Secreto profesional y "titulitis"

El secreto profesional del periodista le sonará a más de un profano por míticas películas, en las que los protagonistas son capaces de jugarse hasta la vida por defender sus fuentes de información. En la vida real, lo que sucede es que puedes acabar en la calle o sufriendo un feroz acoso laboral, o las ambas cosas a la vez.

El Consejo de Ministros acaba de aprobar hace unos días el anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho al Secreto Profesional de Profesionales de la Información, que responde (por fin) a una reclamación histórica de la profesión y que, sin embargo, fue redactado sin la participación de los colegios de periodistas. Aún es más, el texto ignora por completo la titulación como garantía del respeto al código deontológico y la de una información verdaderamente profesionalizada.

Las comparaciones son odiosas, sí, ¿pero qué pasaría si para ejercer la medicina no se exigiera el título oficial expedido por una universidad? Es impensable, simplemente. El texto de este anteproyecto considera periodista a “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento o difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”. Y se quedan tan frescos. Abriendo, así, la puerta a que no sea la formación universitaria la que acredite a una persona como periodista, sino los criterios de las empresas que elijan a sus cuadros de personal.

Las universidades que imparten estas titulaciones deberían alzar la voz más de lo que lo están haciendo, a la vista de que la validez de las titulaciones que imparten van a quedar más que en tela de juicio. Además de los colegios profesionales de periodistas, que han sido ignorados y menospreciados por su exclusión a la hora de redactar la nueva normativa.

Ahora que acaba de dimitir una parlamentaria por mentir sobre sus titulaciones, queda de manifiesto la importancia de la formación y se demuestra que es un debate más allá de una especie de “titulitis”, como muchos quieren tildar el asunto. Aunque algunos de los que hablen así no tengan, curiosamente, formación académica.

La regulación del secreto profesional del periodista es un mandato constitucional que lleva medio siglo de demora para su desarrollo legal. Ahora que está en marcha, lo mínimo que se puede esperar es que se haga con garantías y que la futura ley no acabe siendo lesiva para los propios profesionales a los que se pretende amparar.