Autocracia consentida

En estas últimas semanas de apagones y trenes parados, pasaba casi de puntillas por la opinión pública una PNL (Proposición No de Ley) impulsada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados instando a Pedro Sánchez a presentar los Presupuestos Generales del Estado. Personalmente, desconozco el verdadero objetivo del principal partido de la oposición presentando esta iniciativa cuyo máximo recorrido es la de recordarnos a los españoles, la ausencia de los presupuestos por parte del Gobierno y su conocida incapacidad para elaborar unas cuentas capaces de saciar los diferentes intereses y peajes que imponen sus compañeros de viaje en la disparatada legislatura.

Los Presupuestos Generales del Estado son el documento más importante de un Gobierno y su presentación en tiempo y forma, vienen recogidos en la Constitución Española. Los PGE son la hoja de ruta para ejecutar las políticas con las que un Gobierno gestiona la vida de sus administrados. Por ello, un Gobierno sin PGE es un barco sin rumbo. Un navío a la deriva que no tiene mayor objetivo que el de permanecer en el poder sin importar que hacer con el mismo, más allá de servirse. Sin embargo, Sánchez cabalga por Moncloa con unos Presupuestos prorrogados desde hace 3 años. Unos Presupuestos que siquiera son del actual Gobierno y lo que es peor, nada invita a pensar que los vaya a presentar durante el presente mandato.

Quizá lo ideal es que el PP hubiera subido la apuesta y en lugar de presentar una iniciativa simbólica como la Proposición No de Ley, cuya aprobación carece de obligaciones legales, hubiera presentado un Proyecto de Ley por el cual, tras agotar los plazos previstos por la Constitución, si el Gobierno no presenta o aprueba unos PGE se tuvieran que disolver las Cortes Generales. De tal manera que obligase a Sánchez (y a quien venga más adelante) a presentar de una vez un proyecto de Presupuestos o se viera obligado a convocar elecciones generales, en lugar de seguir parasitando un Gobierno con destino a ninguna parte.

Y es que si hay algo que esta legislatura del horror nos está dejando meridianamente claro, es que nuestra democracia es bastante más débil de lo que pensábamos y estamos comprobando que, cuando un personaje sin escrúpulos ejerce poderes autocráticos retorciendo la Ley y usa las instituciones en beneficio propio, existe una alarmante debilidad de los contrapesos que deberían impedirlo. Porque el problema es que en el peor de los casos, podemos aceptar que un Gobierno carente de moralidad se aferre al poder ante las decenas de casos de corrupción e incompetencia como el que asolan al Gobierno de Sánchez. Casos que hubieran hecho caer a cualquier Gobierno decente en Europa. Pero no nos podemos permitir como Estado, que alguien llegue al poder y se salte todas las líneas rojas que hay en nuestro ordenamiento jurídico y que no exista un contrapoder para pararlo.

Ya no hablamos solo de ministros con juergas en Paradores o familiares del presidente chanchulleando por todos lados. Hablamos de que no exista un mecanismo que impida al Ejecutivo gobernar sin presentar los Presupuestos como dice la Constitución, de que se redacte una amnistía inconstitucional a la carta de un puñado de interesados y que más que previsiblemente sea avalada por el Tribunal Constitucional, que este TC sea usado como Tribunal de casación por el Gobierno a su antojo para reescribir las sentencias a su gusto o que la presidenta de la Cámara Baja cercene las Leyes que llegan al Congreso desde el Senado sin que aquí pase absolutamente nada.

Cada paso que da Sánchez más allá de lo que dice la Ley no tiene consecuencias efectivas. Cabalga por encima de la moralidad y la legalidad como quien pasea por el patio de su casa.

Quizá vaya siendo hora de reformar nuestro sistema de contrapesos y garantías, que evite la tentación de convertir en una autocracia consentida nuestra joven democracia.