Llevan a los tribunales los proyectos de megaplantas solares por los que se arrancaron olivos en Jaén

Hace ya más de un año que comenzaron a arrancarse olivos en la Campiña Norte de Jaén para la instalación de unas polémicas megaplantas solares que se han proyectado para la zona. Desde entonces han sido numerosas las movilizaciones llevadas a cabo por los agricultores de Lopera, Arjona, Marmolejo y Arjonilla, y ahora han dado un paso más en la lucha por sus tierras. La Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares ha anunciado la interposición de varios recursos contencioso-administrativos contra los proyectos fotovoltaicos impulsados en esta comarca de la provincia de Jaén, al considerar que su tramitación y autorización se han realizado en perjuicio del territorio, de la propiedad privada y de la libertad de decisión de los propietarios afectados.

Según explica el colectivo ciudadano en una nota de prensa, estas acciones judiciales se enmarcan en una estrategia de defensa frente a un modelo energético que, a su juicio, prioriza el beneficio privado de empresas promotoras frente a los intereses de las zonas rurales y de sus habitantes, amparándose en una legislación que consideran diseñada para facilitar este tipo de operaciones.

Cabe recordar que ya hace un año esta plataforma interpuso una denuncia penal por posibles delitos contra la flora y la fauna y un delito de prevaricación ambiental contra las administraciones y empresas responsables de este proyecto: a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, siendo su delegado territorial Javier Calvente; a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, siendo su delegada Mª José Lara Serrano; a Greenalia Solar Power San Julián I, S.L.; a Greenalia Solar Power Zumajo II, S.L.; a Greenalia Solar Power Guadame III, S.L. y a FRV Arroyadas 1, S.L..

Recursos contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lopera

En esta ocasión la Plataforma, en colaboración con SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad, ha presentado recursos contencioso-administrativos contra distintos organismos. En concreto, el pasado 16 de enero se interpusieron recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra las Delegaciones Provinciales de Industria y de Medio Ambiente de Jaén, por la concesión de autorizaciones sectoriales a proyectos fotovoltaicos que, según sostienen, presentan posibles irregularidades en su tramitación.

Además, el 20 de enero se presentó otro recurso contra el Ayuntamiento de Lopera ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, por el levantamiento de la suspensión cautelar de la concesión de licencias urbanísticas mediante un decreto de Alcaldía.

Los proyectos cuestionados corresponden a iniciativas promovidas por las empresas Greenalia y FRV Arroyadas, que han recibido la declaración de supuesto interés público por parte de la administración, lo que ha permitido la ejecución de expropiaciones forzosas y la tramitación de licencias en los términos municipales de Arjona, Marmolejo y Lopera, algunas de ellas aún pendientes de concesión.

Críticas al marco legal que ampara los proyectos

La Plataforma Campiña Norte denuncia que estos proyectos se sustentan en un conjunto de leyes y decretos que, según afirman, favorecen el interés particular frente al general. Entre las normas citadas se encuentran la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), el Decreto-ley 4/2019 de agilización administrativa, la Ley del Sector Eléctrico de 2013, que declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas, y la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, elaborada en un contexto histórico muy distinto al actual.

A juicio del colectivo, este marco normativo permite que proyectos privados sean declarados de interés público, facilitando la expropiación de terrenos agrícolas y rurales en beneficio de empresas promotoras.

Petición de nuevas suspensiones de licencias

En paralelo a los recursos judiciales, la Plataforma informa de que numerosos vecinos de Lopera están solicitando formalmente al Ayuntamiento que valore la emisión de un nuevo decreto de Alcaldía para suspender la tramitación de las licencias urbanísticas de obras relacionadas con estos proyectos, al menos hasta que los recursos presentados ante el TSJA queden resueltos.

Esta petición se apoya también en el desarrollo del Avance del Plan Especial para la ordenación de actuaciones vinculadas a la generación de energía solar fotovoltaica en el término municipal de Lopera, actualmente en tramitación.

Contratos bajo presión

La Plataforma cuestiona el argumento utilizado por las administraciones para justificar la legalidad de los proyectos, según el cual la mayoría de los terrenos afectados pertenecen a propietarios que firmaron acuerdos voluntarios con las empresas promotoras. Según el colectivo, muchos de esos acuerdos se produjeron en un contexto de información insuficiente u opaca, en el que se trasladó a los propietarios la idea de que el proceso era irreversible y que, de no firmar, sus tierras serían expropiadas.

Como ejemplo, citan el caso de dos propietarios afectados por el proyecto Marmolejo Solar en el término municipal de Lopera, que inicialmente firmaron un acuerdo con la promotora pero que el pasado 30 de enero interpusieron una demanda civil de resolución contractual por incumplimiento en los juzgados de Andújar, con el objetivo de romper esos contratos.

Expropiaciones y negociación en posición dominante

El comunicado subraya que la firma de estos contratos resultaba clave para la viabilidad de los proyectos, ya que sin disponer de una superficie mínima las empresas no habrían podido solicitarlos ni iniciar el proceso de declaración de utilidad pública. La Plataforma denuncia que muchos propietarios se vieron abocados a procesos de expropiación sin haber sido advertidos adecuadamente, quedando sometidos a meses de incertidumbre y, según sostienen, a una negociación en clara posición dominante por parte de las promotoras.

Añaden que, cuando algunos propietarios recurrieron judicialmente la declaración de utilidad pública, las empresas solicitaron a la Junta de Andalucía excluir sus fincas de los proyectos, siempre que estos retiraran los recursos interpuestos, evitando así que un juzgado analizara la legalidad del procedimiento.

La Plataforma Campiña Norte concluye que estos hechos evidencian, a su juicio, que no existe un verdadero interés público en estos proyectos, sino un negocio privado basado en la acumulación de terrenos, y reitera su determinación de continuar la vía judicial y social para frenar lo que considera una transformación irreversible del territorio de la Campiña Norte de Jaén.