Un derecho, no un privilegio

Moverse. Un verbo tan simple como esencial. Para la mayoría, es un acto casi inconsciente: salir a la calle, caminar, tomar un autobús, ir al trabajo, visitar a un amigo. Sin embargo, para muchas personas con diversidad funcional, movilidad reducida u otras discapacidades, este acto cotidiano se convierte en un desafío diario lleno de barreras físicas, sensoriales y administrativas.

Desde la Asociación Alianza Por la Polio-Postpolio en Andalucía, alzamos la voz para defender una premisa irrefutable: movernos en igualdad de condiciones es un derecho fundamental, no un privilegio concedido. La movilidad es la llave que abre las puertas a la educación, al empleo, a la cultura, a la salud y, en definitiva, a una vida plena e independiente. Cuando se limita esta movilidad, se cercenan las oportunidades y se vulnera la dignidad de la persona.

A diario, nos encontramos con un entorno hostil que limita nuestra autonomía y seguridad. El transporte público sigue siendo inaccesible, con estaciones con escaleras insalvables, ausencia de ascensores o rampas, vehículos sin espacio adecuado para sillas de ruedas y aplicaciones digitales incompatibles con lectores de pantalla. A ello se suma la formación insuficiente del personal de transporte, que, aunque a veces bienintencionado, carece de las herramientas necesarias para ofrecer un trato respetuoso, inclusivo y técnicamente adecuado.

La información accesible también resulta excluyente: los sistemas de venta de billetes y de consulta de horarios o incidencias rara vez están disponibles en formatos accesibles para personas con discapacidad visual o auditiva, ni en los canales online ni en las máquinas físicas. Además, los espacios públicos se convierten en zonas peligrosas, con aceras bloqueadas por terrazas, contenedores o vehículos mal aparcados, y semáforos sin avisos sonoros o táctiles que impiden cruzar con seguridad. Finalmente, la planificación urbana es con frecuencia excluyente, como ocurre con los carriles bici, diseñados sin tener en cuenta la diversidad de usuarios y que terminan dificultando el uso de bicicletas adaptadas, handbikes o sillas de ruedas.

La accesibilidad no es un lujo, es una obligación legal y moral. Por ello, exigimos a las instituciones medidas urgentes y efectivas. Pedimos un transporte público 100% accesible, en el que todas las estaciones, paradas, vehículos —autobuses, trenes y metros—, así como sus aplicaciones digitales, cumplan con los máximos estándares de accesibilidad universal. Reclamamos también formación obligatoria y continua para todo el personal de transporte y atención al público, de modo que se garantice un trato digno y una asistencia eficaz.

El derecho a la información debe ser incuestionable, asegurando que horarios, itinerarios, incidencias y venta de billetes estén disponibles en múltiples formatos accesibles, como braille, audio, lectura fácil o lengua de signos. Exigimos, además, calles seguras y caminables, con la normativa aplicada rigurosamente para liberar las aceras de obstáculos y con la instalación generalizada de semáforos acústicos y vibrotáctiles.

Los carriles bici deben diseñarse de manera inclusiva para que puedan ser utilizados por todo tipo de vehículos de movilidad personal, incluidas handbikes y sillas de ruedas. Y, sobre todo, reclamamos la participación activa de las personas con diversidad funcional y sus asociaciones en el diseño, la planificación y la evaluación de todas las políticas de movilidad y urbanismo.

La construcción de una sociedad inclusiva pasa inevitablemente por garantizar una movilidad segura y accesible para todos. No es una cuestión de favor, sino de justicia. Reclamamos a las administraciones andaluzas que escuchen nuestra voz y actúen con decisión. Porque el verdadero progreso de una sociedad se mide por la capacidad de moverse con libertad y seguridad de todos sus miembros.