Con las listas de espera disparadas y la demora asistencial en ascenso, la sanidad vuelve a ser el principal dolor de cabeza del Gobierno andaluz. Lo reconocía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado martes al reclamar a la Administración central un pacto que englobe a todas las comunidades autónomas y que permita hacer frente a la escasez de médicos a la que se enfrenta la sanidad pública. Es una petición recurrente, porque el problema también lo es, e incide en la calidad del principal servicio público que debe prestar una comunidad autónoma a sus ciudadanos. Andalucía reclama la posibilidad de poder formar a un millar más de MIR al año durante los próximos cuatro. De esa forma se podría cubrir la demanda existente. Pero para ello hace falta que se aborde entre el Ministerio de Sanidad y las autonomías una serie de reformas que son fáciles de abordar. Entre ellas, que se levante el tope a las unidades docentes, que son las que permiten formar a los MIR, algo en lo que insiste la consejera Catalina García. La ministra, Mónica García, ha expresado su disposición a negociar, pero lo cierto es que no se han producido avances. La sanidad pública, en Andalucía y en cualquier otro territorio, tiene un problema de base que es que la demanda tiende a infinito y los medios para atenderla son limitados. Es evidente que la imagen que se transmite a la población es la de un sistema saturado, permanentemente al borde del colapso, a pesar de que la sanidad sea con mucho la principal consumidora de recursos. En medio del ruido político que existe en España parece complicado que se puedan abordar reformas de calado. Pero parece evidente que la sanidad no puede esperar y que un acuerdo amplio, como el que ha pedido el presidente de la Junta, debía ser una prioridad para el Gobierno central. De lo que se trata es de preservar la calidad de vida de los ciudadanos.