Este lunes a las doce menos un minuto concluye el plazo para presentar ofertas a la licitación de las obras que pongan fin a la restauración del Palacio Vázquez de Molina de Úbeda. En octubre, el Ayuntamiento sacó a concurso público un nuevo contrato de 1,9 millones de euros tras verse obligado a resolver el acuerdo con la anterior empresa adjudicataria del proyecto por “el abandono de las obras”, según se comunicó en julio.

El Palacio Vázquez de Molina es la sede oficial del Ayuntamiento ubetense desde 1850, aunque los servicios municipales se prestan de forma provisional en el Palacio Marqués de Mancera desde 2021. Está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1931 y se halla protegido en primer grado por el Plan Especial del Centro Histórico (Pepch) vigente en el municipio por su condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Según se detalla en el pliego de cláusulas administrativas, aunque se considera “necesaria” una intervención integral en el edificio, el proyecto que se licita afecta principalmente a la parte más degradada: el último cuerpo del inmueble, que alberga el archivo histórico municipal, y la segunda planta, que está en desuso “debido a los graves problemas estructurales que presentan los forjados”. Por ello, en el contrato se incluye la rehabilitación estructural de la cubierta y de los forjados de la planta segunda, además de la restauración de las fachadas más afectadas.

Obras paralizadas tras un año y medio de trabajo

La intervención en el Palacio Vázquez de Molina comenzó a gestarse en 2021, cuando el Ayuntamiento de Úbeda, a través de un Decreto de Alcaldía, resolvió la adjudicación del contrato de rehabilitación a la mercantil Alberto Domínguez Blanco Restauración Monumentos, S. A., por unos 2,3 millones de euros, de los que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aportaría el 70% -unos 1,6 millones- con cargo al programa del 1,5% Cultural, y el Ayuntamiento, unos 700.000 euros.

Los trabajos empezaron a ejecutarse en diciembre de aquel año, tras lo cual la empresa, afectada por la crisis económica fruto de la pandemia de coronavirus y con problemas de escasez de materiales a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, pidió varias prórrogas. La situación se agravó hasta que la firma empezó a dejar de pagar a algunas subcontratas y proveedores. Finalmente, las obras se vieron paralizadas el pasado mayo, cuando se habían ejecutado en un 44%.

En septiembre, el Ayuntamiento resolvió la vinculación contractual con aquella mercantil, una vez obtenido el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. Con la licitación del nuevo contrato, que tiene un plazo de ejecución de siete meses, se pretende culminar los trabajos que se quedaron a medias.

Eso sí, según se advierte en los pliegos, la adjudicación queda condicionada a que la Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana conceda una nueva prórroga a la subvención concedida en su momento a través del 1,5% Cultural. “Si finalmente no se recibe la financiación esperada, se renunciará al contrato, sin que ninguno de los licitadores u ofertantes tenga derecho a indemnización alguna, al tener conocimiento anunciado y previo del riesgo de no consolidación final del crédito necesario”, se advierte en el documento.