Los municipios de Jaén podrán acogerse al fondo estatal de 2.000 millones para ayudas por las borrascas

El Gobierno de España ha activado una batería de ayudas en millones de euros para intentar paliar los estragos del temporal en todos aquellos lugares por donde ha pasado, siendo Jaén una de las provincias más afectadas. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha anunciado la puesta en marcha de una oficina específica de gestión y consulta sobre ayudas en la Subdelegación del Gobierno, tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley para paliar los efectos del temporal que ha afectado con especial virulencia a Andalucía y, particularmente, a la provincia jiennense.

Fernández ha comparecido acompañado por el secretario general de la Subdelegación, Pedro Garrido, y por la jefa de la Unidad de Protección Civil y Emergencias, Laura Prieto, a quienes ha agradecido “la labor ingente” desarrollada durante el último mes y que, según ha advertido, continuará intensificándose en las próximas semanas.

El subdelegado ha adelantado que la nueva oficina de gestión y consulta se ubicará en la Subdelegación del Gobierno y contará con refuerzo de personal destinado específicamente a esta tarea, con el objetivo de atender a personas, empresas y municipios interesados en acceder a las ayudas.

7.168,5 millones de euros para la reconstrucción

El Real Decreto Ley, que previsiblemente se publicará en el Boletín Oficial del Estado, moviliza un total de 7.168,5 millones de euros para apoyar a municipios, familias, empresas y al sector agrario afectados por la borrasca, principalmente en Andalucía y Extremadura.

"La coordinación e impulso del decreto ha recaído en la Vicepresidenta Primera del Gobierno, bajo criterios de inmediatez, facilidad de gestión y garantía de financiación, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez da la cara y da respuesta a una situación crítica que afecta a miles de personas, a ayuntamientos, infraestructuras y especialmente a la agricultura en la provincia de Jaén", señaló Fernández.

Las ayudas se graduarán en función de la magnitud de las afecciones, especialmente cuando pueda verse comprometida la capacidad financiera de los ayuntamientos. El Gobierno determinará en el plazo de un mes las zonas o municipios que podrán acogerse al conjunto de medidas, mientras que el decreto detallará expresamente los beneficiarios de las ayudas específicas al sector agrario.

2.000 millones para ayuntamientos

En el ámbito municipal, se habilita un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para 2026 destinadas a actuaciones inaplazables, reconstrucción de infraestructuras y reparación de servicios esenciales. Estas ayudas podrán anticiparse hasta el 100% de su importe a los ayuntamientos que lo soliciten.

Además, se flexibiliza la regla de gasto para ayuntamientos y comunidades autónomas, de modo que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen en el límite establecido, y se permitirá el uso del superávit de 2023. También se amplían los plazos legales para ejecutar las obras de reconstrucción. A estas medidas se suma un plan de empleo dotado con 50 millones de euros para reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.

2.874 millones para agricultura y ganadería

Uno de los ejes principales del decreto es el plan extraordinario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dotado con 2.874 millones de euros para agricultores, ganaderos, pescadores de Andalucía y Extremadura.

De esa cantidad, 2.174 millones de euros se destinarán a ayudas directas que se concederán de oficio, sin necesidad de solicitud por parte del beneficiario, utilizando los datos fiscales disponibles. La ayuda mínima será de 5.000 euros y la máxima de 25.000 euros, equivalente al 30% de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal, como primer acercamiento a la evaluación de daños.

Además, se destinan 600 millones de euros a la restauración de caminos rurales e infraestructuras agrarias dañadas, incluida la reparación de instalaciones de regadío. Estas actuaciones serán ejecutadas por las empresas públicas Tragsa y Seiasa.

Se añaden 43,1 millones de euros adicionales para titulares de pólizas de seguros agrarios, de forma que las explotaciones aseguradas percibirán una subvención complementaria de hasta el 70% del coste de la prima (el máximo permitido por la normativa europea) y se abonará también la franquicia en los casos de daños.

El decreto habilita igualmente una línea especial del ICO dotada con 100 millones de euros, que asumirá el 15% del principal de los créditos solicitados por agricultores y el 100% del coste de los avales.

Entre las medidas laborales y fiscales para el sector agrario figuran la reducción de la jornada real mínima de 35 a 5 para acceder al subsidio y a la renta agraria, la consideración del temporal como causa de fuerza mayor ante posibles incumplimientos en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), la reducción de módulos de IRPF, la exención del IBI rústico y la exención en IRPF e Impuesto de Sociedades de las ayudas recibidas.

Ayudas a familias y medidas fiscales

En relación con las personas desalojadas, el decreto establece una ayuda de 150 euros por persona y día desde el inicio del desalojo, compatible con otras ayudas por daños en vivienda. Según ha indicado Fernández, en la provincia se ha llegado a registrar alrededor de 900 personas desalojadas, quedando actualmente algunas menos, principalmente en zonas de San Sebastián y Cazorla.

Las indemnizaciones previstas en la legislación vigente se multiplican por cuatro: hasta 72.000 euros en caso de fallecimiento; la compensación por destrucción total de la vivienda pasa de 15.120 a 60.480 euros; y la correspondiente a daños en enseres se incrementa de 2.580 a 10.320 euros.

El impacto de las medidas fiscales generales asciende a 320 millones de euros, incluyendo exenciones en IRPF, en el Impuesto de Sociedades para las ayudas, así como en el IBI rústico y en el Impuesto de Actividades Económicas en las zonas afectadas.

En materia laboral y de Seguridad Social, las empresas podrán acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor vinculada a la borrasca. En estos casos no se exigirá periodo de carencia para acceder a la prestación por desempleo, su percepción no consumirá cotizaciones y la cuantía será del 70% de la base reguladora. Este régimen también se aplicará cuando las medidas respondan a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como en el caso de empleadas de hogar que no puedan prestar servicio total o parcialmente.

El decreto implica a nueve departamentos ministeriales. Fernández ha detallado que, además de los fondos ya mencionados, el Ministerio del Interior contará con 200 millones de euros; Política Territorial con 2.000 millones; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinará 691,2 millones de euros a la recuperación de cauces públicos en suelo rústico y a obras de emergencia de la Confederación Hidrográfica; el Ministerio de Hacienda moviliza 940 millones; y se incluyen los préstamos del Ministerio de Economía, el plan de empleo del Ministerio de Trabajo y medidas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.