Los vecinos de un poblado de Jaén, al borde del desahucio tras una vida junto al pantano: "No tienen adonde ir"

Llevan cerca de medio siglo habitando unas casas que casi parecen formar parte ya del entorno paisajístico, aunque por poco tiempo más. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) notificaba recientemente su desahucio a las cinco familias que dan vida al poblado que subsiste junto al pantano del Guadalmena. En total, apenas logran sumar una quincena de vecinos, una cifra que contrasta con los tiempos pretéritos en que fue construida esta infraestructura.

“Es una injusticia terrible, no puede ser que nos echen de nuestras casas que llevamos ocupando desde hace más de 40 años”, señala a EFE Alba Guil Villar, la tercera generación de una de las familias afectadas. Fue precisamente su abuelo Federico uno de los primeros en habitar este poblado como guarda del pantano recién construido. “Hemos venido cuidando el entorno natural del poblado ante el abandono y la desidia por parte de la Confederación Hidrográfica”, apunta.

Al estar estas casas enclavadas en una zona de dominio público, la CHG las reclama ahora "para la conservación, mantenimiento, explotación y seguridad de la presa”, según expone la propia Abogacía del Estado en el escrito donde rechaza el recurso de reposición interpuesto ante el TSJA por Patricia López Belmonte, primera en recibir la notificación de desalojo de su vivienda en un plazo de ocho días.

Según recoge EFE, la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA ha estimado, en un auto de medidas cautelares, el desalojo que López había recibido "al entender que se produciría un perjuicio relevante sobre un inmueble que se afirma está destinado a vivienda”. Por otra parte, la Administración que se atribuye la titularidad de las viviendas, tal y como sostienen los propios vecinos, habría abandonado su conservación hace años.

En defensa del medio rural

Precisamente en ese afán por velar y preservar la vida en el medio rural, la Fundación Savia ha querido tomar cartas en el asunto. Su presidente, Francisco Casero, visitaba a los vecinos de esta aldea para conocer la inquietud que los ha llevado a estar indefensos frente a una notificación de desahucio. "Tuvimos noticia porque nos llamó una de las afectadas", cuenta. Entre las diversas acciones que lleva a cabo esta organización de voluntarios, admite no extrañarse por nada. "Los montes se están abandonando, por eso es importante abogar por el mantenimiento de la ganadería, entre otras cosas".

Esta realidad "sin diálogo ni explicaciones" para las familias afectadas de Guadalmena ha provocado la emisión de un escrito al Ministerio de Transición Ecológica para que reconsidere esta acción. "Solicitamos diálogo y la paralización cautelar del expediente", manifiesta Casero. Desde su Fundación proponen crear un canal de información y diálogo con el que encontrar una solución para la integridad de los vecinos. "Hay personas mayores y enfermas, la Confederación no está actuando con humanidad".

En su escrito expresan la necesidad de "realizar una auditoría completa del uso de los recursos públicos de la zona". Aun con todo esto, para Casero "es inaudito que esta situación siga produciéndose en el marco de una democracia en 2025". Incluso, su propia experiencia al visitar la aldea ratifica su decepción: "Es sorprendente que esas personas hayan podido vivir sin ningún tipo de remodelación ni arreglo en el camino a sus viviendas".

"Se repiten los patrones"

Si bien admiten no poseer las escrituras de propiedad de estas edificaciones, los pobladores del Guadalmena alegan haber pagado los cánones y servicios de régimen urbanístico pertinentes al Ayuntamiento de Segura de la Sierra, término al que se circunscribe esta aldea. "Esto viene desde arriba". Además, hablan de cierta discriminación por este desalojo voluntario: "La Confederación gasta dinero público en remodelar chalets con todo el confort para gente que no vive aquí habitualmente”, subraya Guil en referencia a las viviendas de la parte alta, destinadas a los ingenieros de este organismo.

Por su parte, esta misma vecina que actúa como portavoz subraya la disposición del Consistorio segureño a la hora de abordar la situación. "Un técnico municipal nos ha ayudado a hacer un informe sobre la habitabilidad de las casas y en el área administrativa nos han facilitado todo tipo de certificados", expresa esta misma vecina. En el peor de los casos, incluso, Guil indica que hay muchas personas mayores que "residen en el poblado todo el año y no tienen adonde ir".

Asimismo, el proceso se replica en otros puntos del territorio de manera simultánea. "Me han contactado hasta 15 familias afectadas en Santo Tomé, donde se repiten exactamente los mismos patrones". Mientras, desde la CHG aseguran estar a la espera de mantener una reunión y mantienen paralizados estos desahucios durante el verano. "No suena bastante bien", concluye esta afectada.