sido absueltas. La Sala obliga a los hermanos Ruiz-Mateos, a Romero y a Pazos a indemnizar conjunta y solidariamente a todos los perjudicados.
El fantasma de la planta de Dhul en Jaén es triste vestigio de los últimos coletazos de dos Españas, que no son las de Machado, sino las del histrión televisivo y la del despilfarro. Así, llamativa cuando menos, fue la rueda de prensa que, en febrero de 2011, dio Ruiz-Mateos arropado por sus hijos para anunciar que 10 de sus empresas se acogerían al plazo de cuatro meses que otorga la Ley Concursal para negociar con sus acreedores un plan de pago de deudas. El agujero era de 700 millones de euros entre Clesa, Trapa, la propia Dhul y otras sociedades, según se indicó. En esa época, la Fiscalía Anticorrupción ya investigaba a Nueva Rumasa por supuestas irregularidades en la emisión de aquellos famosos pagarés. Al tragicómico patriarca, sobre el que pesaba la sombra de la sospecha por los antecedentes de la primera Rumasa, le preguntaron si iba a ser capaz de atender los compromisos de pago adquiridos con los inversores. “Si yo no pudiera satisfacer la obligación de los que confiaron en nosotros y careciera de fe, naturalmente en Dios, me pegaba un tiro”, aseguró -aparentemente- convencido de ello, pero también con cierto deje de hartazgo -“ya está bien de ponerme en duda, leche”, podía leerse en su semblante-. Viendo el panorama, toda reacción libre de recelo le hubiera sorprendido seguramente hasta a él mismo. Es lo que le pasó a aquel detective encarnado por Jack Nicholson en la Chinatown de Polanski, otra de esas historias con fatal giro de guion: “Se me ha acusado otras veces de muchísimas cosas, pero nunca de ser inocente”.
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